Garantizar derechos humanos en la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo: un desafío clave para España

El Gobierno español tiene sobre la mesa la oportunidad de implementar un Pacto Europeo de Migración y Asilo acorde a políticas que respalden los derechos humanos y la dignidad de las personas, a través de un Plan de Implementación que durante el próximo año se debe ir perfilando como una herramienta clave para gestionar la migración de manera justa y solidaria. Diversas organizaciones sociales han puesto sobre la mesa durante todos estos meses medidas claras y garantistas con el objetivo de cumplir esta premisa. Lo han hecho a través de múltiples reuniones con los agentes clave como Administración (especialmente Ministerio de Interior y Migraciones) y fuerzas políticas, pero también a través de planteamientos concretos como los que hemos trabajado desde Andalucía Acoge y Oxfam Intermón.

De esta manera, conjuntamente hemos presentado una serie de propuestas centradas en una mirada humana y de derechos. Unas recomendaciones concretas para asegurar que este Pacto no solo cumpla con las normativas internacionales, sino que también proteja a las personas migrantes y refugiadas frente a riesgos como detenciones prolongadas, falta de acceso al derecho de asilo o procedimientos de retorno acelerado.

El documento Pacto Europeo MIGRACIONES y ASILO: Propuestas actualizadas para la implementación resalta varios aspectos prioritarios:

·        Protección frente a detenciones abusivas. Se insiste en evitar la ampliación del plazo de detención preventiva más allá de las 72 horas y promover alternativas no privativas de libertad, garantizando siempre un trato digno.

·        Acceso al derecho de asilo sin excepciones. Las entidades piden que se respeten los procedimientos ordinarios, especialmente en casos de personas vulnerables, como mujeres embarazadas, menores no acompañados y personas con necesidades especiales.

·        Garantías básicas en los procesos migratorios. Los trámites deben incluir asistencia jurídica gratuita, intérpretes, análisis individualizado de solicitudes y atención sanitaria adecuada. Además, se subraya la importancia de establecer vías legales y seguras para evitar tragedias en el mar y combatir la trata de personas.

·        Sistema estructural de atención a emergencias. Las respuestas deben basarse en normas claras y estructurales que respeten los derechos humanos, en lugar de medidas excepcionales que limiten las protecciones existentes.

·        Participación de la sociedad civil. El informe aboga por la creación de un mecanismo de monitoreo que garantice la vigilancia de los derechos humanos, involucrando a organizaciones sociales en consultas regulares y decisivas durante la implementación del pacto.

Este enfoque no solo busca garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, sino también posicionar a España como un referente europeo en políticas inclusivas. Especial énfasis se pone en mejorar la situación de los y las menores no acompañados/as y de quienes permanecen en situación administrativa irregular, enfrentando exclusión social y precariedad.

El éxito de estas propuestas dependerá de un compromiso firme del Gobierno español, junto con la voluntad de crear un diálogo constante con la sociedad civil y las instituciones europeas. La implementación del Pacto no es solo un reto logístico; es una oportunidad para transformar el sistema migratorio en un modelo que priorice la humanidad y la justicia social.