El pasado 20 de noviembre de 2017, de acuerdo a la información publicada en la web oficial del Gobierno de España y en diversos medios de comunicación, siete juzgados de la región de Murcia autorizaron trasladar al centro penitenciario Málaga II (nueva cárcel de Archidona, en Málaga) a un grupo de aproximadamente quinientas personas inmigrantes que había llegado ese pasado fin de semana a las costas de Murcia. El Delegado de Gobierno en Murcia pretendía justificar la medida del Ministerio de Interior alegando la falta de capacidad de las instalaciones de la región.
Tras la perplejidad y el rechazo que nos produjo tan desagradable sorpresa a todas las organizaciones sociales, surgieron numerosos interrogantes. El primer problema con el que nos encontramos era saber cuántas personas habían sido encarceladas realmente. Y es que, si bien manejábamos inicialmente una cifra -464 personas-, no tuvimos conocimiento del número real hasta que se procedió a finalizar tan desafortunado experimento: 572 personas, según comunicaba el propio Ministerio del Interior el pasado 10 de Enero de 2018.
Ese mismo día el Ministerio del Interior envía una nota de prensa comunicando oficialmente que ya no queda ningún inmigrante encarcelado en la prisión de Archidona, un comunicado en el que parece claro que le preocupaban más los daños a las instalaciones que las condiciones padecidas por más de 500 personas en su interior: “Se procederá a reparar los daños que se han producido para que en las próximas semanas se pueda inaugurar como centro penitenciario”: ¿Qué esperaba el ministro que podía suceder cuando 572 personas de forma inesperada son encarceladas durante 52 días en una cárcel sin terminar y custodiados por policías antidisturbios?
En primer lugar, es imprescindible condenar contundentemente la medida por la gravedad que supone un paso tan grave en la violación de los derechos de las personas migrantes y la criminalización de la inmigración, encarcelando a más de 500 personas que únicamente perseguían el sueño de una vida mejor. Pero además, hay que señalar que el lamentable experimento tienes escasos precedentes en España dada la enorme cantidad de personas encarceladas, el uso improvisado de una prisión inacabada para un uso que no correspondía, así como la situación creada de inseguridad y riesgos para los propios internos pero también para el personal destinado allí de forma precipitada.
Baste señalar que, según diversas fuentes, durante las dos primeras semanas los inmigrantes permanecieron con la misma ropa que traían y el coste de este despropósito ha podido superar los 1,4 millones de euros.
Sin embargo, durante el largo tiempo que ha durado este injusto encarcelamiento masivo de inmigrantes, no he podido dejar de acordarme de un experimento que forma parte de la historia de la Psicología y que puede darnos una idea de la gravedad del experimento del ministro, las lamentables consecuencias que ha tenido, que incluso podrían haber sido mucho peores.
La simulación de una prisión
En 1971, Philip Zimbardo realizó un experimento sobre la autoridad y el comportamiento de los presos en las prisiones conocido como el experimento de la cárcel de Stanford. Se seleccionaron a 24 personas, de entre 70 voluntarios, que se repartieron en dos mitades aleatoriamente. Uno de los grupos desempeñaría el papel de carceleros, mientras que la otra mitad serían presos. Los participantes lo hacían voluntariamente pero, además, recibían una gratificación diaria y sabían desde el primer momento que se trataba de la simulación de una prisión.
Volviendo a Archidona: en este caso se trataba de 572 personas (no 24) las que se han visto obligadas a participar en el experimento del ministro, porque ninguna de ellas lo ha hecho voluntariamente, ni siquiera sabían dónde iban… Se trata de personas que llegaron buscando una vida mejor y se encontraron encerrados en una prisión sin saber muy bien el porqué…
Para agravar más la situación, los carceleros en cuestión eran policías antidisturbios (de la Unidad de Intervención Policial) con defensas, cascos, etc… Y entre estos y los internos había serios problemas de comunicación (todos ellos eran argelinos y necesitaban intérprete).
Nadie sabía muy bien quiénes eran los que estaban dentro de la prisión, había menores (como después se ha confirmado), deficiencias en las instalaciones (ausencia de agua potable, de calefacción, de ropa…).
El experimento de Stanford estaba previsto para su desarrollo durante dos semanas, pero tuvo que interrumpirse a los seis días, con varias huelgas de hambre, participantes sustituidos y tras los graves comportamientos y trastornos psicológicos que comenzaron a apreciarse entre los participantes. Pero el experimento del Sr. Zoido ha durado 52 días.
¿Qué más tiene que pasar?
¿Todavía no entiende el Sr. Ministro por qué se produjeron destrozos, dos graves motines, numerosos altercados y, todo ello, culminado lamentablemente con un fallecido por suicidio (a la espera de que se confirme este extremo una vez finalizada la investigación correspondiente)?
Cualquier otro grupo humano de cualquier nacionalidad que hubiese sido encarcelado en estas condiciones hubiese desarrollado comportamientos con incidentes tan graves como estos o incluso peores. De hecho algunos nos preguntamos todavía cómo después de 52 días, 572 personas encarceladas en estas condiciones, no hicieron que la cárcel de Archidona ardiese por los cuatro costados…
Lo que muchos de nosotros no logramos entender cómo a estas alturas y después de tan gravísimos incidentes como consecuencia de este peligrosísimo experimento, el ministro y su equipo aún no hayan dimitido, ni hayan sido cesados. Del mismo modo que no entendemos que haya voces que todavía no se atrevan a exigirlo, ¿qué más tiene que pasar? ¿no es suficiente con la muerte de una persona en dichas instalaciones? ¿saldrán impunes los responsables políticos de todo lo sucedido?
En el caso de la cárcel de Stanford hubo personas que cuestionaron la moralidad de dicho experimento, ¿es que nadie va a cuestionar al menos la moralidad del experimento del Sr. Zoido en Archidona?
Gabriel Ruiz Enciso, portavoz de la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga