La trata y la explotación de seres humanos son un fenómeno global, un problema sistémico que no entiende de fronteras. No en vano, es el tercer negocio delictivo más lucrativo a nivel mundial después de las armas y el narcotráfico. Andalucía Acoge impulsó el pasado 14 de diciembre, en Melilla, la primera jornada de análisis y reflexión tras la aprobación, en Consejo de Ministros, del Proyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y Explotación de Seres Humanos. Un encuentro en el que quedó más que patente que es necesaria una transformación de la mirada en la lucha contra esta lacra.
El gran número de participantes, más de 50 presenciales y alrededor de 150 de forma online, evidenció el interés existente por conocer las principales novedades de este proyecto de ley, así como la necesidad de análisis y puesta en común por parte de las instituciones públicas, organismos, entidades sociales y profesionales especialistas en el ámbito. Este encuentro ha sido organizado en el marco del proyecto FARA, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
La jornada, que se articuló a través de dos paneles temáticos: el vinculado a las administraciones y personas expertas y el de las entidades sociales, contó con la participación y especial apoyo de Melilla Acoge, la Delegación del Gobierno, la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y la Consejería de Educación, Cultura, Festejos, e Igualdad de la Ciudad Autónoma.
Entre las participantes, Miriam Bentarrak, directora general de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y algunas de las personas responsables de la elaboración del anteproyecto de ley como Teresa Armenta, presidenta de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para su redacción y catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Girona, o Esther Pomares, también miembro de la Sección Especial, Doctora en Derecho Penal y profesora de la Universidad de Jaén. En el último panel participaron representantes de la Red Española contra la Trata de Seres Humanos y del Equipo contra la Trata de la Federación Andalucía Acoge.
Una Ley que aborda todas las formas de trata y explotación
Durante mucho tiempo, los instrumentos existentes para luchar contra la trata no se contextualizaron adecuadamente, no atendían al carácter sistémico del fenómeno, a la existencia de nuevas formas de explotación, etc. A este respecto, el proyecto de ley da un paso adelante y amplía su campo de acción a todos los sectores en que puede manifestarse la trata y las graves formas de explotación (trabajo doméstico y de cuidados, agricultura temporera, manufactura textil, construcción, servicios sexuales forzosos, etc.). Asimismo, responde a lagunas del ordenamiento jurídico en cuanto a la definición de términos (trata, esclavitud contemporánea, servicios forzosos, etc.), y va más allá de lo penal, abordando sensibilización y prevención, formación especializada, detección e identificación, acompañamiento, etc.
En varias intervenciones se destacó la creación de un Mecanismo Nacional de Derivación, instrumento novedoso en el marco del cual, a través de unidades multidisciplinares y con la participación de las entidades se realizará la identificación provisional de las víctimas, lo que conllevará la garantía de una serie de derechos (acceso a los servicios de asistencia, privacidad e intimidad, protección institucional, retorno voluntario, asistencia jurídica gratuita). Posteriormente, en su caso, las víctimas pasaran a ser identificadas de forma definitiva contando con una ampliación de sus derechos (acceso a la vivienda, al ingreso mínimo vital, recuperación integral, indemnización).
En lo relativo a la reforma del Código Penal, se expuso que el actual proyecto contempla la modificación del delito de trata para restringirlo al ámbito que le es propio, y se han incluido el delito de servidumbre, trabajo forzoso o esclavitud, con una graduación diferente en base a la gravedad o esferas de libertad comprometidas. Asimismo, se incluye la incriminación autónoma (con o sin trata, pues hay una explotación forzosa) y un estatuto de las víctimas de explotación forzosa y trata; se castiga a quienes utilizan el servicio de una víctima de trabajo forzoso, de esclavitud; y se incluye la responsabilidad penal de las empresas en materia de explotación forzosa.
Apartado destacado tuvieron los y las menores, quedando claro que es necesario un tratamiento específico y garantías adicionales tanto si están acompañados/as como si no. Ello incluye unidades especializadas constituidas por profesionales especialmente formados, pues se requiere un tratamiento especializado; detección e identificación más rápida; derechos específicos; incentivar la búsqueda de sus familias; retorno voluntario; etc. Siempre con una máxima: el interés superior del menor.
En cuanto al papel que se confiere a las entidades sociales, quedó claro que no se concreta suficientemente, considerándose muy conveniente clarificar e intensificar su rol en las primeras fases de detección, así como en todas las fases posteriores vinculadas a la asistencia jurídica, la denuncia, la protección durante y tras el proceso, etc.
También se mencionaron otras cuestiones, algunas de ellas más específicas y especialmente delicadas y complejas, como el tratamiento de la figura del testigo anónimo/a y la prueba anticipada, ambas de gran importancia; los instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación; la necesidad de que haya un adecuado presupuesto, los recursos a disposición de las víctimas tienen que ser especializados, amplios, numerosos y diferentes; la creación de una Fiscalía especializada en trata de personas y explotación, hasta ahora la competente ha sido la Fiscalía de Extranjería; una Inspección de Trabajo que controle los sectores de alto riesgo y cuente con formación especializada, etc.
Durante la jornada se ha puesto de manifiesto que el proyecto no satisface a todos/as, porque aunque de respuesta a muchas de las necesidades puestas de manifiesto durante años, no actúa sobre todas ellas o no de forma suficiente. El actual temor es que, durante la tramitación en las Cortes, el texto se quede en cuestiones meramente procedimentales, en temas muy jurídicos y procesales. Las entidades sociales ya han hecho aportaciones durante el periodo de consulta pública y se estará muy pendiente durante la tramitación para intentar incorporar aportes y tratar de evitar que los peores temores se hagan realidad.
Las propuestas de mejora de Andalucía Acoge
El equipo contra la trata de la Federación Andalucía Acoge destacó en su intervención la incoherencia entre este proyecto de ley y la Ley de Extranjería. Algo especialmente relevante, ya que un porcentaje altísimo de las víctimas de trata son personas de origen extranjero y muchas de ellas en situación administrativa irregular.
A este respecto, se expuso que el artículo 31 del proyecto de ley, establece la desvinculación de la protección y asistencia de la víctima de la denuncia y su participación en la investigación penal. Sin embargo, la Ley de Extranjería, en el artículo 59 supedita la garantía de no expulsión de la víctima a la colaboración de ésta en el procedimiento penal. Por todo esto, se subrayó la necesidad de garantizar la no expulsión de las víctimas en situación administrativa irregular. Además, se reivindicó que se debería recoger la no expulsión en todo caso, desde el mismo momento de la detección.
También se hizo hincapié en la necesidad de contar con una identificación, acorde a la realidad de la víctima, y que haya equipos multidisciplinares en las llegadas y en frontera, pero también en los CIES, CETIS y CATES. Finalmente, se demandó que, además de proporcionar un permiso de estancia a la víctima en el periodo de restablecimiento y reflexión, se le dé un permiso provisional de trabajo, ya que este hecho ayudaría a la estabilidad emocional y jurídica de la víctima durante todo el proceso.
Esta jornada, en conclusión, ha dejado patente que el reto de futuro es lograr que este proyecto se convierta, sin más recortes, en una Ley Integral, con enfoque de género y de derechos humanos, que priorice la prevención, la protección de las víctimas, la formación y sensibilización, etc. y que acabe con la dispersión normativa existente hasta el momento.