El pasado 16 de agosto entró en vigor la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, un cambio normativo positivo, aunque insuficiente, ya que no aborda los grandes retos en materia de migraciones en España. Esta modificación reglamentaria ha sido una de las reivindicaciones prioritarias de Andalucía Acoge en los últimos años, en los que se han ido realizando aportaciones a los diversos procesos de consulta pública abierta y presentando documentos jurídicos junto a otras organizaciones a parlamentarios, senadores y otros representantes públicos.
¿Cuáles y para quiénes son los principales avances de este Decreto? Los principales avances de esta reforma afectan a varios colectivos de personas migrantes, tales como los estudiantes extranjeros/as, a los que ahora se les abre la posibilidad de trabajar, así como a las personas que ya tienen autorizaciones de residencia y trabajo cuya renovación de permisos se amplía a cuatro años. Además, se han flexibilizado los medios económicos requeridos para las personas que deseen reagrupar a sus familiares y se ha creado una nueva figura, el arraigo para la formación, destinada a las personas extranjeras que lleven dos años en España y que se comprometan a realizar una formación reglada. También se han simplificado los requisitos del contrato requerido para el arraigo social y por último, se ha aprobado la actualización del catálogo de puestos de difícil cobertura para las personas de terceros países que quieren acceder al mercado de trabajo desde el país de origen.
En segundo lugar, ¿qué no soluciona esta reforma? En una lectura rápida ya se da buena cuenta de que todas las modificaciones están orientadas a facilitar el acceso de estas personas al mercado laboral y no incluyen cambios normativos que garanticen la plena inclusión de las personas migrantes que ya viven en España, que son nuestros vecinos y vecinas, en igualdad de condiciones. Las novedades del texto, aprobado en el Consejo de Ministros el 26 de julio, no aportan soluciones a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, a lograr la inclusión como ciudadanía de pleno derecho de las aproximadamente 500.000 personas que viven en España en situación irregular. Por otro, a evitar las muertes de las personas que se juegan la vida para llegar a Europa, como se ha constatado este verano en la frontera hispano-marroquí en Melilla.
Por último, este nuevo reglamento deja fuera algunos de los retos sociales más inmediatos en este ámbito, como la regularización de los hijos no nacidos en España cuyos padres tengan autorización de residencia o el requisito de permanecer en el país tres años de manera irregular antes de poder solicitar el permiso más común que es el permiso por arraigo social, lo que propicia una mayor vulnerabilidad de estas personas y las aboca a la economía sumergida.
Por tanto, desde la Federación consideramos necesario seguir avanzando en la modificación del Reglamento de Extranjería de forma participada y dialogada con las entidades sociales, así como profundizar en la coordinación entre la legislación de extranjería y la legislación de asilo. Desde el equipo jurídico y el área de Incidencia de la Federación ya se está trabajando en propuestas para las próximas instrucciones que la Dirección General de Migraciones debe dictar como desarrollo del reglamento para mejorar en todo lo posible la aplicación de la normativa recientemente aprobada.
* El equipo jurídico elaboró tras la aprobación del decreto un documento resumen donde ampliar información que se puede descargar aquí: https://acoge.org/wp-content/uploads/2022/08/Andalucia-Acoge_Resumen-RLOEX_DEF.pdf
El pasado 16 de agosto entró en vigor la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, un cambio normativo positivo, aunque insuficiente, ya que no aborda los grandes retos en materia de migraciones en España. Esta modificación reglamentaria ha sido una de las reivindicaciones prioritarias de Andalucía Acoge en los últimos años, en los que se han ido realizando aportaciones a los diversos procesos de consulta pública abierta y presentando documentos jurídicos junto a otras organizaciones a parlamentarios, senadores y otros representantes públicos.
¿Cuáles y para quiénes son los principales avances de este Decreto? Los principales avances de esta reforma afectan a varios colectivos de personas migrantes, tales como los estudiantes extranjeros/as, a los que ahora se les abre la posibilidad de trabajar, así como a las personas que ya tienen autorizaciones de residencia y trabajo cuya renovación de permisos se amplía a cuatro años. Además, se han flexibilizado los medios económicos requeridos para las personas que deseen reagrupar a sus familiares y se ha creado una nueva figura, el arraigo para la formación, destinada a las personas extranjeras que lleven dos años en España y que se comprometan a realizar una formación reglada. También se han simplificado los requisitos del contrato requerido para el arraigo social y por último, se ha aprobado la actualización del catálogo de puestos de difícil cobertura para las personas de terceros países que quieren acceder al mercado de trabajo desde el país de origen.