La gravedad de lo sucedido durante los meses de verano en las rutas migratorias hacia Europa no se puede circunscribir únicamente a un incremento de personas desaparecidas y muertas, aunque sí merece sin duda la primera de las miradas. Solo por ilustrar esta afirmación, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a 31 de agosto de 2023, las cifras de las desapariciones y muertes en el Mar Mediterráneo alcanzaron las 2.338 personas, una cantidad que, a falta de cuatro meses para que acabara el año, era ya levemente inferior a la registrada en todo el año 2022.
En España los números también aumentaron: hasta agosto de 2023 llegaron por vía terrestre y marítima alrededor de 21.780 personas, lo que supone un 14,6% más que el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. En cuanto a fallecimientos y desapariciones, la organización Caminando Fronteras había documentado 951 personas en el primer semestre del año, de las cuales 778 pertenecen a la ruta canaria, la más mortífera de todas.
La preocupación se inclina más bien en fomentar el crecimiento de unos muros (imaginarios o no) que terminen de blindar el concepto ya robustecido de ‘Europa Fortaleza’
Pero la incuestionable gravedad de estas cifras, como decimos, se extiende además hacia lo que esta dolorosa realidad significa de por sí: la falta de prioridad desde la Unión Europea (UE) y sus países miembros por generar políticas y procurar medios que habiliten vías legales y seguras. Lejos de esto, la preocupación se inclina más bien en fomentar el crecimiento de unos muros (imaginarios o no) que terminen de blindar el concepto ya robustecido de ‘Europa Fortaleza’. Consecuencia directa de esta tendencia se está reflejando en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que encara la recta final para su aprobación con unos mecanismos de control de frontera y un sistema de asilo endurecidos y alejados del enfoque de derechos humanos.
Así, de un lado, no solo se han fortalecido los acuerdos desde la UE con terceros países para la externalización de fronteras, fruto de los cuales se está trasladando la responsabilidad y el peso de la acción migratoria, sino que, de otro, está adquiriendo legitimidad la práctica de las devoluciones en caliente, en la que con demasiada frecuencia se producen expulsiones sin que se dé acceso a la protección a derechos de ninguna clase. Sobre la primera cuestión, este mes de julio, la UE ratificó un acuerdo migratorio con Túnez de 1.000 millones de euros a cambio de frenar los flujos migratorios. Este país, Túnez, saltaba a la palestra en esas mismas fechas en un episodio de vulneración de derechos flagrante al constatarse que sus fuerzas de seguridad están abandonando a decenas (sino centenares) de personas en un desierto que actúa de frontera con Libia, causando al menos la muerte contrastada de 25 personas.
Sobre la segunda cuestión, centrándonos en España, bastaría mencionar al respecto la masacre de Melilla no de este verano, sino del anterior, en la que al menos 37 personas perdieron la vida y 76 desaparecieron y que a día de hoy se encuentra archivada por la Fiscalía del Estado. Pero también a finales de este pasado agosto el Gobierno español volvía a protagonizar otro episodio controvertido. Un total de 168 personas fueron rescatadas por la patrullera de la Guardia Civil ‘Río Tajo’ frente a costas mauritanas y seis días después devueltas a Senegal sin que pudiera garantizarse su derecho al asilo y ante la negativa de Mauritania al desembarco en su territorio (país con el que, por cierto, también existen acuerdos de externalización de fronteras, que ahora quedan en entredicho).
Como sociedad civil organizada, nos esforzamos cada día en aprender con rapidez y profundidad los detalles de este contexto complejo, interconectado y, sin duda, hostil
Una última reflexión hacia la situación migratoria en frontera durante los meses de verano nos obliga a detenernos precisamente al comienzo del mismo, el 21 de junio, cuando se produjo el naufragio de una lancha neumática entre Canarias y Marruecos, el cual, tras más de diez horas de espera (que no se han llegado a justificar) se saldó con la actuación tardía de salvamento marítimo marroquí y la muerte o desaparición de 36 personas. En una operación repleta de claroscuros sobre la que el propio Defensor del Pueblo ha puesto el foco y que tiene como telón de fondo el acuerdo de hace más de un año y medio en relación al Sáhara Occidental, la realidad que subyace es que el Gobierno español pudo omitir, a la espera de que Marruecos actuase, su deber de socorro.
En definitiva, y volviendo al principio, lo que todas estas realidades anteriormente descritas constatan es que existe un compromiso insuficiente por parte de los poderes públicos para incorporar los derechos humanos en una cuestión tan relevante como las migraciones. Por esta razón, como sociedad civil organizada, nos esforzamos cada día en aprender con rapidez y profundidad los detalles de este contexto complejo, interconectado y, sin duda, hostil, a fin de desarrollar estrategias que coloquen los derechos de todas las personas en el centro de las políticas, siendo el primero de ellos, de manera incontestable, el derecho a la vida.
La gravedad de lo sucedido durante los meses de verano en las rutas migratorias hacia Europa no se puede circunscribir únicamente a un incremento de personas desaparecidas y muertas, aunque sí merece sin duda la primera de las miradas. Solo por ilustrar esta afirmación, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a 31 de agosto de 2023, las cifras de las desapariciones y muertes en el Mar Mediterráneo alcanzaron las 2.338 personas, una cantidad que, a falta de cuatro meses para que acabara el año, era ya levemente inferior a la registrada en todo el año 2022.
En España los números también aumentaron: hasta agosto de 2023 llegaron por vía terrestre y marítima alrededor de 21.780 personas, lo que supone un 14,6% más que el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. En cuanto a fallecimientos y desapariciones, la organización Caminando Fronteras había documentado 951 personas en el primer semestre del año, de las cuales 778 pertenecen a la ruta canaria, la más mortífera de todas.