La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, prometió en su investidura un nuevo modelo económico, cuyo contenido ha ido desgranando las últimas semanas. Después de décadas en las que los más prestigiosos economistas y teóricos llevan devanándose los sesos para encontrar un sistema que solucione las deficiencias de los vigentes, no parece que el Gobierno de Andalucía vaya a tener la varita mágica. Más bien lo que está impulsando son medidas de sentido común para intentar no cometer los errores que han llevado a la crisis y a que Andalucía sea la comunidad autónoma con la mayor tasa de paro del país (en torno al 37%).
Se trata de una serie de medidas que el PSOE-A e IU definen como nuevo modelo económico y donde encajan distintas soluciones para intentar superar esta situación, pero que también corre el riesgo de convertirse en un cajón de sastre donde se metan ideas que puedan no tener el impacto deseado, como el plan de empleo para el derribo del hotel del Algarrobico, construido casi en pleno Cabo de Gata (Almería), que la presidenta ha anunciado este miércoles, o el Plan Andaluz de la Bicicleta, aprobado también esta semana. Precisamente dos planes metidos bajo este paraguas que han sido aprovechados por el PP-A para ridiculizar al Gobierno durante la sesión parlamentaria.
Independientemente de esto, hasta el momento, básicamente éstas son las claves de ese nuevo modelo económico definido hasta la fecha, y que se completarán con otras, según insisten desde el Gobierno de Andalucía:
Cambiar la política de subvenciones por los incentivos. La idea es que los proyectos empresariales tengan financiación, pero no a fondo perdido, sino a modo de préstamos que habrá que devolver. En este sentido se incluye el fondo de 150 millones de euros aprobado para los próximos años y dirigido para las pymes industriales.
Convenios con las grandes empresas. El objetivo es que Andalucía aparezca como una tierra que genera confianza y de ahí los acuerdos que se están alcanzando con las empresas del IBEX 35, tanto para que inviertan en la comunidad autónoma, como para que financien programas de formación, mediante becas para los jóvenes. De momento, lo harán el banco Santander y Telefónica, con un millar cada una, y próximamente se cerrará un pacto con Iberdrola orientado a la economía azul, la relacionada con la explotación de los recursos del mar. Como gran reto, apostar por las prácticas en empresas más que por los cursos de formación liderados por sindicatos y la patronal. Se quiere ir de la mano de las universidades como fuente de talento.
Impulso de los sectores más potentes de Andalucía, fundamentalmente el turismo y la agroalimentación, que son los que se están mostrando más fuertes pese a la crisis. En el primer caso, se trabaja en cambios legales, como la nueva Ley de Ordenación Turística del Litoral o el decreto para campos de golf de interés turístico. En el caso del sector agroalimentario se trata fundamentalmente de hacer fluir el crédito para que llegue, sobre todo a las pymes. Paralelamente, se presentarán planes orientados hacia la industria verde -donde se ha enmarcado el Plan Andaluz de la Bicicleta- y los relacionados en general con las energías renovables.
Reactivar sectores tradicionales en declive. Por un lado, la construcción, pero no como hasta ahora. Se trata en parte de responder a una demanda de la patronal del sector, que insiste en que todavía hay mercado y sobre todo una bolsa enorme de desempleados, dado que casi la mitad de los parados en la región vienen del ladrillo. Lo reconocía así la propia Susana Díaz este miércoles cuando anunciaba una Mesa de Trabajo por la Construcción Sostenible. Se centrará en impulsar la rehabilitación, que a la postre genera tres veces más empleo que la obra nueva, y la adaptación del parque de viviendas a la nueva norma de eficiencia energética. Y por otro lado, la minería,, con el fin de explotar recursos como la Faja Pirítica Ibérica, la más importante de Europa, con proyectos que implican la reapertura de las minas de Riotinto (Huelva) y Aznalcóllar (Sevilla), y otros en estudio, como la de Alquife (Granada). Eso sí, con el marchasmo de la sostenibilidad siempre.
Banca público de crédito. De momento, se han presentado las conclusiones del grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para su desarrollo, primero como instituto, y a largo plazo, como banco. De hecho, se prevé que tenga su propia ficha bancaria. Su objetivo: dar crédito a las empresas, en primer lugar, y en el futuro, también a los particulares (o ésta, por lo menos, es la pretensión de IU).
Nuevas leyes. Entre las previstas, destaca la Ley de Mejora de la Regulación Económica, que se ha prometido para 2014. Su objetivo es reducir los trámites que tienen que sortear las empresas para su creación y desarrollo. La eliminación de trámites burocráticos es una eterna demanda de la patronal y ya se ha presentado un catálogo de todo este papeleo para ver cómo se puede racionalizar. También, con el objetivo de potenciar el emprendimiento, se desarrollará una Ley de Formación Profesional, igual que la relativa a la lucha contra el fraude fiscal, de manera que se redistribuya la riqueza.
Nuevo acuerdo de concertación social. O no exactamente, porque lo más problable es que el octavo marco de este tipo que se firme cambie incluso de denominación, y por supuesto de protagonistas. Ya no estarán sólo los sindicatos UGT-A y CCOO-A junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sino que tendrán cabida los representantes de la economía social y otros agentes sociales y económicos con peso en la autonomía. El compromiso es comenzar la negociación este primer trimestre de año, una vez que el anterior expiró con el año 2013, para que en septiembre esté firmado.
Cómo lo ven los partidos
Para Susana Díaz, presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, “la meta es reorientar nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo”. Ha ido anunciando por ello las propuestas enumeradas más arriba como claves en este compromiso y también ha insistido en la necesidad de “abrir en canal la economía” y especialmente “la concertación social” con la idea de generar riqueza y puestos de trabajo en la región “para acabar con esta insoportable tasa de desempleo”.
El portavoz de IU en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, invita a “ponerle el cascabel al gato”. Considera que “están bien los acuerdos con las grandes empresas, pero sabemos que no habrá salida justa a la crisis si no hay banca pública en nuestra tierra”. En la misma línea, alega: “Hay que tener claros los objetivos de mantenimiento de los derechos laborales, apostar por la sostenibilidad es decir, sin comprometer los recursos para el futuro”. En esta línea, su nuevo modelo productivo se está construyendo con propuestas para erradicar el fracking de Andalucía, el veto que también exigen para los transgénicos o medidas orientadas a acabar con proyectos especulativos como el hotel del Algarrobico o el desarrollo inmobiliario que el Gobierno de la Nación defiende para La Almoraima y que se quiere evitar desde Andalucía. “En definitiva, hay que promover un sistema que abogue por condiciones de igualdad y que contribuya a la generación de riqueza en condiciones de justicia social”, asevera.
Por su parte, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha ironizado con la idea de que “los carriles bici sean la palanca del nuevo modelo productivo” o que la presidenta prometa reactivar la construcción “cuando debe millones de euros al sector”. Propuestas como la de La Almoraima tampoco convencen al líder de la oposición, como era de esperar: “No debería abanderar ahora su defensa cuando la ha tenido abandonada durante años”. En cuanto a convenios como el firmado con el Santander, insiste en que no hay nada nuevo. Ha recordado el que rubricó el anterior presidente, José Antonio Grifñán, con Patricia Botín, hija de Emilio Botín, con el que Susana Díaz ha celebrado su convenio. “¿Es capaz de mantener aquí que es usted quien ha generado la confianza necesaria para estas firmas? Son las mismas partes, lo único que cambian son los actores”, la ha espetado. Y con la misma crudeza ha atacado los anuncios en materia de concertación social, exigiéndole que “que enseñe todas las cartas” a los diferentes actores que deberán participar en ella y no venda como “algo suyo y nuevo” algo que el Gobierno de Mariano Rajoy viene haciendo desde que llegó a La Moncloa, “que es incrementar los fondos para las prácticas en empresas en lugar de para los cursos de formación”.