El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves en el Parlamento que el PSOE de Andalucía “pincha en hueso” en su estrategia de oposición denunciando el comportamiento de la Junta de Andalucía con la contratación de emergencia durante la pandemia de coronavirus con la premisa de que “este gobierno es la antítesis de la corrupción, que así va a seguir siendo mientras Juan Manuel Moreno sea presidente de la Junta”. “Si tienen otra cosa que decir vayan a donde tienen que ir”, ha espetado al Grupo Socialista en una velada referencia a acudir a los juzgados, durante su respuesta a una pregunta de una comparecencia parlamentaria en comisión.
El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Márquez, ha blandido la existencia de, al menos, 11 informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la contratación extraordinaria de la Junta durante la pandemia de coronavirus, y que el Gobierno andaluz no ha respondido a esos requerimientos, concluyendo que ese comportamiento se explica por “un sentimiento de impunidad”. Sanz ha contrarrestado esas críticas con la conclusión de la Cámara de Cuentas de que la contratación de la Junta “resulta conforme con la normativa”, antes de alegar que durante el Covid “nos vimos obligados a realizar 17.718 contratos de emergencia en 2020 por un importe de 1.039 millones de euros”.
El asunto se ha visto este jueves en la comisión parlamentaria de Presidencia a raíz de la exclusiva de elDiario.es Andalucía de que en 2021 el Gobierno andaluz formalizó con el sector privado contratos a dedo y sin publicidad por valor de 300 millones de euros “sin justificación alguna”. Así lo determinan los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en su informe, en el que dictaminan que la Consejería de Salud hizo un uso “indebido” de estas contrataciones.
“Graves manifestaciones de irregularidades”
Rafael Márquez se ha preguntado sobre “qué magnitud del menoscabo podríamos estar hablando” y si ese sistema de contratación “está extendido al conjunto de la Junta de Andalucía” ante “las graves manifestaciones de irregularidades que constatan la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta de Andalucía” después de haber dado lectura a algunos párrafos de esos trabajos de fiscalización.
Márquez ha apuntado hacia “el sistema de contratación viciada, contaminada de irregularidades” del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que ha señalado a una estrategia de fondo que supondría “favorecer a la sanidad privada en detrimento de la pública con el dinero de los andaluces”.
Ante la pregunta de cuántos contratos de emergencia hizo Presidencia desde junio de 2021, Sanz ha hablado de dos contratos de limpieza de diferentes sedes de su departamento, uno de 11.472 euros, con un plazo máximo de ocho meses, y un segundo de 27.388 euros para limpiar el Centro de Coordinación de Emergencias del 112, al tiempo que ha defendido que debió recurrir a esos contratos de urgencia “por cuestiones achacables a las empresas concesionarias”, por lo que ha hablado de “historia y película” en la crítica socialista en este ámbito.
Márquez ha replicado a Sanz sobre el número de contratos de Presidencia para plantear que “se le ha olvidado alguno más”, por lo que ha reclamado que “debe dar los datos correctos cuando está en esta comisión”, antes de preguntarle si “recuerda el contrato de suministro de material para la seguridad en las playas de Andalucía” o de algunos otros, antes de advertir que los ejemplos que ha aportado “han sido objeto de reparos” por la Cámara de Cuentas, y de preguntarse si la Junta de Andalucía “va a seguir contratando a dedo cueste lo que nos cueste a los andaluces”.