La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha acordado iniciar un procedimiento de investigación e inspección por una presunta incompatibilidad del director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía con su vinculación a sociedades mercantiles del sector pesquero que han venido recibiendo subvenciones de la administración autonómica.
El acuerdo, al que tenido acceso elDiario.es Andalucía y que ha adelantado este lunes la Cadena SER, dice que José Manuel Martínez Malia deberá responder de una denuncia del PSOE por un “posible conflicto de intereses” en la tramitación de ayudas públicas ya que el alto cargo de la Junta “no se ha abstenido” en las resoluciones que decidían conceder subvenciones a dichas empresas, que son Pesquerías Quintino S.L. y Carabina y Farruco S.L., en las que tenía participaciones y era administrador único.
El PSOE había trasladado en mayo a la OAAF unos hechos que considera “constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros”. En julio, tanto el director general denunciado como el viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Pesca enviaron documentación relativa a la presunta incompatibilidad junto a los expedientes de concesión de subvenciones a las entidades mercantiles objeto de la denuncia.
Según el acuerdo de la OAAF, una vez analizadas las actuaciones previas, “se ha considerado que procede iniciar el procedimiento investigador para concluir si efectivamente existe un conflicto de intereses en el procedimiento de selección objeto de la denuncia”, así como en la tramitación de las subvenciones cuyos beneficiarios sean las citadas empresas y las personas que guardan relación de consanguinidad con el director general, de acuerdo también a la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
El PSOE de Andalucía no ha tardado en salir públicamente a pedir de nuevo “explicaciones inmediatas” por este caso, en esta ocasión al propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, “por ayudas públicas de la Junta recibidas por empresas y familiares suyos”, para que aclare “por qué mantiene en el Gobierno andaluz a un alto cargo cuestionado por infringir las normas de incompatibilidades”, según una nota de prensa con declaraciones del portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Aurelio Aguilar.
El socialista ha recordado que hace ya seis meses que desde su partido piden “explicaciones” a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, sobre la situación de su director general de Pesca. “Es absolutamente intolerable que el director general de Pesca dé ayudas y subvenciones a familiares directos y a dos empresas de las que no solamente fue propietario, sino que en el momento de adjudicaciones de subvenciones de la Junta seguía apareciendo como apoderado y administrador de las mismas”, ha aseverado el representante regional socialista.
El pasado 1 de junio, cuando el PSOE llevó este asunto al Parlamento andaluz, la consejera Carmen Crespo defendió que “se ha cumplido con la normativa vigente” en este caso y aseveró que el director general “no ostenta ningún cargo de administrador de sociedad mercantil vinculada a la pesca desde junio del año 2012, siete años antes de ser nombrado”, mostrando incluso las escrituras en las que Martínez Maila renunciaba al cargo de administración de una sociedad en el Registro Mercantil y acusando al PSOE-A de “faltar a la verdad a sabiendas”.
Tras la apertura formal de la investigación, este periódico ha tratado de conocer, sin éxito, la posición de la Consejería de Agricultura. La OAAF da diez días a los interesados a presentar alegaciones al acuerdo de investigación iniciado ahora.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ya por la tarde, señaló que está colaborando “desde mayo” con la Oficina Antifraude “con total transparencia y lealtad” a fin de aclarar que “no existe incompatibilidad” del director general. En un comunicado indica que, desde se abrieron las actuaciones preliminares, “se ha venido aportando toda la información acreditativa”. En la documentación aportada “se explican las causas por las que no se aprecia supuesto alguno de incompatibilidad por parte del director general de Pesca y Acuicultura a lo que han hecho referencia los medios de comunicación”, ha añadido.
Se detalla que, tras la modificación sufrida en el artículo 5.1 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Andalucía, éste dio “fiel cumplimiento” al cambio normativo mediante la enajenación de las participaciones sociales que ostentaba. Este cambio se recoge en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, reflejando en el mismo que el director general de Pesca “procedió a la transmisión o venta de dichas participaciones mercantiles durante los años 2019 y 2021”, por lo que en la actualidad, “no cuenta con ninguna vinculación empresarial”.
Respecto a la información publicada sobre concesión de ayudas al sector pesquero, la Consejería informa de que el director general de Pesca decidió inhibirse de los procesos de resolución de estas ayudas que, de forma habitual, se conceden al sector para compensar la parada de actividad y para la modernización, habiendo sido asumidas dichas resoluciones por la Secretaría General Técnica.
Además, la Junta ha destacado que la propuesta de resolución de ayudas parte de los departamentos técnicos de las distintas Delegaciones Territoriales para su elevación a una Comisión Técnica, formada por funcionariado de la propia Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, para su evaluación y determinación final de las ayudas.
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