Kenneth Ogboka venció al reloj, y se quedará en la casa de la que le iban a echar esta misma mañana, a las 9.30. Ayer, pasadas las ocho de la tarde (a poco más de 12 horas del momento fijado para el lanzamiento) un enviado de la gestora que tramita su expediente en representación del banco se presentó en la vivienda. Ogboka, que había pasado el día negociando y reuniendo papeles, no estaba allí, pero acudió enseguida. Por la mañana habían prometido estudiar su caso. Cuando llegó, aquel hombre le dijo que no le echarían mañana, y que estaban dispuestos a negociar con él un alquiler social. Pese a la promesa, Ogboka ha pasado la noche con activistas anti-desahucios, que esta mañana aguardaban la posible llegada de funcionarios judiciales. No ha sido así y pasadas las 9.30 una llamada telefónica confirmaba que el desahucio quedaba definitivamente cancelado.
Algo cambió del martes al miércoles en la cara de este nigeriano, en la que llaman la atención dos cortas líneas azules en cada mejilla rasgadas a cuchillo (seña de la familia, explica). En la mañana del miércoles, ya antes de confirmarse la paralización del desahucio, repartía agradecimientos y abrazos. El día anterior su gesto era tenso. Después de reunirse con la gestora del expediente a menos de 20 horas del lanzamiento (“¿Y vienes ahora?”, se preguntaba un empleado a mediodía del martes, mirando su reloj) había pasado la tarde intentando reunir la documentación y con los activistas anti-desahucios, programando la concentración del miércoles por la mañana.
Pasadas las ocho de la tarde del martes recibió una llamada. Un empleado de Aktúa Soluciones Financieras, la firma a través de la que Santander gestiona sus activos “recuperados”, estaba a la puerta de su casa, le dijo una amiga. Quería hablar con él. “Me puse nervioso”. Pero traían buenas noticias para él. Un documento presentado ante el juzgado el 2 de febrero solicitando la paralización del lanzamiento. Se hizo fotos con ese documento y recibió la promesa: no sería expulsado por la mañana. La petición, sin embargo, no había llegado a tiempo al servicio de notificaciones de los juzgados, encargado de tramitar la expulsión. El abogado que asesora a Ogboka asegura que el martes a mediodía el lanzamiento seguía en pie. Así que Ogboka pasó la noche en vigilia, acompañado de activistas, y esperando que la orden quedara paralizada al mostrar el papel a los funcionarios que debían expulsarlo. No ha hecho falta, porque no han acudido y por teléfono han confirmado que no lo harían.
El Santander (propietario del inmueble desde 2012) propone ahora la firma de un alquiler social por un plazo de dos años, ampliable a tres. En un documento remitido por correo electrónico al abogado el mismo miércoles por la mañana, la gestora pide a Ogboka que rellene la solicitud de alquiler y que declare cuántos ingresos percibe. Él quiere pagar 100 euros.
Cuando supo que se quedaba, Ogboka salió al balcón a dar las gracias a los activistas. Bajó y hubo jolgorio y sólo se le quebró la sonrisa cuando una furgoneta policial se acercó al lugar, pasadas las 10.15. Pero no tenían la orden de desahuciar, sino de vigilar a los que allí estaban. Una vecina había denunciado una “concentración izquierdista”. Cuando se marchó la policía se recogieron los carteles y una tienda de campaña y Ogboka volvió a su casa.