A Kenneth Ogboka le van a echar este miércoles de la casa que compró. Allí vive con su mujer y sus tres hijos, de 16, 15 y 8 años, pero la casa ya no es suya. Se la adjudicó Banesto (ahora integrado en el Grupo Santander) en 2012, por el 60% del valor fijado en la hipoteca que Ogboka firmó en 2005. “Yo he gastado mucho en esa casa. Hubiera podido comprar varias en Nigeria”, lamenta este martes, camino de la oficina de Aktúa Soluciones Financieras, la entidad a través de la que el Banco Santander gestiona su cartera casas procedentes de impagos. Quiere pedirles que le concedan un alquiler social de 100 euros, como el que tuvo, asegura, hasta 2012. Allí le pedirán papeles. Tiene apenas 20 horas para reunirlos y que alguien, en Madrid, dé su conformidad.
La historia de Kenneth Ogboka es la de tantos que trabajaban en el ladrillo. Cuenta que durante años no le faltó trabajo en la construcción, especialmente en Marbella. Como todo iba bien, y había dinero, decidió comprar una casa, y en septiembre de 2005 Banesto le concedió un préstamo de algo más de 169.000 euros, que garantizó con una hipoteca por 177.000 de principal. Durante años pagó, según asegura, a razón de unos 1.000 euros al mes. Su casa está en una barriada obrera de Málaga. El edificio rondará los 40 años. El salón de la vivienda, pintado en beis y con muchos desconchones, apenas aloja dos sofás cubiertos por una colcha roja y una estantería en la que destaca una televisión. A la derecha de la tele se apilan decenas de cassetes de artistas africanos y sobre ella, hay un brillante escudo del Real Madrid enmarcado. Poco más.
Ogboka muestra los papeles y aparece el de adjudicación de la vivienda mediante una venta extrajudicial. El 1 de junio de 2012 Banesto dio por vencido el préstamo y el banco fue el único que concurrió a la subasta en la que se quedó con la vivienda. De 177.000 euros, la casa pasó a valer en aquel momento 105.000,36 €, el 60% del valor de tasación. El mínimo que permite la ley. Y este hombre, que vino de Nigeria a trabajar en la construcción, quedó debiendo otros 73.390,77 € pendientes de amortizar, lo que significa que desde 2005 a 2012 solo abonó el equivalente a intereses. En la escritura de compraventa extrajudicial, el representante del banco actúa también en nombre del ejecutado. Es una ficción jurídica.
Kenneth Ogboka explica que a partir de ese momento, acordó el pago de 100 euros como alquiler social, pero que ese acuerdo se frustró cuando el Banco Santander incorporó la cartera de activos de Banesto. Insiste: “Yo quiero pagar. Puedo pagar. 100 euros”. Desde el lunes, va contrarreloj. Al terminar su rueda de prensa del lunes, se dirigió a la oficina central del Banco Santander, donde le facilitaron el teléfono de Aktúa Soluciones. El lunes por la tarde no obtuvo respuesta. El martes por la mañana llama desde su casa y alguien responde desde Madrid: “Es un resto de adjudicación. No se puede hacer absolutamente nada. Está viviendo desde 2013 en una vivienda adjudicada. Se le pidieron documentos para concederle un alquiler social, pero no los aportó”. Y una concesión: “Bueno, hasta el momento en que se venda se puede negociar un alquiler…”. Él asegura que aportó documentos, pero que la persona que lo atendió en la oficina de Málaga se negó a mantener un alquiler de 100 euros. “Querían más dinero”, insiste. En la negociación no ayudó que Ogboka tenga dificultades para manejarse en castellano.
“¿Y cómo vienes ahora, cuando quedan 24 horas?”
Quedan menos de 24 horas, y Ogboka quiere ir a la oficina malagueña de Aktúa Soluciones, que está en un polígono industrial. El periodista irá con él para hacer de traductor. Allí le conocen. No está su gestor, ese que supuestamente se negó a renovarle el alquiler social, pero le atienden. “¿Y vienes ahora, cuando quedan 24 horas?”. El hombre explica que tuvo problemas con la concesión de la asistencia jurídica gratuita. Le atienden con amabilidad y se comprometen a estudiar dos opciones durante la tarde: podrían valorar la opción de cancelar el saldo pendiente (73.000 euros) si abandona el piso o de concederle un alquiler social. Pero necesitan los papeles con urgencia (certificados de empadronamiento, certificados de estar cobrando la ayuda a parados de larga duración, vida laboral), para enviarlos a Madrid y que alguien dé el visto bueno. No los lleva consigo. Los ha dejado en casa.
A las 12.30 nos despedimos. Va a buscar a un amigo, luego a recoger los papeles y por la tarde los entregará. La oficina de Madrid no tendrá mucho tiempo para aceptar el acuerdo. A 21 horas de la hora señalada, poco antes de despedirse, pregunta: “¿Conoces a alguien que me pueda alquilar una casa mañana?”.