Todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía (menos el PSOE), los dos sindicatos mayoritarios y dos antiguos directores de La Cónsula escenificaron este viernes su oposición al trato de la Junta de Andalucía hacia las escuelas consorcio de Málaga. En una sala repleta, anunciaron que apoyan el calendario de movilizaciones que se celebrarán a partir de la próxima semana y pronunciaron palabras muy críticas hacia la administración autonómica, a la que acusaron de “ineptitud total” y de “engañar” a los profesores y los alumnos. La Cónsula, La Fonda y el CIO Mijas, inmersos en un trasvase de competencias desde hace un año y tres meses, acumulan meses de impagos de sus nóminas y las clases se han suspendido.
Manuel García, director general de Formación para el Empleo, había mantenido una reunión pocas horas antes con los alumnos y profesores, a los que prometió una “normalización” de las escuelas antes de fin de mes. Según el nuevo calendario divulgado por la Junta poco antes del anuncio de movilizaciones, los consejos rectores de La Fonda y La Cónsula aprobarán la cesión de sus activos y pasivos al Servicio Andaluz de Empleo el 20 de enero, condicionada a la auditoría externa, que estaría terminada el 27 o el 28 de enero. El 28 o 29 se integrarían definitivamente. “Es difícil de creer”, dijo Esperanza Oña, del PP, que explicó que esa novedad no modificaría el calendario de protestas. Las movilizaciones comenzarán en la Plaza de la Constitución el lunes, a las 19:30 y los alumnos se concentrarán cada martes y jueves.
La comparecencia conjunta se había fraguado en una reunión celebrada el martes en Benalmádena, y provocó una escena insólita: la crítica a la gestión de la Junta de Andalucía unió a fuerzas políticas antagónicas. Estuvieron PP, IU, Ciudadanos, Podemos, UGT y CCOO, y todos firmaron una petición pública para solucionar los problemas económicos y administrativos de las escuelas. Esperanza Oña, vicepresidenta del Parlamento por el PP, acusó a la Junta de Andalucía de engañar a los alumnos y profesores, a los que se les adeudan ocho nóminas (en el caso de La Cónsula y La Fonda) y 18 (a los de CIO Mijas). “Ahora les han pedido que trabajen sin cobrar. Es la gota que colma el vaso”, dijo. Después, vaticinó que se perderá el curso definitivamente.
La Fonda, La Cónsula y CIO Mijas llevan 15 meses atrapadas en un limbo administrativo que la Junta de Andalucía no resuelve. La administración ha prometido celeridad en muchas ocasiones, y Susana Díaz aseguró en diciembre de 2014 y en marzo de 2015 que las escuelas funcionarían “con normalidad”. La Junta asegura que vela por que se respete la legalidad, integrada por dos decretos de octubre de 2014 y 2015, y alude al proceso culminado en otros diez consorcios. Pero los profesores y alumnos se sienten frustrados, unos por no poder trabajar y por acumular impagos de sus nóminas, otros por no poder continuar una formación por la que renunciaron a empleos o que les ha supuesto gastos.
Del “milagro” a la “atrocidad”
“Sólo hablan de legalidad. ¿Y el estatuto de los trabajadores? La ley no obliga a cerrar los consorcios. Y lamento que sean los consejeros malagueños los que hayan creado esta ruina”, protestó Francisco Oliva, exdirector de La Cónsula y exconsejero de Turismo. Oliva denunció el “silencio cómplice” de Susana Díaz y la “ineptitud total” de la Junta. Rafael de la Fuente, exdirector de La Cónsula durante 12 años, calificó a la escuela como un “milagro impensable” y su actual situación como “una atrocidad”: “Venían de Italia y Francia porque no se podían creer cómo había jóvenes que a los tres años de terminar tenían una estrella Michelin”.
Félix Gil, diputado andaluz de Podemos, acusó a Susana Díaz de anteponer sus intereses personales por el miedo a las supuestas irregularidades en los fondos de formación: “Actuó primero con soberbia, luego con ineptitud”. José Antonio Castro, portavoz de IU, la acusó de querer acabar con el modelo formativo de los consorcios.
También los sindicatos tuvieron palabras duras contra la Junta. Antonio Herrera, secretario provincial de CCOO, la calificó de “sinvergüenza” y dijo que actúa con “inmoralidad”. La movilización va ir in crescendo, anunció. No tenemos ninguna confianza en las promesas para desmovilizarnos“. ”Susana Díaz debe dedicarse a la solución de los problemas de los trabajadores“, completó Auxiliadora Jiménez, secretaria general de UGT Málaga.
Los grupos políticos han pedido de comparecencia del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, que se formalizará el martes y Castro dejó abierta la posibilidad de exigir responsabilidad a la Junta por el impago reiterado de salarios y de cuotas a la Seguridad Social.