La sentencia del TSJA que condena a Sebastián Pérez por “desviación de poder” generó este jueves una cascada de reacciones de todos los grupos políticos menos del Partido Popular. Mientras la oposición reclama la dimisión inmediata del actual presidente de la Diputación granadina, el alcalde ha pasado la pelota al tejado de Pérez y Pérez no ha hecho declaraciones. También el presidente del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local, Eulalio Avila, se ha pronunciado valorando de forma muy positiva la sentencia. Ávila entiende podría servir para cerrar de una vez por todas las tentaciones de los políticos de burlar la legalidad con nombramientos discreccionales.
La conducta objeto de la sentencia reviste una especial gravedad, toda vez que pone de manifiesto que Sebastián Pérez intentó evadir el control de la legalidad de los actos de su gobierno, del que es directamente responsable el secretario de la institución, nombrando para tal plaza a una persona de su confianza y evitando que fuera un funcionario independiente, el que tras superar el concurso, ejerciera esa tarea. Así, la sentencia del TSJA asegura que lo que pretendía Sebastián Pérez era “impedir que el puesto convocado se consiguiera de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
A pesar de saber que iba a ser preguntado por la sentencia desde primera hora de la mañana, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha negado conocer la información y, como el casos anteriores que no le conciernen directamente, ha remitido a los periodistas a que pregunten a Sebastián Pérez, quien ha declinado hacer cualquier tipo de valoración.
El diputado provincial del PSOE, Manuel Gómez Vidal, calificó los hechos como de “enorme gravedad”, recordando que el grupo provincial socialista ya había advertido de lo que podría ocurrir con la actuación del presidente de la Diputación, que como dirigente de una institución democrática, tras esta sentencia, ya sabe cuál es el camino que debería tomar. En este sentido, el alcalde de Maracena y secretario de política municipal de la ejecutiva provincial del PSOE, Noel López, considera que el presidente de la Diputación debería haber dimitido en el mismo momento en que adoptó una decisión que sabía que iba en contra de los ciudadanos a quienes debe representar.
Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Granada por IU, Francisco Puentedura, considera que si Sebastián Pérez no ha cumplido con el obligatorio control de las acciones de Gobierno en la Diputación, tal y como deja abierto la sentencia del TSJA, todas sus decisiones estarían bajo sospecha. Según Puentedura, el PP debería tomar medidas contra su presidente provincial, aunque está seguro de que no lo hará, ya que “prefiere amparar ese tipo de conductas”.
En parecidos términos se expresó la candidata de UpyD a la Alcaldía de la capirtal granadina. Maite Olalla aseguró que esta sentencia viene a poner de manifiesto lo que todo el mundo sospechaba: que las instituciones se están utilizando como auténticos cortijos al servicio de sus dirigentes y los partidos a los que pertenecen.
La candidata de Vamos Granada a la Alcaldía de Granada, Marta Gutiérrez, pidió la dimisión de Sebastián Pérez, insistiendo que esta sentencia pone de manifiesto la forma de actuar que está teniendo el PP en las instituciones y que según vamos Granada, no solo es en la Diputación, sino también en el Ayuntamiento.