La Universidad de Almería (UAL) no había reservado hasta ahora plazas de empleo público para personas con discapacidad para cada convocatoria. Una opositora ha conseguido llevar a la institución a juicio, a celebrar el próximo 17 de septiembre, ya que la UAL no había guardado puestos de esas características en ninguna de las últimas oposiciones de promoción interna para la parte de administración.
Una vez interpuesta la demanda en los tribunales y a preguntas de elDiario.es Andalucía sobre el tema, la Universidad de Almería ha convocado de urgencia una oposición interna en la que, por primera vez, va a hacer reserva de plazas para personas con discapacidad de cara al consejo ordinario del próximo 26 de junio (la gerencia ha pasado la propuesta a la Junta con reserva en promoción interna, según ha podido saber la opositora).
Con todo, la aspirante afectada lo tiene claro y mantiene su litigio. Ahora será la Justicia la que decida, contando con un precedente en el Tribunal Supremo que le da la razón y que ha hecho constar en su contencioso. La UAL asegura que está cumpliendo con con la legalidad vigente.
El matiz es que esa reserva de vacantes para discapacitados la hacen teniendo en cuenta el cómputo total de plazas entre las de acceso libre y las de promoción interna, esto es, con el cupo repartido entre convocatorias, si bien esa posibilidad no se recoge en la normativa, regulada en el Real Decreto 2271/2004. En consecuencia, del porcentaje de reserva para discapacitados sobre el total resultan menos plazas disponibles que si lo calcularan en cada categoría.
Desde la UAL argumentan que “es el mismo sistema para toda Andalucía”, pero la opositora ha acreditado que universidades como Granada y Málaga reservan plazas por separado por cada tipo de convocatoria. Como recoge en su denuncia, en ninguna de las últimas convocatorias a promoción interna en la UAL (ocurre al menos desde 2017 y hasta este mismo año 2024) se incluyó la reserva de plazas para discapacidad como se recoge en la normativa referida. Por el contrario, universidades como las de Granada y Málaga sí lo venían haciendo en las últimas oposiciones.
Carmen López es la aspirante a uno de los puestos de promoción interna de la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Almería. Según explica, y se recoge en la demanda a la que ha tenido acceso este medio, ha sido víctima de una mala praxis por parte de la UAL al no ofrecer plazas de oposición reservadas para personas con discapacidad en promoción interna, si bien sí lo hace en plazas de acceso libre para profesorado y administración y en, al menos, una interna de profesorado.
En concreto, López se presentó a la convocatoria que la Universidad puso en marcha en 2020 para cubrir cinco vacantes de administración. Un año antes, en 2019, solicitó a la Junta de Andalucía que le reconociese su discapacidad, algo que finalmente lograría justo después de finalizar las pruebas de la oposición pero antes de que el tribunal encargado publicase los aprobados que habían obtenido plaza. Como la Junta tardó mucho tiempo en reconocerle la discapacidad, Carmen no pudo presentar un recurso antes de la convocatoria, por lo que tuvo que esperar a ese momento para reclamar que se reservase su puesto por la discapacidad superior al 33% que tiene, pero se encontró con la negativa de la Universidad pese a que insiste en que su petición está amparada por la legislación.
El Real Decreto 2271/2004 establece en su artículo 5 esa obligación a la que se refiere la demandante: “Las convocatorias de pruebas selectivas para acceso por promoción interna a cuerpos, escalas o categorías de la Administración General del Estado que se encuentren previstas en el real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento”.
Por eso, desde 2020, Carmen ha emprendido una batalla legal que le llevó en primer lugar a solicitar amparo ante la propia universidad y posteriormente ante la justicia ordinaria. La UAL, a través del tribunal de la oposición, respondió contra sus intereses. Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el tribunal opositor se justifica en que “la decisión de incluir o no plazas reservadas para el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo corresponde a la Administración Pública convocante y dicha decisión debe plasmarse en las bases de la convocatoria que regula el proceso”.
La Universidad de Almería, que tras las indagaciones de este periódico ha convocado una plaza de discapacidad para su próxima promoción interna, evitan pronunciarse directamente sobre el caso de Carmen López por estar judicializado, pero afirman que sí cumplen con lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004: “Desde que entró en vigor la normativa de reserva de cupo de plazas para personas con discapacidad, la Universidad de Almería la ha venido cumpliendo –como no podía ser de otra manera- de acuerdo con el procedimiento seguido por las diez universidades públicas de Andalucía”.
La demandante señala que hay jurisprudencia que le da la razón y rechaza el argumento de la UAL. En 2019, el Tribunal Supremo falló en contra de los intereses del Gobierno de Asturias alegando que no se podía hacer un cómputo compartido entre plazas de promoción interna y de nuevo acceso: “Aunque se haya respetado el porcentaje general de reserva general, se ha incumplido la obligación de aplicar la reserva a las plazas de promoción interna, con lo que la reserva se ”ha distribuido mal“. En realidad, no ha habido distribución de la reserva, sino exclusión pura y simple de ésta en las plazas de promoción interna”.
La aspirante considera que “al tratarse de escalas de funcionarios diferentes las de acceso libre y las de promoción interna, se estaría cometiendo una injusticia con los aspirantes”. Sin ir más lejos, Carmen López es A1 y quienes han entrado por acceso libre son C2, un rango inferior. “No tenemos instrucción literal de la Junta de sacar plaza de discapacidad en promoción interna”, insisten desde la UAL, que prevé aprobar este 26 de junio la Oferta de Empleo Público del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios para el año 2024.
Desde la Universidad sentencian: “La última referencia han sido las convocatorias recientes de la escala técnica auxiliar (15) y escala auxiliar (18). De estas plazas se sacaron en el cupo de discapacidad un total de 3 plazas, que corresponde al 10%, distribuidas en 1 y 2 respectivamente para cada una de esas escalas. Por lo tanto, en la actualidad la Universidad de Almería, como el resto de las universidades públicas andaluzas, sí contempla la reserva de cupo de discapacidad en su oferta pública de empleo, para cuyo cálculo se tiene en cuenta tanto las plazas ofertadas en convocatoria abierta como las que corresponden a procesos de promoción interna”. Ahora tendrá que ser la justicia la que determine quién lleva la razón.
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