Los autodenominados “funcionarios en paro” u “opositores fantasma” tocan ya con la punta de los dedos el puesto de trabajo en la Junta de Andalucía que les corresponde por oposición. Son casi un millar de aspirantes que se inscribieron en las convocatorias de empleo de los años 2017-2019, que hicieron su primer examen a comienzos de 2021 y el último en julio de ese año, y que tuvieron que esperar hasta el 30 de septiembre de 2022 para saber si tenían plaza o no. Desde entonces, más espera, sin que nadie en la administración andaluza les dijera qué estaba pasando.
Hasta la semana pasada, cuando una comunicación de la administración a los sindicatos avanzaba que se acababa de enviar al BOJA la resolución que oferta las vacantes de las que deberían tomar posesión en breve. La comunicación hace referencia a los cuerpos de Técnicos y Técnicas de Desarrollo Agrario y Pesquero (A2.2200), Ayudantes de Administración Agraria (C1.2005) y la más numerosa, que afecta a 323 de las 948 plazas que se ofrecerán a los 948 “funcionarios en paro”, los Auxiliares Administrativos (C2.1000). Sin embargo, queda aún por saber qué pasará con cuerpos relativamente numerosos, como A1.1000 o C1.1000, aún empantanados.
La toma de posesión será la meta a cinco años de recorrido, en los que la Junta de Andalucía ha demorado múltiples plazos legales sin darles ninguna explicación. Aún quedan varios trámites: ahora se publicarán las vacantes, después pedirán destino, serán nombrados como funcionarios de carrera y tomarán posesión. Todo esto puede hacerse en un acto único o telemáticamente, lo que modificará el tiempo de espera. “Pero por lo menos sabemos que salen las vacantes y lo que podemos elegir. Es un respiro”, dice Fátima. “Por fin, empezamos a ver luz a final del túnel”.
El sinvivir de los “funcionarios en paro”
Para los “funcionarios en paro”, esto ha supuesto un alto en su vida. Algunos dejaron sus trabajos para preparar las oposiciones, contando con que se resolverían en un plazo razonable. Otros han rechazado oportunidades de empleo para seguir en un proceso que se ha alargado más de cinco años. Saben si están o no aprobados desde hace años y medio. Muchos se han presentado a nuevos procesos selectivos (con el consiguiente gasto) pese a tener la certeza de que tendrían plaza en este. Han agotado prestaciones por desempleo. Han tenido que pedir dinero prestado a familiares y amigos. Hay casos de estrés, ansiedad e insomnio, tal y como contó este medio. Todo, sin recibir explicaciones del porqué de este retraso, más allá de las apelaciones iniciales a la pandemia. Un sinvivir.
Ante la falta de respuesta de la Junta de Andalucía, empezaron a movilizarse en redes sociales a mediados del año pasado. Entre los sindicatos, solo el SAF asumió sus quejas. Pocos medios les dieron eco: elDiario.es Andalucía informó del problema por primera vez en mayo. A las puertas de las elecciones, el Gobierno del PP y Ciudadanos prometió una solución rápida. Desde entonces, han pasado otros ocho meses. El PSOE llevó el asunto al Parlamento Andaluz en octubre y el consejero José Antonio Nieto compareció en la cámara. Pero tampoco se arregló nada. Se culpaba a la pandemia y la falta de personal. La situación ha provocado que el Defensor del Pueblo haya abierto una queja de oficio.
La semana pasada, Nieto evidenció un cambio de ritmo. En una entrevista en Canal Sur Radio anunció que esto se resolvería a toda prisa y ensayó una disculpa: dijo que era “inaceptable” que los opositores aprobados esperasen más de seis meses para tener su plaza. Aquí han sido dos años. También echó la culpa al procedimiento, que ahora quiere cambiar para que sea más ágil, y apuntó directamente a un cuello de botella: la baremación de méritos.
“No estamos de acuerdo con el consejero. Hay procesos con baremación de méritos que se resuelven en meses. La administración tiene los medios para resolverlo en tiempo y forma y esto demuestra que querer es poder”, opina María C., una de las afectadas. En los últimos meses había calado entre algunos de estos opositores la sensación de que estaban siendo víctimas indirectas del proceso de estabilización de interinos que se está realizando de forma paralela (y hasta diciembre de 2024) en todas las administraciones, incluida la andaluza.
“Llevamos padeciendo una situación rocambolesca desde noviembre desde 2019, con muchos retrasos injustificados”, añade María. Está feliz por el avance, “contentísima”, pero esto ha hecho mella, creando una costra de desconfianza. Por eso, aunque ahora celebran este paso, dicen que seguirán “vigilantes” para que se complete el proceso con la celeridad que ahora se promete. La meta al fin se ve y quieren llegar cuanto antes.
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