Lourdes Castro, su pareja y sus dos hijos están a la espera
de que los desalojen de la que fue su casa, donde han vivido de “okupas” desde
octubre de 2012 después de que los lanzaran en un primer desahucio exprés por
no poder pagar un préstamo bancario. El juez que condenó a esta mujer hace un
mes por haber ocupado la vivienda de la que fue desahuciada, ha ordenado ahora
el desalojo inminente de la familia, atendiendo así la solicitud de la firma
propietaria de la casa tras una subasta, que ha pedido la ejecución de la
sentencia.
El magistrado no ha esperado a que se resuelva el recurso
presentado por la familia en la Audiencia Provincial de Córdoba contra dicha
sentencia y ha notificado ya a los abogados la orden de desalojo inmediato que
la propia Lourdes Castro está citada a recoger el próximo 2 de abril, día a partir del cual podrá ser desalojada en cualquier momento. Se da
prioridad así a la petición de Propiedades Residenciales, la firma con sede en
Luxemburgo a la que el Banco Santander vendió la casa en una subasta cuando
Lourdes y su marido dejaron de pagar el préstamo concedido por este banco para
la reforma de su vivienda.
“Sin que se haya resuelto aún el recurso que presentamos, no
entiendo las prisas del juez para ordenar el proceso de lanzamiento de
inmediato“, ha señalado la propia afectada a las puertas de los juzgados de
Córdoba este lunes en una concentración pública de apoyo organizada por la
Plataforma Stop Desahucios. “Si en dos años Propiedades Residenciales no ha
hecho nada sobre la casa, ¿qué prisa tiene ahora en echarnos a la calle?“, se
pregunta.
“Lo único que quiero es no volver a verme en la calle con
mis hijos como ya me ocurrió. No quiero verme en la calle“, ha repetido Lourdes
Castro embargada por la emoción de la situación en la que se encuentra.
“Llevo
mucho tiempo luchando y por mis hijos voy a seguir“, ha advertido porque,
citando la Constitución, ha recordado que “todo el mundo tiene derecho a techo.
Mis hijos y yo también tenemos derecho a un techo. Si no es en esa casa, en
otro lugar“.
En ese sentido, tanto ella como los responsables de Stop
Desahucios en Córdoba se han dirigido en la mañana de este lunes a la
Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para volver a pedir
una solución para esta familia e intensificar las gestiones una vez conocida la
orden del juez de desalojo inminente.
“Si decide resistir en su casa, vamos a estar con ella. Si
decide pedir ayuda a las administraciones, vamos a estar con ella. Stop
Desahucios va a seguir apoyando a Lourdes“, ha explicado el portavoz de la
plataforma, Rafael Blázquez, quien ha querido mostrar “el agradecimiento de
todos a Lourdes por su ejemplo, que fue seguido luego por muchas familias que
ante la existencia de casas vacías en propiedad de los bancos, decidieron entrar
en ellas buscando un techo“.
Desobediencia civil ante los desahucios
Desobediencia civil ante los desahucios
Bajo esa perspectiva, desde Stop Desahucios se ha animado a “seguir con la desobediencia civil contra los desahucios” porque, a juicio de los
afectados, “es una obligación moral de todos en estos tiempos que nos ha tocado
vivir“.
Sobre la actuación de los jueces, Blázquez y la plataforma
han vuelto a pedir que sean sensibles con las personas afectadas por procesos
de desahucio. “Pedimos que se solidaricen y miren bien estos casos. Con la
misma ley se pueden hacer interpretaciones a favor del pueblo y no a favor de
quienes han creado esta crisis“.
“No estaríamos hoy aquí –en referencia a la
protesta de apoyo a Lourdes ante los juzgados- si la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que presentamos en el Congreso hubiera salido adelante“, ha
recordado el portavoz de Stop Desahucios sobre la propuesta de la PAH para legislar y evitar los desalojos de familias de sus casas.
Cabe recordar que e
n la sentencia que ahora se ordena que se ejecute de manera
inmediata, el juez consideró que Lourdes, su pareja y sus dos hijos residen de
manera ilegal en la casa de la que fueron lanzados en 2012 por no pagar el
préstamo bancario concedido por el Banco Santander y a la que, pocos días
después, volvieron cuando un vecino les alertó que la puerta de la casa estaba abierta.
Lourdes acudió a Stop Desahucios cuando su caso ya estaba muy avanzado y la primera orden de desalojo llegó a ejecutarse pese a la oposición de Stop Desahucios. Y es que, de los 72.000
euros que la familia pidió en 2005 al Banco Santander hipotecando su propia
casa para reformarla, solo pudieron hacer frente a los primeros 12.000 euros.
El banco subastó entonces la casa, comprada por un fondo llamado Propiedades
Residenciales con sede en Luxemburgo, que desde Stop Desahucios califican como “empresa
tapadera“ con relaciones con la propia entidad bancaria y que nunca llegó a tomar posesión legal de la vivienda, según los
afectados.