“El fraude no puede beneficiar a quien lo generó o facilitó”. Lo dice una sentencia de este mes de abril del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla. Es una de las múltiples resoluciones judiciales que se están dictando a raíz de las reclamaciones económicas millonarias planteadas por Mercasevilla a los 40 trabajadores que firmaron voluntariamente adherirse al plan de prejubilación de 2007 y que dio origen al caso de los ERE en Andalucía. Mercasevilla cumple este 2021 su 50 aniversario de existencia pero, pasados ya bastantes años desde que estallara el asunto, cuando sus exdirigentes Fernando Mellet y Daniel Ponce solicitaron una comisión ilegal, diferentes juzgados de Sevilla están emitiendo sentencias “contradictorias”, según estos trabajadores, dando la razón al trabajador en algunos casos y en otros no respecto a la devolución de las indemnizaciones acordadas con la empresa.
¿Quién debe hacer frente a las cantidades derivadas de aquella gestión que dio origen al conocido caso de los ERE? “El trabajador siempre pierde”, lamentan, sintiendo que han sido “estafados” por la empresa porque les ofrecieron una compensación para extinguir su relación laboral que después siguen reclamando por vía judicial. Por eso, llevan tiempo tratando de que el Ayuntamiento, que posee el 51% de las acciones de la empresa, retire las demandas planteadas en ese sentido, contando con el apoyo de CCOO y UGT.
Cabe recordar que hablamos en concreto del grupo de trabajadores de la sociedad mixta de 50 o más años que se acogieron en 2007 a unas prejubilaciones acordadas entre la empresa y la Junta de Andalucía. En diciembre de 2019, precisamente un mes después de la sentencia de los ERE, la Justicia consideró que el sujeto obligado al “pago de lo debido” desde 2007 era y es Mercasevilla (Mercados Centrales de Abastecimientos de Sevilla) y que las cantidades percibidas hasta el momento debían ser computables como rentas.
La Sala de lo Social del TSJA se pronunció así respecto a los trabajadores que cobraron la ayuda familiar, solicitada según les indicó la empresa para acogerse al ERE, pero fue la misma Sala la que, en octubre de 2014, consideró que los trabajadores solamente debían percibir una indemnización por despido improcedente, en todo caso con Mercasevilla como responsable. “¿Quién va a aceptar un despido con más de 50 años? Nosotros aceptamos voluntariamente unas condiciones para acogernos a una prejubilación”, insisten. Antes, en marzo de 2019, nueve de estos exempleados fueron absueltos de malversación tras reclamarles la empresa los “excesos” en la indemnización acordada. En 2009, la Junta se desligó de la financiación del ERE al descubrirse la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo a fondos autonómicos, quedando sus rentas en el aire.
Desde finales de 2018 hasta la actualidad, distintos juzgados de lo Social vienen resolviendo los recursos de la empresa para el pago de sus prejubilaciones. “Es una estafa: la empresa te ofrece irte y luego te pide lo que cobras”, resume uno de ellos. Hasta el momento ha habido 15 sentencias favorables y tres en contra en este sentido, con exempleados que han sido condenados a devolver el dinero percibido. Su “miedo”, auguran, es que la misma Sala del TSJA que resuelve sus recursos vuelva a echar por tierra su pelea judicial y les quite la razón, con posibilidad incluso de que se les impida acudir al Tribunal Supremo en última instancia, como ya ha ocurrido en alguna sentencia. De los 40 trabajadores, 13 han fallecido durante estos años, tres de ellos de ataques repentinos al corazón. “Somos terceros de buena fe”, como dijo la propia Mercasevilla en alguno de sus recursos, alegan los exrabajadores.
Cabe recordar también que la Justicia ha ido rebatiendo las tesis acusatorias de la jueza Mercedes Alaya en las piezas del caso de Mercasevilla y su controvertida gestión, de la que tiró del hilo para arrancar la causa de los ERE contra la Junta al advertir “intrusos” en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007. La pieza con más trascendencia mediática, la venta de los suelos, se saldó con la absolución de todos los acusados, y años antes el Tribunal Supremo anulaba la condena al exdelegado de Empleo Antonio Rivas, en una sentencia que absolvía a 13 de las 14 personas acusadas por un supuesto perjuicio económico de medio millón de euros a la lonja sevillana.
En este aspecto, las fuentes de los extrabajadores consideran también que, aunque la Justicia resolvió que el procedimiento de la venta de los suelos fue legal, “no se condenó a los denunciantes a cubrir las pérdidas ocasionadas” y que provocó también la difícil situación económica de Mercasevilla, en concurso de acreedores durante cinco años hasta el pasado mes de abril.
Los extrabajadores del ERE de 2007, que dicen sentirse “rehenes” del nombre de Mercasevilla “como objeto de escarnio público”, algo que “en nada nos toca”. “Los trabajadores de Mercasevilla decidieron voluntariamente acogerse a una prejubiación y en ningún momento dudaron de la buena volunta de la empresa”, concluyen a la espera de que los “cambios de criterio judicial” que han venido observando en las sentencias de los juzgados de lo Social culminen de nuevo afectándoles y dando continuidad a la “incertidumbre vital y económica” que les acompaña desde hace más de diez años al ser Mercasevilla “un objeto arrojadizo en disputas políticas”.
Fuentes municipales indican al respecto a este medio que la decisión de reclamar las cantidades a los prejubilados “se adoptó en el mandato del PP” y que, efectivamente, “se están estudiando posibilidades jurídicas”, teniendo en cuenta en todo caso que, además, “es un tema judicializado, porque está recurrido y ya hay sentencias en primera instancia”.
Por último, señalar que un juzgado de Sevilla está también investigando la presunta ilicitud de las ayudas autonómicas concedidas por la Consejería de Empleo, “extramuros de cualquier legalidad”, para las primas de las pólizas de seguro de rentas colectivas suscritas con relación a las prejubilaciones acordadas en ERE promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla. Hay once personas procesadas, entre ellas los exdirectivos de la empresa Fernando Mellet y Daniel Ponce, el 'conseguidor' Juan Lanzas, responsables de la consultora Vitalia, y de Hermes Consulting y Maginae Solutions, y un 'intruso', en concreto el exmiembro de la ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás formó parte de la plantilla del mercado de abastos.
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