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El Parlamento andaluz pide un informe jurídico tras la querella del fiscal contra un diputado por sus opiniones políticas

La Mesa del Parlamento, pilotada por el popular Jesús Aguirre, preside una sesión plenaria.

Daniel Cela

Sevilla —

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El Parlamento andaluz ha encargado a sus servicios jurídicos un informe tras la petición de amparo registrada el lunes por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, después de que dos agentes de la Policía Judicial entrasen vestidos de paisano en la Cámara legislativa, identificasen en su despacho al diputado y le entregaran una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Este caso es inédito en la historia parlamentaria andaluza y ha abierto un acalorado debate sobre los límites de “la inviolabilidad” de la que gozan los diputados andaluces “por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios”, un derecho reconocido en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía que protege a sus señorías de ser “juzgados o procesados” por el Tribunal Superior de Justicia sin autorización previa de la Cámara.

El pasado enero, García hizo fuera del Parlamento unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento, no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Muñoz Oya las califica de “libertinaje de expresión” en su escrito, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

“La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya el documento.

Los miembros de la Mesa de PSOE, PP, Vox y Por Andalucía no han entrado en la forma ni en el fondo de las palabras de García, pero sí han elucubrado sobre si la inviolabilidad de sus diputados va más allá de los muros del Parlamento, esto es, si las opiniones políticas vertidas fuera de la Cámara están protegidas por ese derecho estatutario, además de la propia libertad de expresión.

La Mesa del Parlamento andaluz, por unanimidad, ha acordado este martes solicitar un informe jurídico con tres patas sobre el asunto que afecta a García: primero, aclarar qué efectos tiene la petición de amparo de un diputado al presidente de la Cámara, reconocida en el artículo 12 del reglamento.

Es el precepto que ha invocado García ante el presidente de esta institución, el popular Jesús Aguirre, y que establece ante “cualquier actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria”, la obligación de “adoptar de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Como no hay antecedentes de que el Parlamento andaluz haya amparado a ninguno de sus diputados, hasta hoy, los letrados de la Cámara tendrán que interpretar cuál es el alcance de ese artículo del reglamento. El portavoz de Adelante Andalucía ha dirigido un escrito a Aguirre denunciando que se siente “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

García espera que se articule algún tipo de medida, porque entiende que la querella del fiscal por sus declaraciones políticas no sólo le afectan a él, sino al parlamentarismo andaluz en su conjunto. Desde su formación aseguran que si Aguirre no actúa como intermediario ante el TSJA -que aún no ha cursado la querella del Ministerio Público- elevarán un recurso ante el Tribunal Constitucional acusando al Parlamento andaluz de no proteger las funciones propias de sus diputados y la libertad de expresión.

La segunda pata del informe encargado a los letrados del Parlamento consistirá en aclarar cómo accedieron dos agentes de paisano hasta el despacho de García para pedirle su credencial de diputado y entregarle en mano la querella del fiscal. Este punto ha levantado cierto revuelo, porque los policías entraron en la Cámara sin que tuviera constancia el letrado mayor ni el presidente de la institución.

Según García, los agentes le telefonearon para informarle de que debían entregarle en mano el aviso de querella de la Fiscalía Superior, y éste les citó en su “lugar de trabajo”, es decir, las dependencias del grupo parlamentario Adelante. En un principio, desde la Cámara aseguraron que los agentes no llegaron a entrar y que el diputado salió hasta la puerta del edificio para recoger el escrito. El letrado mayor, en una reunión con García y Aguirre esta mañana, ha explicado que el procedimiento normal habría sido éste, según fuentes presentes.

El portavoz de Adelante, en cambio, afirma que los dos agentes llegaron hasta su despacho, se identificaron con sus placas, le pidieron su credencial y le entregaron el documento en mano. Dos asesores parlamentarios de García le acompañaron y acreditan esta versión.

Para el PSOE, que considera este asunto “muy grave”, una notificación se realiza por el Juzgado, no por la parte querellante, y puede hacerse en persona en el domicilio habitual o en su lugar de trabajo, si no le localizan en casa. “Se debe pedir auxilio desde la Mesa para poder notificar al Parlamentario. Esa es la práctica normal. Lo de notificar querellas por un policía no es normal, es un funcionario del juzgado quien lo hace y menos aun no hacerlo en el domicilio habitual, el centro de trabajo es excepcional. En este caso es además totalmente inadmisible. Lo más adecuado es que te llame el letrado mayor o el presidente de la Cámara”, dicen.

La tercera pata del informe jurídico es un estudio comparativo con casos similares en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en otros parlamentos autonómicos.

Una investigación judicial

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

Los límites de la inviolabilidad de un diputado autonómico son difusos. Ni siquiera dentro del PP, el grupo mayoritario de la Cámara, hay consenso al respecto. Su portavoz, Toni Martín, ha asegurado en rueda de prensa que “nuestra inviolabilidad se circunscribe al Parlamento, a lo que digan en la tribuna del Pleno o en comisión, no fuera. Eso lo tenemos clarísimo”.

Sin embargo, al mismo tiempo que Martín hacía estas declaraciones, la Mesa analizaba el caso de García y uno de sus miembros, el popular José Ramón Carmona, defendía “con vehemencia” justo lo contrario, es decir, que la inviolabilidad del diputado persiste fuera de la Cámara cuando expresa opiniones políticas, según la versión de otros miembros de la Mesa. Preguntado al respecto, Carmona “ni confirma ni desmiente”, y se remite a lo que haya dicho su portavoz parlamentario.

34 camisetas y una muerte en el río

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque los allegados de Bakhoum pretenden llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, en paralelo, algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia describe la intervención de los agentes que persiguieron al mantero senegalés como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

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