Ayer se cumplían dos meses desde que se hiciera público que Mercedes Alaya quería dar un “paso cualitativo en la instrucción” del caso de los ERE. Lo dijo expresamente en el auto conocido el 2 de julio en el que imputaba a una veintena de cargos y excargos de la Junta. “Ha llegado el momento”, decía, de determinar la participación de personas que habrían permitido el “dispendio continuado de fondos públicos” por el “uso indebido de las transferencias de financiación” y las modificaciones presupuestarias. El “momento” al que aludía la jueza tuvo como primera parada a finales de julio la declaración del exinterventor general Manuel Gómez Martínez. La investigación se centra en los controles del programa 3.1.L, del que partieron las ayudas sociolaborales a la prejubilación y las ayudas a empresas.
El “paso cualitativo” de Alaya va a tener continuidad este mes de septiembre. Incorporada desde este lunes, Alaya centrará su objetivo en las personas que, a su juicio, tuvieron en algún momento participación en el modo de gestionar o utilizar dicho programa presupuestario. Tendrán que acudir este mes al juzgado Antonio Diz-Lois Ruiz, exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y director del departamento de Administración y Finanzas de IDEA desde 2008 (10 septiembre); Antonio Lozano, director general de Presupuestos de 2002-2009 y aún viceconsejero de Presidencia e Igualdad (17 de septiembre); Buenaventura Aguilera, director general de Presupuestos 2009-2012 (19 septiembre); Justo Mañas, viceconsejero de Empleo 2010-2012 (30 septiembre); y Ramón Díaz, exdiputado socialista (9 octubre).
Alaya, después de medio año de baja por enfermedad, retomó el caso tras la Operación Heracles de la Guardia Civil el pasado marzo. A pesar de los avances derivados de aquel operativo, el retraso en la investigación no es menor, y hasta el CGPJ se refirió a la dilatación temporal en la instrucción. Pero lo cierto es que el caso no se ha detenido y las conclusiones de los informes de la Benemérita han ido provocando la aparición de nuevos presuntos implicados en el fraude. El final de la temporada judicial dejaba antes del verano, además de la veintena de personas imputadas relacionadas directamente con la Administración (entre ellas la exconsejera Magdalena Álvarez), otros 23 nuevos imputados como 'intrusos' en determinados ERE, empresarios o intermediarios, como los dos hijos de José María Ruiz-Mateos.
En total, desde el arranque de la investigación en enero de 2011, son ya 116 los imputados, y es de esperar que próximamente se les fije fecha para acudir al Juzgado de Iinstrucción 6. De momento, de los 43 nuevos imputados, sólo los cinco citados anteriormente tienen puesta marca concreta en el particular calendario de la jueza, lo que provoca incertidumbre acerca de hasta cuándo se podrían alargar la cantidad de declaraciones pendientes en la macrocausa de los ERE fraudulentos. Por ejemplo, el primero en declarar este septiembre, el mencionado Diz-Lois Ruiz, lleva imputado 15 meses, desde junio de 2012. En la comisión de investigación del Parlamento del verano pasado se acogió a su derecho a no declarar y aseguró que era un “simple jefe de servicio” en la Consejería de Empleo.
Por el momento, Juan Lanzas y los directivos de la mediadora Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué siguen en prisión preventiva por este caso, de los once que en su momento fueron encarcelados. Lanzas ha visto rebajada recientemente la fianza a 300.000 euros. La Audiencia ha rebatido varias decisiones del juzgado respecto a alguno de los encarcelados y ha permitido, por ejemplo, la posibilidad de que salgan en libertad bajo fianza de 600.000 euros tanto Pascual como Vaqué. Antonio Albarracín, también de Vitalia, sí pudo abonar idéntica cantidad y quedó libre en mayo. El dueño de la consultora Uniter, José González Mata, también ha salido de prisión este agosto tras abonar 450.000 euros de fianza.
“Depurar la instrucción”
La jueza Alaya, antes de marcharse de vacaciones, pidió a la Junta que remita al juzgado la relación de los “intrusos” incluidos en ERE de 2001 a 2010, así como el informe que se hubiera emitido por su gabinete jurídico en relación con el decreto ley de 16 de octubre de 2012 de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis. En la línea que mantienen el Gobierno regional y el PSOE, el vicesecretario general de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, quiso dejar claro este mismo fin de semana que “a nadie le quepa duda” de que la Junta colaborará con la jueza para “el pronto esclarecimiento” del caso.
Antes de hacer las maletas, la Audiencia Provincial también se pronunció sobre los tiempos de investigación de la jueza y la no imputación de aforados, como denuncian algunos abogados de la defensa, defendiendo que Alaya “debe apurar y depurar la instrucción” para “completar la investigación” con “el grado de participación que hubiera podido tener la persona aforada”, instando a posibles aludidos a que se presenten voluntariamente. “En tanto se depura la competencia del Tribunal Supremo, nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar”, dijo la Sección Séptima de la Audiencia.
El Consejo General del Poder Judicial, además de exigir al consejero de Justicia respeto a la instrucción, también respaldó el pasado julio el modo de actuar de Alaya y le concedió, ante la inminente baja del juez de adscripción territorial que hasta ahora le apoya en el juzgado, Rogelio Reyes, un nuevo refuerzo para que “pueda dedicarse a las macrocausas”. Álvaro Martín Gómez, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, le sustituirá en dichas funciones previsiblemente este mismo mes de septiembre.