Tras más de un año en concurso voluntario de acreedores, a Abengoa se le agotan los plazos con su plan de reestructuración -el tercero desde 2015- encallado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que la pasada semana le denegaba acceso al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas ideado para rescatar firmas amenazadas por la pandemia y que se liquida el día 30 de este mes, por lo que el tiempo apremia también por esta parte y no solo por el enésimo ultimátum de los acreedores, también con esa fecha. Si en 2015 estuvo a punto de protagonizar la mayor quiebra del país, siete años después se ve en la misma tesitura.
Sendos encierros de trabajadores de la multinacional en la sede de la SEPI y en Palmas Altas, la principal y situada en Sevilla, sirven de presión para una compañía con más de 80 años de historia y en la que su propia guerra interna dificulta una salida. De hecho, la operación en este caso es para su filial Abenewco, a la que se traspasó la mayor parte de los activos de Abengoa, y que a su vez tiene otras cinco: Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabense y Abenewco1. Por eso, se trataría de beneficiar únicamente a un grupo de acreedores, apostar por la división controlada por estos, y dejar morir a la matriz, descapitalizada y en manos de accionistas minoritarios.
La empresa pidió a la SEPI 249 millones de euros para completar una operación por la que lleva más de un año negociando con el fondo estaudounidense Terramar. Tras serle denegado por no cumplir varios requisitos, este fin de semana presentaba sus alegaciones para agotar este penúltimo cartucho, porque tiene otras opciones, siempre mirando hacia el Gobierno de España, toda vez que la Junta de Andalucía se ha negado a entrar en cualquier plan de rescate pese a tener líneas de avales posibles.
Eso sí, el portavoz del Gobierno de la Junta, Elías Bendodo, sí ha dicho que ellos pedirán “explicaciones” a la SEPI si Abengoa cae. Paradójicamente, la negativa de la Junta de Andalucía de entrar en la operación barajada antes de la pandemia, y que le suponía un aval de 20 millones de euros, fue por las dudas que generaban los líos judiciales de la empresa, las mismas que ha expresado la SEPI.
De momento, la multinacional apura las últimas horas para buscar una salida mientras agota el enésimo plazo de los acreedores de una deuda multimillonaria y entre los que destacan Banco Santander, Bankia, Caixabank, Crédit Agricole y los fondos KKR, Blue Mountain, Alden y Melqar. La opción presentada a la SEPI, que todavía podría aceptar las alegaciones (aunque es poco probable) pasa por 249 millones de euros del ente público, un máximo de 300 en avales de los bancos para poder emprender proyectos y la aportación de Terramar, que se haría con el 70% de Abenewco por otros 200 (60 en capital y 140 en deuda). Si la SEPI acepta debería ir al próximo Consejo de Ministros para llegar in extremis a estos fondos públicos creados por la pandemia.
En cualquier caso, si persiste ese “no” de la SEPI, cuyo informes dudan de la operación por la cantidad de pleitos contra el grupo todavía pendientes en varios países, no supone liquidación de inmediato de la empresa y la pérdida de los 8.700 puestos de trabajo que le quedan, tras el despido de miles estos años por la caída de proyectos dada su imposibilidad de afrontar nuevos avales. La deuda suma 4.783 millones de euros, y casi 6.000 si se cuentan las de proyectos en venta.
En este sentido, la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada del concurso voluntario de acreedores solicitado por la compañía tras no prosperar el acuerdo de reestructuración pactado en agosto de 2020, ha ordenado la apertura de la fase de convenio, fijando el 1 de julio como fecha final para la presentación de propuestas.
Eso van a hacer los accionistas minoritarios, como ha expresado el presidente de Abengoa, Clemente Fernández, quien sigue sin creer que la SEPI se vaya a meter en un plan de rescate que beneficiaría básicamente a los fondos estadounidenses que controlan la deuda. Creen que el Gobierno de España debería impulsar un convenio de acreedores “con menos de la mitad de recursos públicos”. Para ello recuerda que, con un 3,1%, el Estado es el mayor accionista particular de Abengoa, y debería incrementar su participación en el grupo “en la medida en que considere oportuno”. Por ello, pretenden un convenio que sea votado y aprobado antes del 1 de septiembre para ir hacia esa recapitalización de la matriz y aumentar la participación pública a través de una ampliación de capital, que costaría “mucho menos” a las arcas públicas, según ha defendido en una entrevista con Efe.
Los comités de empresa de las filiales han incidido este domingo en que las arcas estatales sufrirán un “impacto de aproximadamente 500 millones de euros” si la SEPI no accede a conceder la financiación solicitada para el reflote. En ese cálculo figuran por ejemplo 157 millones de euros de la “ejecución de los avales garantizados” por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), 80 por la “imposibilidad de repago” de cuantías a la Seguridad Social, más IVA e impuesto de sociedades por importe de 67 cada año.
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