Un PGOU suele tardar una media de cuatro años
La agilización de los trámites para los PGOU (plan general de ordenación urbana) es una reivindicación de hace años, especialmente por parte de los municipios, que han visto muy limitadas sus aspiraciones con el marco que supuso, primero, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2002, centrada sobre todo en evitar la creación de nuevos núcleos de población aislados, y segundo, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) de 2006, que limitó e el crecimiento a un máximo del 30% del término municipal y a un 40% de la población.
La clave está en superar los problemas que actualmente encuentra los consistorios para sacar adelante un PGOU. Como explica la arquitecta municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), María del Villar Garcés Besga, “es un largo camino lleno de obstáculos que sólo algunos municipios consiguen superar”, en la mayoría de los casos en no menos de “cuatro años de media” entre las aprobaciones inicial, provisional y definitiva. En este sentido, recuerda que para que la emisión de cada informe, hay que mantener numerosas reuniones previas a la solicitud con técnicos de cada consejería para saber si falta documentación o si la propuesta se adecua a los criterios fijados. “En caso de no contar de entrada con todos los requisitos, el informe queda bloqueado hasta que la documentación esté completa”, apunta.
El objetivo es que los municipios puedan redactarlo de forma completa desde el primer momento. Y es que, una vez aprobado inicialmente el texto y hecha la exposición pública correspondiente, comienza la solicitud de informes sectoriales. “Es ahí donde se produce el atasco debido a la cantidad de informes sectoriales (cultura, medioambiente, carreteras, aguas, municipios colindantes…) que deben ser emitidos”, recalca. Sólo el informe de medioambiente (la declaración previa que se emite tanto sobre el PGOU propiamente dicho como para el estudio de impacto ambiental que lo acompaña) tarda entre seis y ocho meses en emitirse, “en el mejor de los casos”. Pero ocurre que “la mayoría de estos informes los emiten las distintas consejerías, pero que en este tema funcionan como si se tratara de administraciones diferentes sin ningún tipo de conexión entre ellas”.
Por otro lado, como no existe un listado exhaustivo de la documentación necesaria, y en la ley sólo aparece someramente, “a lo largo de la tramitación van surgiendo nuevos documentos y estudios necesarios, que exigen las diferentes administraciones para emitir sus informes”. Estos nuevos documentos suponen gastos imprevistos, en algunos casos de cantidades de dinero muy elevadas, que son, en muchos casos imposibles de asumir en ese el ejercicio corriente, y deben preverse en el presupuesto del año siguiente...
Suma a esto “otra cuestión, que siendo tangencial, no es menos importante: los numerosos cambios legislativos que tienen lugar durante todo el tiempo que dura la tramitación”. Recuerda así el caso del POTA que obligó a muchos municipios a reiniciar sus PGOU cuando ya estaban en una fase avanzada de redacción. “De hecho, si bien las disposiciones transitorias de las normativas sobrevenidas en muchos casos no afectan a planes que cuenten ya con aprobación inicial, lo cierto es que esos planes ya se aprueban siendo incompatibles con éstas, es decir que nacen siendo viejos, y deben ser modificados al poco de aprobarse”, apostilla.
Para ella, es fundamental esta medida en aras de permitir un urbanismo planificado y que el PGOU no pierda sentido buscando atajos como el de las modificaciones puntuales, con una tramitación más sencilla y rápida, pero que debería ser excepcional. “La mayoría de los municipios, ante la enorme dificultad que supone la tramitación de un PGOU, cambian sus planeamientos, que suelen ser muy antiguos (de los años 80 o 90) de forma fragmentada, mediante modificaciones puntuales. Se llega así a la incongruencia de que, el urbanismo, que debe ser básicamente planificación, se aborda, en realidad y durante años, por parte de los municipios, de forma casuística, fragmentada y caótica, como suma de muchas pequeñas modificaciones puntuales, inconexas”, agrega.
De hecho, pese a que el planeamiento es un documento público, que todo ciudadano tiene derecho a conocer, es prácticamente imposible. “Este conocimiento se ve gravemente entorpecido en los municipios cuyo planeamiento lo constituyen un documento, aprobado en los años 80 y 200 modificaciones puntuales (como es el caso de la mayoría de los municipios de la provincia de Sevilla), ya que hay que ser un experto para poder interpretar, en el mar de modificaciones puntuales, cual es la concreta clasificación y calificación actual vigente”, agrega.
Hay que añadir que, puesto que su tramitación supera los cuatro años, puede que el alcalde que impulsa el PGOU, no sea el mismo que lo tramita y por tanto, puede sufrir modificaciones por motivos políticos.
La letrada Sofía Acuña, socia de Altius Abogados, abunda en que durante los últimos años, determinados instrumentos, como el POTA o el reciente Plan de Ordenación del Litoral, no han resultado de ayuda para el desarrollo de los municipios. “Han tenido la obligación de adaptar sus planes urbanísticos a esos planes superiores, lo que ha contribuido a una extremada ralentización, casi parálisis y parece que hay voluntad de terminar con esta situación”, sentencia.
