SEQUÍA

Los planes de emergencia frente a la sequía de los municipios andaluces: una obligación legal convertida en papel mojado

La situación excepcional de sequía está obligando a parte del territorio andaluz a limitar el consumo hídrico, con repercusiones graves para la actividad agrícola y turística que amenazan con extenderse al consumo humano. El Gobierno de la Junta de Andalucía insiste en que está muy preocupado por paliar los efectos de la falta de lluvias, y municipios y mancomunidades se afanan por que los ciudadanos restrinjan el consumo. La situación de apuro contrasta con la pasividad mostrada durante años: una parte sustancial de los sistemas de abastecimiento andaluces incumple la obligación legal de disponer de un plan para situaciones de sequía, vigente desde 2010.

Es el caso de ciudades como Almería y mancomunidades como la de la Costa del Sol Occidental o la Axarquía, esta última sometida ahora a un gran estrés hídrico por la situación del embalse de La Viñuela, que se acerca a su mínimo histórico. En algunos otros casos, como el de Roquetas de Mar, la aprobación del plan de contingencia se ha producido hace apenas un mes.

A finales del año pasado, el Observatorio Ciudadano de la Sequía publicó un mapa: menos de la mitad de los municipios o agrupaciones para el abastecimiento urbano cumplían con su obligación de disponer de un plan contra la sequía. La situación no ha variado sustancialmente, según la información recabada por elDiario.es Andalucía. “Esta carencia implica que no tienen la herramienta para gestionar adecuadamente este tipo de eventos”, denuncia Jesús Vargas, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Málaga, investigador del Observatorio y autor del artículo científico Análisis sobre el cumplimiento de los Planes de emergencia por sequía para abastecimientos urbanos en Andalucía, publicado en 2020. “Se vuelve a gestionar la situación como una crisis o emergencia, por ejemplo, con cortes de agua, cuando quizá medidas paulatinas contempladas en un plan gradual hubieran evitado estas afecciones graves”.

Esta carencia ha despertado el interés del Defensor del Pueblo Andaluz, que está valorando actuar, según confirman fuentes de la institución.

Sin planes en Málaga

Es llamativa la ausencia de planes en los principales abastecimientos de Málaga. “Ya estamos en ello. Los técnicos lo están preparando”, responde Gregorio Campos, vicepresidente de Axaragua. ¿Por qué la mancomunidad de La Axarquía, de la que depende Axaragua, no ha cumplido la obligación legal desde 2010? “No lo sé. El sistema estaba fuerte. Puede ser por dejadez o porque el problema no era acuciante. Nosotros somos meros intermediarios y hacemos recomendaciones. Son los ayuntamientos los que tienen que imponer medidas”. Campos asegura que la Junta de Andalucía no les instó a cumplir con la Ley de Aguas hasta después de la reunión del Comité de Gestión de la Sequía del pasado 3 de octubre.

Axaragua suministra el agua en alta a 14 municipios de La Axarquía, en situación de sequía extrema y ya sin agua para el riego, que consume el 85% del recurso. En julio pidió a los ayuntamientos que adoptaran planes para ahorrar hasta el 20% de su consumo habitual. En situaciones de normalidad, obtiene el agua de La Viñuela, pero el embalse ya está por debajo del 10% de su capacidad, por lo que ahora la recibe, sólo para consumo humano, desde La Rosaleda (Málaga capital), a razón de 320 litros por segundo. En Comares ya se están imponiendo multas por consumos excesivos, pero Campos admite que pequeños municipios como este o el que gobierna (Iznate) tienen problemas para controlar las medidas de ahorro.

También la Costa del Sol occidental está en situación excepcional de sequía, pero la mancomunidad (que agrupa municipios como Marbella, Mijas, Fuengirola o Torremolinos) no dispone de plan de emergencia. Fuentes de Acosol, la empresa pública que se encarga del suministro, explican que sus técnicos prepararon un plan en 2006, pero no llegó a remitirse a la Junta de Andalucía porque la sequía terminó. Algo similar ocurrió el año pasado. Como las lluvias aliviaron la situación, se aparcaron los trámites para elaborar un plan.

En Almería también esgrimen que ahora no están mal para justificar por qué si ignora la obligación de tener un plan para cuando no estén tan bien. Hay un “plan de optimización de recursos” y, al disponer de una desaladora, no prevén “problemas de agua”, dicen desde el consistorio. En Málaga capital, la web de EMASA (empresa municipal) no recoge ningún plan, y el ayuntamiento no ha respondido. Las últimas referencias en prensa datan de 2005: en situación de sequía extrema, contemplaba aportar agua en barcos.

Consecuencias del incumplimiento de la ley

La Junta de Andalucía ha adoptado medidas excepcionales en los dos decretos aprobados hasta ahora, pero el artículo 63 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece taxativamente: “Los municipios, por sí solos o agrupados en sistemas supramunicipales de agua, con más de diez mil habitantes, deberán obligatoriamente aprobar planes de emergencia ante situaciones de sequía”. Una vez aprobados, son obligatorios, de modo que la consejería competente en materia de agua “podrá imponerlos subsidiariamente y a costa del municipio”.

La norma andaluza hacía más estricta para los municipios de las cuencas intracomunitarias gestionadas a nivel autonómico [cuencas de los ríos Guadelete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras, y Cuencas Mediterráneas Andaluzas], la previsión que ya contenía el Plan Hidrológico Nacional de 2001 para la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en este caso para los abastecimientos de más de 20.000 habitantes. La ley confiere a la administración autonómica un papel vigilante, que la Junta de Andalucía ha ignorado durante ocho años de gobiernos socialistas y en la pasada legislatura de Gobierno PP-Ciudadanos.

Sin embargo, la ley apenas concreta qué deben recoger estos planes. “Se trata más bien de unas instrucciones técnicas que se remiten a los organismos de cuenca y que estos aprueban, muchas veces con silencio administrativo”, apunta Luis Babiano, gerente de la Asociación de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS).

Vargas señala que deben caracterizar el sistema (de dónde se obtiene el recurso, las infraestructuras disponibles y cómo se consume) y establecer unos indicadores para fijar escenarios (normalidad, prealerta, alerta y emergencia), con una serie de actuaciones previstas en cada uno. Conforme se pasan etapas se adoptan medidas más estrictas. “El objetivo es que aplicando las medidas progresivas nunca se llegue a la situación de emergencia, cuando las medidas que se adoptan son ineficientes, más caras y meramente compensatorias, porque ya estamos sufriendo la situación”, explica el experto. Es decir, ir adoptando medidas paulatinas que eviten o al menos retrasen las más perjudiciales.

Una consecuencia de que se acabe actuando atropelladamente es que se ejecuten obras de emergencia cuya puesta en funcionamiento acaba demorándose tanto que ya no sirven para lo que iban a resolver, o que se acometan actuaciones que se salen de ese marco. El embalse de Melonares (Sevilla) se construyó de urgencia bajo los efectos de la traumática sequía de 1992, pero siguen faltando canalizaciones que permitan su uso pleno, igual que ocurre con los de Rules (Granada) o Siles (Jaén).

“No hay un discurso de gestión de la sequía”

En Andalucía, sólo han cumplido de forma generalizada con la obligación de aprobar planes de sequía las entidades dependientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ofrece su apoyo técnico para elaborar planes desde 2019. En la actualidad, de los 21 sistemas con la obligación legal, siete no han presentado sus planes, según los datos de la propia Confederación entregados a este diario: Puertollano, Fresneda (estos dos, con parte de la demanda fuera de Andalucía), Sierra Sur de Sevilla, Priego de Córdoba, Loja y Baza. Estos dos municipios anunciaron en febrero su intención de iniciar los trámites.

En Cádiz, Sevilla o Lucena se han aprobado planes siguiendo las directrices técnicas de AEOPAS y la Fundación Nueva Cultura del Agua, con la participación de entidades vecinales, empresas y administraciones. “Al final son medidas que afectan al ciudadano: si se conocen, y han sido discutidas de manera abierta, no generan tanto conflicto a la hora de ejecutarlas”, esgrime Babiano. Pero lo esencial es que parecen funcionar. En Sevilla, que acaba de declararse en alerta prohibiendo el riego con agua potable, ha permitido ahorrar el 3% del consumo habitual aplicando las medidas de prealerta, según AEOPAS.

La situación es diferente en las cuencas de competencia autonómica. Después de una década en la que la previsión de la ley era papel mojado, los entes de gestión no comunicaron los umbrales de consumo hasta mitad de la legislatura pasada, según explica Babiano. “La Junta de Andalucía llegó tarde a dar las instrucciones técnicas y los niveles de difusión son bajos”, a pesar de que la ley establece que la consejería debe ofrecer asesoramiento técnico en la elaboración de los planes.

Ahora, el Gobierno autonómico está poniendo el énfasis en la ejecución de actuaciones de emergencia con las que paliar la situación actual, prometiendo desaladoras, trasvases y canalizaciones. “No hay un discurso de gestión de la sequía, sino una creencia en la infraestructura de emergencia. Eso es de carácter paliativo”.

La falta de transparencia es otro de los problemas. “Hay entidades que dicen que sí tienen un plan, pero luego es imposible encontrarlo. De esta forma, la participación ciudadana en el debate es muy difícil. Debe estar sometido a consulta pública”, lamenta Jesús Vargas. La Consejería de Agricultura, Pesca y Aguas (de la que dependen los organismos de cuenca intracomunitarios) no ha informado a este medio de cuántos planes se han aprobado, y qué ha hecho para exigir el cumplimiento de la Ley de Aguas. Por su parte, la Federación Andaluzas de Municipios y Provincias, que el viernes analizó la situación de sequía en su comisión ejecutiva, esgrime que no tiene poder ejecutivo: “Solo hacemos recomendaciones a los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones”.

“Dudo de que algunas entidades sepan siquiera que hay que hacer el plan de emergencia”, concluye el responsable de AEOPAS. “El problema es que solo nos acordamos del agua cuando entramos en sequía, y para que no nos veamos en esa situación hay que hacer el trabajo antes”.