La Plataforma por los Derechos Trans ha hecho pública su condolencia a los familiares de Alan, un joven de 17 años que se ha quitado la vida en Barcelona tras sufrir acoso escolar por su condición de transexual. Había sido uno de los primeros autorizados a cambiar su nombre en el DNI en Cataluña. En este contexto, la plataforma ha recordado que según estudios realizados por Newton Massachusetts Education Development Center y National Center for Transgender Equality/National Gay & Lesbian Task Force, ambos hechos públicos en 2010, el 83 % de los menores transexuales piensa en el suicidio y el 41 % lo intenta.
“Es responsabilidad de toda la sociedad evitar situaciones de discriminación, pero los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el libre desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos, social, familiar y educativo”, apunta este colectivo en un comunicado. Por ello, desde la Plataforma recuerdan que la Constitución española establece en su artículo 10, que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, y el libre desarrollo de la personalidad, son fundamento del orden político y de la paz social.
Por su parte, tanto el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales proclaman el derecho a la vida privada, “en la que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias”. La jurisprudencia española y de otros países, y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconoce estos derechos y valores a las personas cuya identidad sexual no coincide con la que se les asignó erróneamente al nacer.
“Los menores también son titulares del derecho a la identidad sexual. Fueron excluidos expresamente de la Ley 3/2007 registral de cambo de nombre y sexo, lo que lejos de atender a su interés superior tal y como impone a los órganos legislativos la Convención sobre los Derechos del Niño, se les obstaculiza el respeto a sus derechos fundamentales, que son menoscabados al obligarles a exponer públicamente que su nombre y sexo registral no coinciden con el que sienten y muestran”, expone la plataforma en su escrito.
También cita la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, tras su reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que establece, como uno de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores, el libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual. “Como se ha expuesto, sólo reconociendo el derecho a la identidad sexual autopercibida, será posible que el desarrollo de la personalidad de los menores conforme a su identidad sexual sea verdaderamente libre”, agrega la plataforma.
Por ello, exige “urgentemente” un cambio en la Ley 3/2007, que incluya a los menores y se elimine cualquier procedimiento o requisito médico, que coarte la identidad libremente determinada. “La sociedad, los medios de comunicación, las familias, los poderes públicos, han de velar por los derechos, el respeto y la diversidad de la ciudadanía, si no, estaremos construyendo una sociedad enferma, y la transfobia en una enfermedad que mata”, agregan. Finalmente, exigen a los políticos un consenso en la tramitación urgente de una Ley Estatal de Transexualidad y de contra los delitos por LGTBifobia.