El presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, reclamó al Estado en los tribunales una indemnización de más de medio millón de euros por inhabilitarlo como juez durante seis años. Ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha dado parcialmente la razón en esa reclamación, aunque deja en manos del Consejo de Ministros la potestad de decidir si la paga o no y la cuantía que abonará al diputado de la extrema derecha.
La Comisión Permanente del CGPJ ha informado en sentido parcialmente favorable a la reclamación patrimonial formulada por el líder de Vox en Andalucía contra los acuerdos de este mismo órgano por los que primero se denegó su reingreso en la carrera judicial y luego se le destinó a un Juzgado de Badalona. El magistrado, actualmente diputado del Parlamento autonómico, alegó que esas decisiones le causaron daños personales y económicos que cuantifica en 516.635 euros.
El Poder Judicial entiende que se dan “los requisitos necesarios para la apreciación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”, pero sólo en relación con el primero de los dos acuerdos, adoptado el 2 de marzo de 2017 y posteriormente anulado por el Tribunal Supremo, que ordenó el reingreso de Serrano al servicio activo. Al haberle denegado ese reingreso en primera instancia, dice el informe, se le causó un daño individualizado y evaluable económicamente que no tenía el deber jurídico de soportar. La Comisión Permanente no se pronuncia respecto a la cuantía de la indemnización, ya que la decisión sobre si se le concede o no y, en su caso, en qué cantidad corresponde al Consejo de Ministros.
Serrano fue inhabilitado durante seis años tras modificar el régimen de visitas a un menor para que pudiera salir en una cofradía en la Semana Santa de Sevilla de 2010. En octubre de 2011, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al juez de Familia de Sevilla a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación culposa por alterar el régimen de visitas a unos padres divorciados para que su hijo menor de edad saliera de paje en una cofradía de la Madrugá, en abril de 2010. El tribunal obligó al hoy diputado de Vox a pagar las costas del proceso y a indemnizar a la madre del niño con 4.000 euros.
Su inhabilitación “indebida”, según alega Serrano, se prolongó desde el 27 de agosto de 2013 (cuando se debió terminar la condena que se le impuso, según su versión) hasta que el Tribunal Constitucional lo rehabilitó como juez a finales de 2016. Posteriormente el CGPJ le asignó nuevo destino, que Serrano dejó sin ocupar cuando solicitó el acta de diputado en el Parlamento. El medio millón que reclamó como indemnización al Estado incluye los salarios, trienios y pagas extraordinarias, además de “los intereses y el daño moral causado”.
El segundo acuerdo del Poder Judicial, de 15 de marzo de 2018, destinó a Serrano a un juzgado de Badalona. Esa decisión no fue recurrida por vía administrativa ni judicial, por lo que la reclamación patrimonial iniciada con posterioridad por el diputado de Vox no puede convertirse en una vía de recurso o impugnación de los acuerdos “consentidos y firmes”, informa el Poder Judicial en un comunicado.
En este caso, tras cumplir una pena de dos años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación, Serrano solicitó al CGPJ su reingreso en la Carrera Judicial. El 2 de marzo de 2017, la Comisión Permanente rechazó su petición al entender que había perdido la condición de juez y que, para volver a adquirirla, debía realizar de nuevo las pruebas de acceso. El acuerdo fue anulado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ordenó su reingreso al servicio activo.
El 15 de marzo de 2018, en ejecución de la sentencia del alto tribunal, la Comisión Permanente le nombró titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Badalona. Dos meses después, Serrano solicitó la excedencia voluntaria en la Carrera Judicial.