INVESTIGACIÓN
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental está investigando, a requerimiento de la Fiscalía de Sevilla, una denuncia contra el letrado mayor del Parlamento de Andalucía, el jefe del Servicio de Informática y otros funcionarios de la Cámara autonómica por un supuesto “engaño” a la propia Fiscalía.
Así consta en el escrito presentado por las personas denunciantes, anteriormente funcionarios en servicio activo del Parlamento de Andalucía, ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que en octubre remitió el asunto al Ministerio Público en Sevilla.
La denuncia que ahora se investiga está íntimamente relacionada con unas diligencias de investigación, archivadas por la Fiscalía de Sevilla en julio, por unas presuntas irregularidades en materia de contratación pública, en concreto en dos adjudicaciones del Parlamento de Andalucía a una empresa informática por un total de 350.000 euros. Cómo se elaboró y gestó el principal informe que motivó el archivo respecto al contrato negociado sin publicidad más goloso, de 263.000 euros, es lo que ahora trata de determinar la Policía pese a que la pormenorizada doble denuncia, principalmente de carácter técnico, terminó archivándose.
En los últimos días, en la comisaría central de la avenida Blas Infante, en Sevilla, el grupo policial ha tomado ya declaración en calidad de testigos a las personas que denunciaron el caso a principios de septiembre. Como ya confirmaron fuentes del Parlamento, siete trabajadores del Servicio de Informática elaboraron un informe sin que la Cámara lo pidiera y que terminó siendo clave para que la Fiscalía archivara la investigación. Según habían advertido los denunciantes, la Fiscalía de Sevilla había cerrado “en falso” la investigación “haciendo pasar como independientes informes que vinieron del entorno del denunciado” en primera instancia, esto es, del jefe del Servicio de Informática.
Cuando archivó el caso, el fiscal consideró que aquellos informes fueron “emitidos por funcionarios públicos cuyos servicios se prestan en ese ámbito específico y sobre cuya actuación no existe en las actuaciones sombra de duda”. Pero tanto el hecho de que “todos los firmantes” tuvieran “dependencia jerárquica y directa” respecto al jefe de Informática, y cómo se produjeron los acontecimientos, que se detallan en la nueva denuncia, les llevaron a presentar otro escrito ante la Fiscalía.
Los denunciantes apuntan que en una tarea “tan sensible e importante” como la elaboración y firma de ese informe “no participó” ningún funcionario del subgrupo A1 del Servicio de Informática pero sí constan “funcionarios adscritos a subgrupos inferiores y ”con escasa formación y nula experiencia en la materia“. ”Los firmantes no pueden estar más lejos de ser 'entendidos en la materia' como los calificó la Fiscalía“ para dar carpetazo al asunto, argumenta ahora la denuncia.
La primera denuncia, de diciembre de 2022, aludía a un expediente de contratación a la empresa Guadaltel por 90.000 euros (el procedimiento fue abierto y otra empresa también participó) para implantar un sistema de sede electrónica y sede virtual en el Parlamento, apuntando que se había certificado, y pagado, sin estar ejecutado. La segunda denuncia, de marzo de 2023 y que ampliaba la primera, se refería a otra contratación para el desarrollo, mantenimiento y soporte de los productos de una plataforma de administración electrónica, por valor estimado de 263.000 euros. Según lo denunciado, otras empresas podrían haber optado a ser contratadas porque podrían prestar el servicio que se solicitaba. Ese contrato se formalizó el 24 de julio de 2023, con las firmas de Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, y Juan Navascués, representante de Guadaltel. El decreto de archivo tuvo fecha de 6 de julio. Los servicios administrativos del Parlamento solicitaron firmar el contrato en vista de los perjuicios que suponía no tenerlo vigente, y a la Mesa le pareció bien, apuntaron por entonces fuentes del Parlamento.
Tras el archivo de esas primeras denuncias, y por todo lo expuesto respecto al informe, se presentó esta nueva y tercera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que, al no considerarla de su competencia, en octubre instó a la Fiscalía de Sevilla a retomar el asunto si así lo estimaba oportuno. Tras un nuevo análisis, la Fiscalía de Sevilla abrió otras diligencias de investigación. La nueva denuncia se ha presentado directamente contra el letrado mayor, Manuel Carrasco (nombrado en octubre de 2022), como máximo responsable de la Secretaría General del Parlamento, y el personal de Informática, principalmente, con base a similares argumentos, pero esta vez por haber 'salvado' un supuesto 'dedazo' a una misma empresa a pesar de que los denunciantes, que en ese momento trabajaban para el Parlamento, sostienen que se había advertido con anterioridad que el proceso de contratación no debía de hacerse como procedimiento negociado sin publicidad.
La Fiscalía Anticorrupción argumentó ante la Fiscalía de Sevilla que el denunciante había mostrado tras el archivo “su desacuerdo con las valoraciones y apreciación de la prueba por el fiscal encargado de la tramitación de las diligencias de investigación”. Pero, ahora, el mismo fiscal de Sevilla que archivó el caso ha abierto nuevas diligencias, confirman fuentes judiciales, y dando traslado de la denuncia a la Policía Nacional, que está llamando a testificar a personas implicadas. Fuentes oficiales del Parlamento consultadas ahora no quieren pronunciarse respecto a la investigación en marcha.
La denuncia que se investiga, para más detalle, dice que los siete firmantes registraron el informe “de manera espontánea” y que “ningún superior” se lo encargó. “Nadie les pide ese informe, y sin embargo ellos lo aportan de manera espontánea en lo que es una indubitada interferencia en una investigación en curso de la Fiscalía Provincial de Sevilla”, relata la denuncia. En concreto apunta que “se genera fuera del Parlamento e ingresa en esta institución cuando sus firmantes lo registran de entrada”, esto es, el 17 de abril de 2023, apenas cinco días después de que el asunto trascendiera en prensa y que motivó la paralización temporal de la adjudicación.
Además de que posiblemente los informáticos “dotan” al informe de la imagen corporativa del Parlamento “induciendo a error”, la denuncia alude a esa hipotética falsedad documental y hace otra consideración importante que eleva la sospecha a una de las máximas autoridades del Parlamento: “Es inexplicable asimismo cómo es posible que el letrado mayor acepte, convalide y potencie esta intromisión de los firmantes en la investigación en curso, otorgando validez a un informe espontáneo, tendencioso y contaminado que le 'cae del cielo', y que a sabiendas blanquea y dota de verosimilitud desde el momento que lo remite a la Fiscalía Provincial de Sevilla”.
El Parlamento, en ese sentido, ya informó a este periódico que la Secretaría General envió a la Fiscalía el informe del jefe del Servicio de Contratación, que incluyó como anexo el expediente de contratación, en el cual estaba el informe de los siete informáticos.
Para los denunciantes, Carrasco fue “cómplice de los firmantes en este engaño a la Fiscalía Provincial de Sevilla, el cual tiene como única finalidad la de ayudar al denunciado a eludir la investigación”. “La premura de los firmantes del informe no tiene otro fin que el eliminar la necesidad de que la Secretaría General deba recabar un informe técnico riguroso e independiente” al objeto de que, según se desprende a lo largo de la denuncia, el jefe del Servicio de Informática saliera indemne de la primera investigación de la Fiscalía.
Es de recordar que los informes técnicos en los que se apoyó la Fiscalía de Sevilla para archivar la denuncia contra el jefe del Servicio de Informática se pidieron por registro ante el Parlamento por parte de uno de los denunciantes, funcionario activo por entonces, si bien le fue denegado el acceso y llevó el asunto al Consejo de Transparencia y Protección de Datos. Este organismo le respondió que los posibles incumplimientos del Parlamento solo se podían recurrir en el orden contencioso-administrativo.
La propia Fiscalía también le impidió en octubre el acceso a los informes que habían posibilitado el archivo de la denuncia y su ampliación por no invocar “un interés legítimo concreto”. También se impidió a elDiario.es Andalucía el acceso al principal informe por haber formado parte de unas diligencias de investigación preprocesal. Según argumentó el Portal de Transparencia del Parlamento, facilitarlo “conllevaría un perjuicio para la prevención, investigación o sanción de posibles ilícitos penales” si el asunto se llevara a un juzgado de Instrucción.
“¿Consideraría la Fiscalía Provincial de Sevilla como una prueba válida una autopsia presentada de manera espontánea por alguien ajeno a una investigación en curso? ¿Mejoraría algo el esperpento que la autopsia tuviese siete firmantes, amigos del sospechoso, y que además no tuviesen formación ni experiencia en medicina forense? Esto y no otra cosa es lo ocurrido con el informe, concebido como un engaño a la Fiscalía Provincial de Sevilla en el seno del Parlamento de Andalucía por parte del denunciado, los firmantes del informe, y quienes desde la Secretaría General lo trasladan ya blanqueado a la Fiscalía Provincial de Sevilla”, relata la denuncia, suscrita por funcionarios en servicio activo del Parlamento de Andalucía cuando fue interpuesta.
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