La asignación de fondos para las denominadas Políticas Activas de Empleo (PAE) ha sido el último encontronazo entre Gobierno central y Junta de Andalucía que tendrá continuidad este martes en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo andaluz. En plena Semana Santa, la Junta tachaba de “castigo” y “maltrato” hacia la comunidad autónoma el reparto de dinero para esta materia tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo el pasado martes en Madrid. El PP andaluz y el propio Ministerio de Empleo criticaban la “demagogia” de la Junta y achacaba el descenso de las partidas a la “mala gestión” del Gobierno de Susana Díaz.
El dato objetivo dice que la cuantía total adjudicada para 2017 en Andalucía en esta materia concreta será de 358,2 millones de euros, 11 millones menos que en 2016 pero, ¿por qué este descenso de inversión en una de las comunidades más castigadas por el paro mientras para el resto aumentan los fondos? ¿“Recortes” dirigidos de Rajoy o “inacción” de Susana Díaz?
La asignación de los recursos estatales para estas políticas (relativas básicamente a programas de orientación, formación profesional para el empleo e intermediación laboral) se realiza principalmente en función de los resultados obtenidos el año anterior. En concreto, un 70% por la evaluación de objetivos y un 30% por el número de parados.
El problema reside en que nadie conoce con exactitud, o nadie dice conocer, qué cuantía ha tenido que devolver supuestamente Andalucía y en qué medida se han cumplido o no los objetivos. Los criterios se basan en unos “complicados algoritmos matemáticos” que “si no cumples, penalizan para el siguiente año”, señala a este periódico el secretario de Formación y Empleo de UGT-A, Oscar Martín.
El caso es que ni Ministerio ni Junta ni sindicatos han acertado a ofrecer datos que expliquen los motivos para la evolución de la asignación de fondos. “Hay un supuesto baremo que nadie sabe cuál es”, dicen fuentes de la propia Consejería de Empleo. “No lo sabemos ni nosotros, el Ministerio no ha facilitado esa tabla, nos gustaría ver cómo ha cumplido el resto de comunidades”, añaden.
¿Cumple o no cumple la Junta?
El Ministerio de Empleo repartirá entre las comunidades autónomas 1.893,32 millones para las PAE, un 5,14 % más que en 2016, de los que 358,2 millones corresponden a Andalucía, un 3,08 % menos que en 2016. La Junta y el PSOE hablan directamente de recortes “injustificados” a Andalucía, simplemente por el color político, mientras el Gobierno de Rajoy y el PP aluden a que el motivo es que Andalucía ocupa el farolillo rojo en el índice de cumplimiento de los objetivos pactados entre todas las partes en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE). Ello “le penaliza respecto al crecimiento general” de la media en España, ha dicho la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar de los populares andaluces, Ana Mestre.
De los pocos datos en ese sentido que han trascendido, señala el dirigente de UGT, miembro del Consejo Nacional de Empleo, es que Andalucía, en el índice de cumplimientos de objetivos acordados, ejecuta el 0,35% y el resto ejecuta de media un 0,54%. Otro dato que aporta Oskar Martín es que, en lo relativo a las políticas de formación profesional para el empleo como política activa, el índice de cumplimiento de la Junta se ha situado en el 0,025%, el de la media de las comunidades ha sido de un 0,6%.
¿No gasta la Junta el dinero que le destina el Gobierno central para políticas activas de empleo? “Acumulamos en cinco años casi 2.200 millones de euros menos en fondos para el empleo que tendrían que haber venido a Andalucía justo cuando más lo necesitaba”, lamentaba hace unos días el secretario general de Empleo de la Junta, Julio Coca, quien aseguraba que la comunidad ha pasado de recibir el 26% de los fondos en 2011 a el 18% para este año, unos datos que corroboran desde UGT Andalucía.
El contraataque de Andalucía
“Andalucía ha cumplido por encima del 92%”, sentencian fuentes de la Consejería de Empleo, salvo en tres cuestiones. Una, las políticas de formación (“no se puede evaluar una cosa que no se ha hecho, por lo tanto no hay incumplimiento ni mala gestión”, explican). Dos, la inexistencia de acuerdos con agencias privadas de colocación, “con quienes no se sucriben convenios por mandato del Parlamento andaluz”. Son más de 20 millones asignados sin ejecutar en ese sentido, reconocen, “pero porque no hay convenios, no porque haya habido incumplimiento”. Y tres, “una partida específica también de más de 20 millones para parados de más de 45 años llegó el 23 de diciembre de 2016 que, evidentemente, en siete días, era imposible de ejecutar porque el dinero debe estar consignado en la cuenta de la Hacienda pública andaluza antes de aprobar ninguna medida”.
Lo cierto, y eso es algo que han denunciado principalmente los sindicatos, es que la última convocatoria de subvenciones para la formación data de 2011. “La Junta cortó los cursos para revisar las políticas de formación para el empleo a la vista del escándalo que había montado el PP en los tribunales y que los jueces y los fiscales, y la comisión de investigación del Parlamento, se han encargado de decir que no era tal”, recuerdan desde la Junta. “¿Por qué no se nos redujo tanto el año pasado y el reparto se hizo en consonancia con el resto de comunidades?”, se pregunta. “Como en Andalucía seguía sin haber políticas activas de empleo, no recortaron porque sabían que la Junta no iba a gastarlo. Este año, como sí hay y la convocatoria está en marcha, es cuando han castigado a Andalucía”, denuncian.
Toda esta argumentación y más la dará a conocer este martes el consejero José Sánchez Maldonado, quien llevará un informe al Consejo de Gobierno al respecto para que el Ejecutivo andaluz “tome las medidas oportunas y plantee una serie de actuaciones” en relación a todo esto. Las fuentes adelantan que se reclamará al Gobierno central el dinero “que ha dejado de venir” entre 2012 y 2015, porque “es falso que la Junta haya devuelto 800 millones”, y se exigirá saber dónde ha destinado las partidas “porque aquí, desde luego, nunca llegaron”. También se pedirá de nuevo un plan especial de empleo para Andalucía.