La Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto presentaba hace ocho meses Susana Díaz cuando todavía era consejera de Presidencia e Igualdad, empieza su trámite este mismo martes. Sin embargo, tiene pocos visos de entrar en vigor en la presente legislatura. Suponiendo que ésta se agote y llegue a 2016, el texto sería de obligado cumplimiento casi coincidiendo con el final del presente mandato. Es, de hecho, la primera de las 28 leyes recogidas en el pacto entre PSOE-A e IU que llegará al Parlamento de Andalucía, y lo hará en el ecuador del mandato, lo que deja más del 95% del compromiso todavía pendiente.
De momento, está previsto que la norma sea aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, tal y como anunció la ahora presidenta Susana Díaz, tras lo que sería enviada al Parlamento de Andalucía. Si no se tramita por vía de urgencia -que de momento se ha descartado- probablemente no esté aprobada hasta después del verano, si bien el empeño es que sea antes de que concluya el presente periodo de sesiones. Lo que ocurre es que a partir de ahí se abre un plazo de un año desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para que entre en vigor, por lo que podría acercars a finales de 2015.
Esta tregua en el tiempo está contemplada por la “complicada adaptación” de las administraciones (desde la Junta de Andalucía hasta los consistorios) e instituciones afectadas a su aplicación, según apuntan desde el Gobierno de Andalucía. Y es que la ley supondrá todo un cambio de cultura para facilitar información a la ciudadanía. Tendrán que adaptarse a esa mentalidad y esos nuevos usos los trabajadores públicos, pero también los responsables de otras entidades que no son tales pero sí reciben subvenciones, como partidos, sindicatos, ONG o la Iglesia Católica, así como las empresas que presten servicios públicos o tengan conciertos.
Hay pocas novedades con respecto al anteproyecto y básicamente son la concreción de las sanciones por incumplimientos (de hasta 400.000 euros pero sin superar el 5% del importe de los contratos o subvenciones con los afectados), además de su adaptación a la Ley de Transparencia tramitada por el Gobierno de la Nación y con la que se ha solapado, tal y como ya se auguraba el año pasado. Esta adaptación ha supuesto clarificar mejor los límites entre el derecho a la información y la seguridad y protección de datos.
Los populares piden otra comisión de investigación
Precisamente, coincidiendo con la tramitación de esta norma, el PP-A ha registrado este lunes en el Parlamento de Andalucía la petición de una comisión de investigación para esclarecer el uso los fondos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conocer su “destino” tras las “sombras de sospecha” que hay sobre el uso de determinadas partidas. La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, ha hecho este anuncio y ha aprovechado para criticar una ley que, según los populares, nace “coja” y “vacía de contenido” y ahonda “en el baile de opacidad en el que se mueve el bipartito”.
En la misma línea, la ha calificado de “mala fotocopia” de la norma del Gobierno de la Nación. Cree que el texto debería recoger de manera detallada las garantías de acceso a información que “desde hace meses” exigen los populares, “con más de 900 expedientes pendientes de respuesta”. Ha citado el caso de la exigencia de información sobre la relación de familiares de cargos públicos que trabajan para la Junta de Andalucía, el número de dependientes que han recibido prestación, las camas individuales que hay en los hospitales, los pluses de productividad, el personal eventual...
En su opinión, el texto no recoge garantías de que se vaya a ofrecer esta información, como tampoco prevé que “se puedan abrir auditorías automáticamente cuando haya denuncias de posibles usos fraudulentos”. Por ello, Ana Corredera la ha calificado de “lavado de cara”.