La diputada por el PP-A Alicia Martínez ha calificado de “contradictoria y desleal” la intervención de la consejera de Fomento y Vivienda y ha señalado que los 3.261 no desahuciados en Andalucía se han beneficiado del código de buenas prácticas de las entidades financieras firmaron con el Gobierno central, frente a “la Consejería no ha alcanzado un acuerdo con los bancos”. “Ha dicho medias verdades y es el código de buenas prácticas la que permite que estén en su casa estas familias”, ha subrayado Martínez, quien, si bien, ha pedido que se aumenten las acciones en la parte de protección de este programa
Martínez ha calificado a IU como “cómplice” de las políticas que han llevado a la situación de la vivienda actual “al soportar un gobierno andaluz con el PSOE”.
Por su parte, el diputado por PSOE-A Enrique Javier Benítez ha resaltado “el coste cero” de este programa para la Administración Pública, basado en la reordenación de los recursos. También ha pedido que “no se bajen los brazos ante los desahucios”, donde Andalucía ocupa el cuarto lugar después de Cataluña, Valencia y Madrid.
Asimismo, ha llamado la atención sobre lo rápido que el Ejecutivo central planteó el recurso ante el Tribunal Constitucional ante el conocido decreto 'antidesahucios', mientras que “se lo está estudiando” ante la Ley de la función social de la vivienda. Al mismo tiempo, también ha exigido al PP-A que “deje de tener secuestrado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la dejen decidir sobre si se adhiere a este programa”.
Por su parte, la diputada por IULV-CA Inmaculada Nieto ha advertido de que el contexto que se dibujó para poner en marcha este programa “aún continúa e incluso ha empeorado” para “un muy amplio segmento social”, por lo que ha instado a seguir con este programa que “sigue siendo oportuno”.
Tras recordar las críticas que recibió este programa, que llegaron a verlo como “un instrumento de propagando o un ataque a intereses”, Nieto ha señalado que se necesita una modificación del marco estatal.