El acuerdo programático que ultiman PP y Ciudadanos como base del primer Gobierno de centro derechas de Andalucía incluirá dos puntos relevantes que rebasan las líneas rojas del marco político de Vox: la vigencia de las actuales leyes en materia de igualdad y defensa de los derechos de la mujer, enmarcados en un futuro pacto andaluz contra la violencia de género; y el blindaje competencial recogido en el actual Estatuto de autonomía, confirman fuentes de ambos partidos. Estos dos puntos del acuerdo, sin embargo, han sido atacados frontalmente durante la campaña electoral por Vox, un partido de extrema derecha cuyos votos pueden ser claves para la conformación del nuevo Gobierno PP-Cs.
“Las leyes andaluzas de igualdad no se tocan”. Así zanjó el debate el portavoz y candidato de Ciudadanos a la Presidencia, Juan Marín, cuando le preguntaron en 7 TV si un eventual acuerdo de Gobierno con el PP andaluz conllevaría derogar o revisar alguna de las normas más significativas aprobadas por el Ejecutivo socialista en materia de igualdad de género. La última ley que aprobó el Parlamento andaluz en la pasada legislatura fue, precisamente una actualización de Ley de Igualdad de Género, vigente desde 2007. La norma contó con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, y el rechazo de Podemos e IU, y permitirá sancionar por primera vez cualquier evento deportivo, cultural o lúdico que tenga tintes machistas o discrimine a la mujer.
También en el último tramo del mandato salió adelante la Ley contra la Violencia de Género, acuerdo de todos los grupos excepto IU. A finales de 2017, la Cámara aprobó, por unanimidad de todos los partidos, la ley que reconoce los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI). La cuarta norma en materia de igualdad es la Ley integral andaluza de Transexualidad, aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2014.
El documento que están elaborando PP y Ciudadanos contiene más de 80 medidas y una de ellas recupera el compromiso, recogido en el Parlamento en la pasada legislatura, de buscar un pacto andaluz contra la violencia de género. Es un punto que estaba en el primer borrador del acuerdo y que ninguna de las dos formaciones conservadoras ha tocado. Con esta “declaración de intenciones” se marca un distanciamiento claro respecto al discurso de Vox, muy beligerante con las políticas públicas de protección a las mujeres y de igualdad de género. La presidenta en funciones, Susana Díaz, ha cargado precisamente sobre este aspecto toda la presión contra Cs por asociarse con una formación que define como “xenófoba, racista, machista, homófoba, anticonstitucional y que justifica la violencia contra las mujeres”.
El borrador también subraya el blindaje competencial recogido en el Estatuto de autonomía, desmarcándose de la política de recentralización que defiende Vox, pero que también ha planteado el líder nacional del PP, Pablo Casado. En la segunda mitad de la campaña electoral, Casado propuso la devolución al Estado de las competencias sobre educación, que ahora gestionan las comunidades. Ciudadanos se opuso abiertamente y el candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, matizó la propuesta de su líder hablando de una “mejora de la gestión de las competencias propias”. La alusión a la defensa y el poder autonómico en el documento que ultiman PP y Cs parece despejar dudas sobre este asunto.
Corrupción e imputados
El segundo equipo de negociación de PP y Ciudadanos -la llamada mesa técnica- se ha reunido por segunda vez este miércoles para aproximar posturas respecto al futuro programa de Gobierno andaluz. El mayor escollo sigue siendo la discrepancia en el bloque de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Los naranjas quieren que el Parlamento andaluz elimine el aforamiento a los diputados salpicados por un delito de corrupción, como ya ha hecho Canarias y Murcia, pero los populares se resisten, y emplazan a que se aborde en una reforma global para toda España. Más complicado aún es consensuar el listón contra los delitos de corrupción en la vida pública, es decir, cuándo debe dimitir un dirigente o cargo público investigado por corrupción.
Ciudadanos mantiene el mismo listón que usó con el PSOE en la legislatura pasada y que se aplicó para forzar la dimisión de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán: es decir, cuando el juez impute un delito, deben abandonar su cargo de inmediato. El PP quiere flexibilizar esa exigencia y pide esperar a la apertura de juicio oral, un momento procesal posterior que es cuando el juez confirma la imputación del delito una vez ha tomado testimonio al investigado. En este punto no hay un acuerdo en la redacción.
En otros aspectos de este bloque sí hay mayor consenso, por ejemplo, proponen reformar la ley de transparencia, una nueva ley de protección integral contra la corrupción y una evaluación de las políticas públicas, incluida una auditoría inicial de la Administración andaluza. Ambos están de acuerdo, también, en iniciar la legislatura reactivando la comisión de investigación sobre el gasto de dinero público en prostíbulos con cargo a tarjetas de crédito de una extinta fundación de empleo (Faffe).
Los avances en el futuro programa de Gobierno no van, sin embargo, en paralelo al acuerdo sobre el reparto de los miembros de la Mesa del Parlamento, que se constituye el próximo 27 de diciembre. El PP había vinculado ambas negociaciones, hasta el punto de que no veía posible consensuar la formación de Gobierno si previamente no habían pactado el control del órgano rector de la Cámara, indispensable para lograr la estabilidad política en esta legislatura. Los populares quieren negociar con Vox para tener mayoría en la Mesa y que la Presidencia del Parlamento recaiga, previsiblemente, en Ciudadanos; pero el partido naranja insiste en buscar la abstención del PSOE para no depender de los votos de la extrema derecha.