El PP ha llevado este jueves al Pleno del Parlamento andaluz una caja de fresas de Huelva que sus diputados han estado comiendo mientras el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, explicaba su “compromiso con el medioambiente” y reiteraba, por enésima vez, que la polémica proposición de ley de PP y Vox para ampliar regadíos junto a Doñana no perjudicará al Parque Nacional.
Durante la sesión de control al Gobierno andaluz, Moreno y los populares se han mostrado muy duros con el presidente Pedro Sánchez y con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afeándoles sus “ataques, insultos” y la falta de diálogo para pacificar el conflicto sobre la ley de regadíos, que lleva enconado meses y que se ha agravado en vísperas de las elecciones generales del 23 de julio.
Pero cinco horas después, cuando ha llegado el momento de votar una proposición no de ley de Vox para “reprobar” a Sánchez y Ribera por “las declaraciones y actuaciones efectuadas” contra la citada ley, el PP se ha abstenido, y la iniciativa ha decaído porque sólo el grupo ultraderechista ha votado a favor, y los tres partidos de izquierdas –PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía– en contra.
Hay antecedentes en el Parlamento andaluz de reprobaciones a consejeros de la Junta y ministros, pero nunca a un presidente del Gobierno. La Cámara autonómica reprobó en 2011 al dirigente catalanista de CiU Josep Antoni Duran y Lleida, por decir que los andaluces cobraban el PER “para pasar la mañana en el bar del pueblo”; al ex diputado y alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación de fincas en 2012; a un ex miembro del Consejo Audiovisual designado por el PP, José María Arenzana, por amenazar con violencia a otro compañero en 2013; al ex consejero de Justicia en 2016, Emilio de Llera, por cuestionar la independencia de los jueces; y a la ministra de Hacienda en 2019, María Jesús Montero, por el “bloqueo” de las entregas a cuenta a Andalucía en el sistema de financiación autonómica.
Pero nunca se ha reprobado a un presidente del Gobierno, tampoco esta vez ha ocurrido, a pesar de que el cruce de acusaciones y reproches lleva escalando posiciones desde hace meses y de que todos los puentes de diálogo entre el Gobierno de Sánchez y el de Moreno parecen rotos. Los populares admiten que “han hecho méritos” para que la Cámara autonómica les repruebe, pero se han abstenido porque tampoco querían “respaldar iniciativas que vengan a crispar aún más”.
La sesión de control de este jueves, la primera desde las elecciones municipales del 28 de mayo que confirmaron el auge político del PP de Moreno, ha sido una continuación de la jornada maratoniana que se vivió en el Parlamento el martes durante las diez horas de comparecencias de los agentes sociales para valorar la ley de regadíos junto a Doñana.
La oposición de izquierdas iba armada con el durísimo discurso que dejó Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, pidiendo “la retirada” de la ley y conminando al diálogo entre administraciones y la búsqueda de soluciones alternativas. Pero Moreno también iba a preparado. Lejos de esquivar las críticas, el presidente andaluz las afrontó de cara y reiteró en varias ocasiones su disponibilidad a sentarse a negociar “si nos traen alguna solución alternativa y se cumple con la palabra dada”.
“Hemos buscado una solución asumible y viable. Esa decisión no ha sido respetada por el Gobierno, hemos sido vilmente atacados con una ensalada de insultos, mientras prima la falta de diálogo y se demuestra la carencia de alternativas. No he oído hacer propuestas serias para que nos planteemos una mejor a la nuestra”, se ha lamentado Moreno.
Por primera vez, el presidente de la Junta ha cifrado el número de hectáreas susceptibles de recalificación, de secano a regadío, según la proposición de ley, aunque el documento que tramita el Parlamento no contiene ese dato: “Se trata de unas 700 hectáreas que necesitarían, según estimaciones, unos cuatro hectómetros cúbicos de agua. ¿Me están diciendo que por 700 hectáreas estamos poniendo en peligro las 122.000 hectáreas del Parque Nacional?”, ha preguntado a los grupos de la oposición.
En el entorno de Doñana hay 9.400 hectáreas legales de cultivos de frutos rojos desde la regularización que se aprobó en el llamado Plan de la Fresa, en 2014. El Gobierno andaluz no ha reconocido oficialmente cuánto aumentaría esa superficie regable con la ley, ese dato no aparece en el texto que va a aprobar el Parlamento.
La primera iniciativa que se tramitó, en la pasada legislatura, sí hablaba explícitamente de 1.600 hectáreas. El portavoz de la ONG ecologista WWF, Juan José Carmona, presentó el martes un informe técnico en el Parlamento donde se cuantifican las parcelas beneficiarias de la polémica ley en unas 1.900 hectáreas.
Hace un año, el hoy viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, Sergio Arjona, compareció en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo y aportó otro dato distinto: 748 hectáreas. “De las 1.600 hectáreas que quedaron fuera del plan de ordenación de la Corona Norte de Doñana [el llamado Plan de la Fresa], se reconocería el derecho de aguas superficiales a 748 hectáreas”, dijo entonces.
En esa reunión, el número dos de Medio Ambiente de la Junta [entonces secretario general] planteó la posibilidad de duplicar el trasvase de agua de la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para posibilitar el riego en las más de 700 hectáreas que la ley pretendía recalificar como suelo de cultivo, otorgando a sus dueños “derechos de agua” a futuro. “Si se incrementase el volumen del trasvase de 19,99 a 50 hectómetros, permitiría reducir la extracción de aguas subterráneas en Doñana a la mitad”, dijo Arjona, para anunciar que “la Junta de Andalucía, competente en esa cuenca, está dispuesta a incrementar dicho volumen de trasvase”.
El presidente andaluz ha reducido esos números en su comparecencia de este jueves en el Parlamento: “La ley supondría sólo cuatro hectómetros cúbicos más. La presa de Olivargas desembalsa 22 hectómetros cúbicos, lo que consume Huelva en dos años”, ha subrayado Moreno, poniendo el acento en las infraestructuras hídricas dependientes del Gobierno central, aún sin ejecutar, y de las que dependerían en última instancia el agua en superficie para los nuevos cultivos de riego junto a Doñana que regularizará la futura ley.
Con todo, el presidente andaluz se ha mostrado conciliador en su intervención, ha pedido al PSOE y al resto de fuerzas de izquierdas “apartar electoralmente el asunto, que nos sentemos y nos hagan una propuesta razonable, pero cumpliendo con la palabra dada”, ha dicho. La Junta se queja de que el secretario de Estado de Transición Ecológica, Hugo Morán, no haya convocado en todos estos meses de disputa la mesa técnica del Plan de la Fresa para que Gobierno central y andaluz discutan posibles soluciones al problema de los agricultores que perdieron el permiso de riego en sus parcelas “por una mala aplicación del mismo”.
Moreno ha pedido también a los grupos de izquierdas que reconsideren su decisión de no presentar enmiendas parciales a la proposición de ley para intentar mejorarla. PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía creen que el texto no puede corregirse, porque el fondo de la cuestión es perjudicial para la reserva natural, y exigen su retirada.
El trámite de enmiendas, que culmina el próximo 22 de junio, quedará en manos de los grupos proponentes -PP y Vox- que sopesan introducir modificaciones. La retirada de la ley no está sobre la mesa, el Ejecutivo de Moreno no se plantea dar ese paso sin que el Gobierno de España haya ofrecido una vía alternativa “creíble”, explican fuentes del Palacio de San Telmo.
En este grado de tensión se llegó al debate sobre la proposición no de ley de Vox, con cinco puntos, uno de ellos la propuesta de reprobación a Sánchez y Ribera. Los populares se abstuvieron en este punto y votaron en contra de otro, donde el grupo ultraderechista niega los compromisos medioambientales de la Agenda 2030 “por ser contrarios a los intereses de nuestra nación”, dice el texto, aferrándose a un alegato en defensa de agricultores y ganaderos.
Los grupos sí coincidieron en los puntos más generalistas de la iniciativa de Vox, como “proteger al sector primario y fomentar su desarrollo, además de proteger los empleos y la economía rural”; e instar a la Junta “a mostrar su apoyo decidido a los agricultores del Condado norte de Huelva, en concreto”.
Las izquierdas exigen a Moreno retirar la ley. La norma ha provocado las amenazas de la Comisión Europea de multar a España si sale aprobada, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé recurrirla ante el Tribunal Constitucional, la Unesco avisa de que peligra el sello de Patrimonio de la Humanidad del Parque Nacional, la comunidad científica prevé un serio perjuicio para el entorno y los cultivadores de fresa con permisos de riego temen el “daño reputacional” para su producto en los mercados internacionales.
Esto último ya ha tenido un episodio en la campaña de boicot de una ONG alemana, alentando a no vender fresa de Huelva en los supermercados del país, como Lidl o Aldi, por su potencial perjuicio al medio ambiente.
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