El pacto de Gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha reabierto el debate de la fecha electoral en Andalucía, que parecía zanjado después de que el presidente de la Junta anunciase hace unos días que serán “el próximo otoño”. La potestad de disolver el Parlamento y convocar es exclusiva de Juan Manuel Moreno, pero en las últimas horas se ha desatado el nerviosismo en las filas del PP y diversos dirigentes, tanto en la esfera política nacional como en la andaluza, han vuelto a pedir al presidente que “reconsidere” el adelanto electoral al mes de junio, una de las fechas que él mismo había barajado.
El mayor peligro de agotar el mandato, advierten las fuentes consultadas, es que las primeras políticas de Vox en el Ejecutivo castellanoleonés empiecen a dar la cara, con el consecuente eco mediático de los medios de comunicación más críticos y el altavoz de las fuerzas de izquierdas en Andalucía. “Cada cosa que digan o hagan nos va a salpicar. El PSOE no tiene más campaña electoral que el miedo a Vox y el nombre de Macarena Olona [posible candidata de la ultraderecha a la Presidencia de la Junta]”, avisa un dirigente del grupo parlamentario popular.
En el Palacio de San Telmo han encendido las alarmas. “Es el peor de los escenarios posibles” antes de las andaluzas, admite un miembro del Ejecutivo. El propio Moreno verbalizó esta preocupación cuando participó en la campaña electoral del PP en Castilla y León, suplicando a los suyos que lograsen un resultado holgado que les permitiera esquivar la coalición con la ultraderecha. “Por dios, por dios, sacad un buen resultado y que tengamos una mayoría suficiente, que lleguemos a las elecciones andaluzas con una mayoría suficiente”, dijo el 16 de enero en León, durante el XIV Congreso del PP castellanoleonés.
Tras el fracaso de Alfonso Fernández Mañueco en las urnas se vislumbró con más certeza que los de Santiago Abascal terminarían entrando en el Ejecutivo. El discurso oficial entonces era machacar con la idea de que “a Vox no le interesa la gestión, sino marcar el debate público con sus guerras culturales”: el rechazo a la inmigración, a la acogida de menores, a las políticas de igualdad de género, a la memoria histórica...
Pero internamente el equipo del presidente andaluz preparaba un relato para distanciarse enseguida de la coalición PP-Vox en la comunidad vecina. “Andalucía es Andalucía y Castilla y León es Castilla y León. Que nadie piense que lo que ocurre en una comunidad autónoma va a marcar a otra, porque no va a pasar así”, advirtió el jueves en los pasillos del Parlamento andaluz, al poco de consumarse el pacto. Algunos de los estrategas de Moreno se rigen por la máxima de “convertir todo problema en una oportunidad”. La oportunidad que brinda la entrada de la extrema derecha en un Gobierno del PP es que puede servir de estímulo al presidente andaluz y candidato para apelar al voto útil.
Moreno se ha labrado una imagen de político moderado, centrista, que busca precipitadamente refugio cuando le asaltan con debates identitarios, ya sea por iniciativa de Vox como de sus rivales de izquierdas. Su discurso autonomista, andalucista, ecologista y hasta con alusión directa al feminismo -en el discurso oficial del último 28F, Día de Andalucía- le ha ayudado a difuminar el “prejuicio” de una derecha que arrolla los derechos sociales y privatiza todo lo que toca, una imagen perpetuada por el PSOE durante sus 37 años ininterrumpidos de gobierno.
En las encuestas los andaluces se ubican en el centro izquierda, pero Moreno ha logrado conciliar su perfil institucional, amable y cero agresivo con el votante de centro, el que deja de votar a Ciudadanos para regresar al PP, o el que sigue hastiado o decepcionado con el PSOE y, aun sin comulgar con el programa de la derecha, ve con buenos ojos al presidente. El miércoles, en el Parlamento, un dirigente socialista que ocupó un cargo de mucha responsabilidad contaba la anécdota de cómo su suegra de 93 años le confesaba su simpatía por Moreno: “A mí me cae bien, no lo hace tan mal, ¿no?”.
El miedo ahora en el PP es que esa potente imagen de centrista que se ha labrado Moreno, su mayor activo político de cara a las próximas elecciones, se resquebraje a la sombra del Gobierno PP-Vox en Castilla y León, y la posibilidad palpable de que ese escenario se repita en Andalucía. Las izquierdas lo van a explotar hasta la extenuación, denunciando que “la moderación del presidente andaluz es una pose, una fachada”, taponando la huida de votantes de centro -léase Ciudadanos o PSOE- hacia la candidatura de Moreno.
En el seno del Gobierno andaluz confrontan dos estrategias respecto al mejor momento para convocar las elecciones: entre los dirigentes populares hay quienes se inclinan por “aprovechar el tirón” del congreso extraordinario del PP, que se celebrará en Sevilla los días 2 y 3 de abril, y encumbrará a la presidencia al gallego Alberto Núñez Feijóo. “El presidente Juanma Moreno y el PP andaluz saldrán del cónclave con un peso significativo en la nueva dirección nacional del partido”, aseguran estas fuentes, instando al presidente a disolver el Parlamento a mitad de abril y convocar en junio.
Enfrente, hay una corriente que discrepa, que piensa que el momento del adelanto electoral como ventaja estratégica del presidente andaluz “ha pasado”, y que ahora toca agotar la legislatura y convertir este compromiso político “en un valor de estabilidad y fiabilidad” de cara a las elecciones. Moreno lleva manoseando la opción del adelanto electoral desde septiembre de 2021, cuando su socio de legislatura rompe relaciones con su Gobierno e intensifica la campaña de ataques para que disuelva.
En noviembre cristaliza esa nueva estrategia en la enmienda a la totalidad que tumba los Presupuestos Autonómicos para 2022. Las encuestas entonces, internas y públicas, situaban al PP al borde de la mayoría absoluta [55 escaños], rozando los 50 diputados que representan el techo electoral de los populares en Andalucía [2012, con Javier Arenas como candidato]. Fuentes próximas al presidente andaluz recalcan que ese escenario aún es posible, y que manejan encuestas internas que sitúan al PP en la horquilla de los 48 y 50 escaños.
El presidente andaluz alterna desde entonces dos discursos antitéticos, pero complementarios: uno, el compromiso de agotar la legislatura de cuatro años, “si le dejan”; dos, el riesgo de un “bloqueo sistemático de la oposición” en el Parlamento, sintetizado en lo que PP y Ciudadanos empezaron a llamar “la pinza PSOE-Vox”. Esta segunda vertiente llegó incluso a poner una fecha tope a los acontecimientos, el pasado febrero, cuando Moreno se propuso decidir si merecía la pena continuar la legislatura hasta el final o disolver. Entonces ofreció dos fechas aproximadas para lo que dio en llamar “un adelanto técnico”: junio u octubre.
La teoría del bloqueo parlamentario se esfumó apenas pronunciada. Tras decaer los Presupuestos de 2022, el pasado noviembre, el Parlamento andaluz ha aprobado media docena de leyes y una serie de decretos del Gobierno de Moreno, bien con el apoyo recuperado de Vox, bien con los votos coincidentes de los grupos de izquierdas. Con esa geometría variable, el Ejecutivo andaluz avanza con una agenda legislativa más estable incluso que cuando tenía que negociar bilateralmente y con mucho sacrificio con el partido de Santiago Abascal.
Ayudaba, en parte, el hecho de que el PSOE tuviera un nuevo líder, Juan Espadas, más inclinado a ejercer una “oposición útil” y llegar a acuerdos con PP y Ciudadanos: el punto álgido fue la aprobación de la llamada Ley del Suelo, un día después de tumbar las cuentas autonómicas. Una norma que ya había entrado en el Parlamento y que fue bloqueada por los socialistas y la ultraderecha, y que en una segunda vuelta salió adelante con el voto de Vox y la abstención del PSOE. El otro momento álgido fue la toma en consideración de la proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox para ampliar regadíos en el entorno de Doñana, que prosperó con la polémica abstención de los socialistas.
Con este nuevo escenario político interno, y el maremágnum que agita la política más allá de Despeñaperros -la implosión del PP de Pablo Casado, la guerra de Putin a Ucrania, la incertidumbre de la pandemia, la inflación disparada, los altibajos de las cifras del paro en Andalucía y el fracaso electoral del PP en Castilla y León-, a Moreno le volvieron a preguntar el pasado fin de semana si la fecha electoral más propicia era octubre, en vez de junio. El presidente andaluz matizó: “En otoño”.
Las elecciones en Castilla y León hicieron perder cuatro o cinco puntos de intención de voto al PP andaluz, según fuentes próximas al presidente. Sin embargo, ahora que se ha consumado el temor de un Gobierno de coalición con la extrema derecha, en San Telmo agitan nuevos sondeos que aproximan a Moreno a la mayoría absoluta.
Con este esquema, el Gobierno andaluz asegura que ha puesto las luces largas y apunta a “otoño”. Aunque el presidente de la Junta nunca haya dicho otra cosa distinta públicamente, este nuevo escenario ha obligado a los miembros del Ejecutivo y a los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos a reactivar la agenda legislativa pendiente, e intensificar la negociación con la oposición para sacar adelante leyes que, hace unas semanas, se daba por hecho que decaerían con el adelanto electoral.
Son siete normativas que están en fase preliminar o avanzada de tramitación parlamentaria, con más o menos peso político, pero ninguna de la categoría que fijó el propio Moreno cuando habló de la Ley del Suelo o el decreto ley de simplificación administrativa: “Éstas valen una legislatura”, dijo.
Se trata de la ley que regula a los Policías Locales, la ley de Discapacidad -que acaba de superar el debate de totalidad-; la ley de Atención Temprana, muy demandada por las familias afectadas y el sector sanitario; la ley de Función Pública, vieja promesa incumplida de la etapa socialista; la ley que regulará el nuevo cuerpo de Auditores e Interventores de la Junta, que reforzará los controles internos en la Administración pública; la ley del Flamenco, en periodo de alegaciones, y por último, la proposición de ley de los grupos que sostienen al Gobierno para amnistiar cultivos de regadío próximos a Doñana.
“Moreno siempre ha dicho que agotaría la legislatura y el grupo popular siempre ha trabajado con esa idea”, explicó esta semana el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto. “Hay arsenal legislativo por delante, con un contenido amplio, porque en Andalucía quedaban muchas reformas por hacer desde hace mucho tiempo. Mientras más dure la legislatura mejor, pero necesitamos formar mayoría con la oposición para sacar adelante esas leyes. El debate y el trabajo legislativo da por supuesto para junio, por supuesto para octubre y probablemente más, esperemos que ninguna ley pendiente se quede en el trámite”, valoró Nieto.
El tope “lógico” que se ponen los populares son los Presupuestos Autonómicos del año que viene. La Consejería de Hacienda está obligada a iniciar su tramitación, pidiendo números al resto de departamentos, a partir del mes de junio. La ley pone como fecha tope el 31 de octubre para llegar el anteproyecto de ley de presupuestos al Consejo de Gobierno, pero antes, previsiblemente, el presidente Moreno disolverá el Parlamento y convocará las elecciones, con 54 días previos hasta la fecha elegida. Para entonces ya no habrá factor sorpresa, más allá de ver culminar una legislatura de cuatro años, después de dos adelantos electorales en los últimos dos mandatos.
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