El PP de Moreno se aísla en el Parlamento de las causas por los contratos sanitarios: “La corrupción en Andalucía no existe”

“¿Saben por qué no queremos que se investigue la corrupción en Andalucía? Porque no existe. Y no se puede investigar lo que no existe”. El PP andaluz vetó este jueves, por tercera vez en esta legislatura, la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020 y 2024, un asunto que ya investiga un juzgado de Sevilla por un supuesto delito de prevaricación, y en el que está imputada la gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

La Cámara autonómica ha vivido este jueves una de las sesiones más convulsas de la legislatura, hasta hoy, inmune a la volcánica crispación en la que está instalada la política en Madrid. Populares y socialistas se trataron a garrotazos, casi sin líneas rojas, dentro del salón plenario y en los pasillos: “mafioso”, “cloacas”, ratas“, ”alimañas“, ”espías“, ”antidemócratas“, ”corruptos“, ”pelotazo“, ”trama“...

En realidad, en los micrófonos de la bancada popular y de Vox ya se habían escuchado palabras gruesas contra los socialistas -“puteros”, “cocaína”, “prostitutas”, “ladrones”, “chorizos”- que agachaban la cabeza azotados por los casos de corrupción que contribuyeron a su salida del Gobierno, en 2018, tras 37 años en el poder.

El hecho diferencial es que el PSOE andaluz, ahora comandado por María Jesús Montero, ha azuzado a los suyos para que suban el volumen de decibelios contra el presidente Juan Manuel Moreno, invicto en las encuestas, blindado por una mayoría absoluta intratable. Las elecciones no tocan hasta junio de 2026, pero la avanzadilla de los ataques ya está aquí.

El no más rotundo a la comisión de investigación por los contratos a dedo del SAS lo dio durante el debate la diputada popular Beatriz Jurado, que subió a la tribuna a responder a la petición del PSOE que el Parlamento no podía investigar lo que “no existe”, esto es, la corrupción que denuncia toda la oposición en la contratación del SAS con la sanidad privada.

La frase, sin embargo, se chocó de frente con el último escrito que el juez de los contratos sanitarios ha enviado al Gobierno de Juan Manuel Moreno -a instancias de la Fiscalía Anticorrupción- pidiéndole ingente documentación, informes, expedientes y correos electrónicos con las empresas que se beneficiaron de millones de euros adjudicados a dedo. “¿Que la corrupción en Andalucía no existe? Será en su imaginación. Claro que existe: la investigan los juzgados y la Fiscalía Anticorrupción”, le espetó la portavoz socialista, María Márquez, encargada de defender la proposición de su grupo.

El PSOE trajo una solicitud de comisión de investigación a un Parlamento en el que se sabe en minoría -30 diputados-, consciente de que la mayoría absoluta del PP -58 escaños- tumbaría la propuesta, como ya la tumbó el pasado marzo, y como la descartó meses atrás cuando la registró el grupo mixto Adelante Andalucía.

El objetivo hoy no era salir victorioso de las votaciones, sino del debate. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE-A, andaba de visita por el Parlamento, el juez acabada de redimensionar la investigación por los contratos sanitarios a dedo -donde los socialistas están personados como acusación popular- y la consejera de Salud -ausente durante el debate- no ha querido o no ha sabido explicar por qué la gerencia del SAS diseñó una doble facturación para las clínicas privadas que simultaneaban dos tipos de contratos -públicos ordinarios y de emergencia-, con precios distintos según el tipo de paciente y contrato (antes y después del 15 de julio de 2020, cuando la Junta declara la emergencia).

Este último asunto, recogido en unas instrucciones del SAS adelantadas por elDiario.es, forma parte de la instrucción del juez que ha imputado a los tres últimos gerentes, incluida la que ahora ostenta el cargo. Márquez elevó el tono contra el Gobierno de Moreno, al que acusó de dar un “pelotazo sanitario”, y de haber “usado la excusa de la pandemia, donde murieron tantos españoles y andaluces, para forrar a las clínicas privadas de sus amigos”.

La socialista citó los 19 informes de la Intervención de la Junta que censuraron y alertaron de las irregulariades en los contratos de emergencia, y en el fraccionamiento de contratos menores -otra causa judicial que investiga la supuesta malversación en un tribunal de Cádiz- y recordó que los auditores denunciaron que el SAS había usado la fórmula del contrato de emergencia para pagar servicios y prestaciones que no eran urgentes, como las obras del Hospital Militar de Sevilla, programadas para 13 meses, o “adornos navideños”.

“Hay una caza de bruja sin precedentes”, dijo, citando el cese de la interventora general de la Junta que elevó el informe de actuación dando la alerta sobre los contratos de emergencia, “hay tres gerentes imputados, un cuarto alto cargo imputado en otra causa judicial, hay una pieza política que apunta directamente a M. Bonilla como jefe de la trama. La trama del SAS, la más indecente”, sentenció Márquez en su primer alegato.

El ambiente se crispó desde el principio. Los socialistas venían de casa vapuleados por las informaciones sobre una supuesta “fontanera” de Ferraz, la exconcejal Leire Díaz, que ofrecía en nombre del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, beneficios penales a empresarios procesados por delitos fiscales millonarios. “No habla en nombre del PSOE ni del Gobierno”, aseguró Montero en los pasillos del Parlamento, que tildó el asunto de “mentiras y bulos de pseudomedios”.

La ministra de Hacienda se mostró muy molesta porque el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acababa de llamar “capo de la mafia” al presidente del Gobierno. “¿Cómo es posible que el señor Feijóo se refiera al presidente de su país en esos términos antidemocráticos. El PP nunca aceptó la legitimidad del Gobierno de España, hacen una oposición de acoso y derribo y tratan de deshumanizar” a Sánchez, dijo.

El presidente nacional del PP había dado un discurso solemne en Madrid, desde la sede del partido, calificando al Gobierno como una mafia y a Sánchez como su capo, llamando a la movilización en las calles de los ciudadanos y azuzando a sus socios de investidura para que faciliten una moción de censura que el propio Feijóo descarta presentar, porque carece de votos suficientes para ganarla. El marco mental era la mafia, y la sesión plenaria del Parlamento andaluz se asomó a la ciénaga de crispación que suele habitar en el Congreso de los Diputados.

El debate sobre la comisión de investigación por los contratos sanitarios fue particularmente tenso, con el portavoz del PP, Toni Martín, gesticulando con los brazos, mandando a los socialistas a salirse del salón plenario, como hicieron la semana pasada en señal de protesta. Martín ha dado por buena una información de La Razón sobre la emisaria del PSOE, Leire Díaz, que gestionado un “espionaje” a Moreno y a miembros del Ejecutivo andaluz. El propio presidente de la Junta ha pedido explicaciones por este asunto, que los socialistas desmienten, aunque tampoco han sabido articular una respuesta sólida a los audios de Díaz que hizo públicos El Confidencial.

En el choque entre socialistas y populares, los segundos tuvieron la ayuda del grupo ultraderechista. La diputada de Vox, Ana María Ruiz Vázquez, lanzó un durísimo discurso contra el PSOE desde la tribuna por su “atrevimiento” al denunciar la corrupción en el Gobierno de Moreno.

En un momento de su intervención, se refirió a la bancada socialista como “alimañas”, pero el presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, no la llamó al orden. Los diputados del PSOE armaron un gallinero, los populares, enfrente, se enzarzaron con ellos, Márquez pidió amparo al presidente, pero Aguirre pidió reconstruir lo que acababa de pasar para enterarse bien. “¿Qué insulto les han dicho?”. “Ratas, alimañas. No hace falta que yo se lo diga para que usted se dé cuenta”, le advirtió la portavoz socialista. Aguirre ordenó retirar la palabra del diario de sesiones, después de tres intentos fallidos para que la diputada de Vox lo hiciera. “No se puede ofender a un grupo parlamentario. Retire la ofensa”. “La ofensa es general. Yo no la retiro”.

Adelante Andalucía y Por Andalucía se sumaron a la iniciativa del PSOE, apoyaron la creación de una comisión de investigación por los contratos sanitarios, coincidiendo en que “privatización y corrupción son dos caras de la misma moneda”. “¿Sabe por qué gobiernan ustedes?”, preguntó el portavoz de Adelante, José Ignacio García, mirando a la bancada popular, “por la privatización de la sanidad y por la corrupción, los dos grandes errores del anterior Gobierno socialista. Ustedes han tenido la habilidad de unir ambas cosas, y es lógico, porque siempre con la privatización hay alguien que se forra con nuestros derecho, siempre hay corrupción”, dijo.

José Manuel Jurado, de Por Andalucía, abundó en esta idea, subrayó que “hacer negocio con la salud de la gente es indecente e inmoral”, y afeó a los populares que “con cuatro altos cargos de la arquitectura del Gobierno andaluz imputados, y dos de ellos aún en puestos públicos, no quieran dar ninguna explicación al Parlamento, la consejera de Salud ni siquiera aparece en el debate, y Moreno se pone a hablar de la corrupción de Madrid”.

Prácticamente todos los sillones verdes del Consejo de Gobierno, que ocupan la primera fila del salón de Plenos en el Parlamento, estaban vacíos durante el debate sobre la comisión de investigación por los contratos sanitarios a dedo. Únicamente, ya al final, apareció en su asiento la consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Catalina García, que fue consejera de Salud durante gran parte del periodo que ahora investigan los jueces. “Ya sabemos quién va a comerse el marrón, señora exconsejera de Salud, ¿eh? Moreno la apartó, pero la tiene ahí por miedo a que usted hable, no porque vaya a ser la mejor consejera de Sostenibilidad”, le dijo Márquez.

Es la tercera vez en dos años que los populares vetan una comisión parlamentaria que dirima las responsabilidades políticas por la adjudicación a dedo de, al menos, 243 millones a clínicas privadas amparándose en el marco legal habilitado al inicio de la pandemia cuando ya estaba derogado.

Los interventores del SAS emitieron informes censurando el procedimiento de contratación en todas las provincias, una documentación que ha servido de base al juez y a la Fiscalía Anticorrupción que investigan la causa, y también al PSOE, que pilota la estrategia de desgaste al Gobierno de Moreno con este asunto.

En 2023, el PP usó su mayoría absoluta para reactivar otra comisión de investigación en el Parlamento por los casos de enchufismo que señalan al PSOE en la extinta fundación Faffe, de la Consejería de Empleo, que también ha motivado varias causas judiciales e investigaciones de la UCO (en una de ellas aparece como beneficiaria la mujer del portavoz del PSOE en el Senado y exlíder socialista andaluz, Juan Espadas).