El PP andaluz está maniobrando para reactivar la comisión de investigación en el Parlamento sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuyo dictamen final no llegó a aprobarse en el Pleno porque el presidente Juan Manuel Moreno disolvió la Cámara y convocó elecciones una semana antes.
Aquel dictamen, aprobado en comisión con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, señaló a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como “responsables políticos” de las “irregularidades” denunciadas en torno a dicha fundación, adscrita a la Consejería de Empleo, y que funcionó entre 2003 y 2011, hasta que fue disuelta años más tarde. Todos los grupos, excepto el PSOE, coincidieron en denunciar los “gravísimos desmanes” de los responsables de la Faffe, con un dinero público que debía servir para “proteger a los trabajadores”, en lugar de “perpetuar una red clientelar”.
El documento hablaba de “corrupción institucionalizada y vomitiva” que estuvo “diseñada para evitar controles y amañar contratos”, y se detenía especialmente en el episodio del uso de una tarjeta de crédito de un directivo de la Faffe en varios prostíbulos de Andalucía. Los populares tratan ahora de desempolvar aquella comisión de investigación en plena ofensiva del PSOE de Juan Espadas con la trama criminal de Marbella, en la que están procesados el marido y el hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Los socialistas andaluces están explotando la investigación de la Audiencia Nacional contra los familiares de la alcaldesa -que no está imputada en el caso- para hostigar a Moreno con un caso de corrupción, pidiéndole explicaciones como presidente del PP andaluz, y exigiéndole la cabeza política de Muñoz a seis meses de las elecciones municipales. Los de Espadas llevaron una pregunta sobre el caso de Marbella al Pleno de la pasada semana, provocando la irritación brusca del consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
Los populares ya avisaron de que podían contrarrestar señalando a la esposa de Espadas, investigada en el proceso judicial en torno a la Faffe, supuestamente por haber sido “enchufada” en un cargo público. “Si hay que exigir explicaciones a un dirigente político porque un familiar suyo está imputado, podemos hacerlo con Espadas”, advirtieron. El PSOE no ha cejado en su empeño de llevar el asunto de Marbella al debate parlamentario -el próximo Pleno llevan otras dos preguntas dirigidas a Sanz- y los populares han optado por contraatacar.
El portavoz del PP-A en la Cámara, Toni Martín, ha adelantado que su grupo está explorando “fórmulas” para rescatar aquel dictamen final que elaboró la comisión de la Faffe después varios meses de trabajo y 30 comparecientes citados a declarar. Lo hace después de que Vox haya registrado una proposición para crear una segunda comisión de investigación sobre los mismos hechos, instando al PP a apoyarles. El grupo ultraderechista presiona a los de Moreno vinculando el caso Faffe que afecta al PSOE con la trama criminal de Marbella, que preocupa sobremanera al presidente andaluz.
Su portavoz, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que “si el PP se opone [a la comisión] va a crear una estela sospechosa, sobre todo con todo lo que está sucediendo en Marbella. Si no lo hace, parecerá lo que es: que se están tapando las vergüenzas entre ellos. Unos con la Faffe y otros con Marbella”. El portavoz popular ha explicado luego que tratarán de convencer a Vox para que valore otras fórmulas, ya que la aprobación de otra comisión de investigación implicaría “empezar prácticamente de cero”.
Fuentes populares confirman que han elevado una consulta a los letrados de la Cámara para ver cómo recuperar el dictamen final de la comisión de la Faffe sin necesidad de tener que volver a llamar a todos los comparecientes, entre ellos tres ex presidentes autonómicos, dos de ellos condenados por el macrofraude de los ERE por malversación y prevaricación.
Una posible solución, abundan estas fuentes, sería que se crease la comisión formalmente, pero solo fuera necesario llamar a declarar a un solo compareciente, “de manera simbólica”, para cumplir así con lo dispuesto en el reglamento de la Cámara. El PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento, de modo que es probable que cualquier solución política encuentre encaje y la iniciativa termine prosperando.
La propuesta de comisión de investigación de Vox ya ha iniciado su tramitación parlamentaria y uno de sus objetivos confesos es “retratar al PP”. Gavira ha asegurado que “hay novedades” en el caso que investiga el juzgado de instrucción número 6, en el que el grupo ultraderechista está personado como acusación particular. Los populares, en cambio, no creen que haya grandes novedades que justifiquen una nueva comisión.
La portavoz del PSOE-A en la Cámara, Ángeles Férriz, ha vuelto a cargar este miércoles contra Moreno, exigiéndole explicaciones sobre las últimas informaciones de la trama criminal que salpica a la alcaldesa de Marbella. “No puede seguir siendo alcaldesa por higiene democrática”, ha dicho, tras vincular a sus familiares con “la Cosa Nostra y la mafia sueca”. “Madre mía esa cena de Navidad”, ha dicho. Férriz se ha preguntado “quién le cuenta al marido de la alcaldesa de Marbella que tiene intervenido el teléfono, porque el PP ha tenido una policía patriótica y tienen una mochila muy grande”.
El objetivo de la comisión de la Faffe era dirimir las posibles responsabilidades políticas sobre la mala gestión en el uso de fondos públicos destinados a la formación de los parados andaluces, un asunto que también se está investigando en los tribunales. PP, Cs y Vox denunciaron que la Faffe era una “agencia de colocación y enchufismo” para familiares y amigos del PSOE, que durante años otorgó subvenciones a personas y entidades afines a los socialistas. Probablemente, el asunto más llamativo es que su director, Fernando Villén, está imputado por haber gastado 32.000 euros de fondos públicos usando una tarjeta de crédito de dicha fundación en cinco prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz.
La Faffe se creó en 2003 y dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010. Fue disuelta en 2011, cuando ya habían aflorado las primeras investigaciones judiciales por supuestas irregularidades, y su plantilla se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde aún sigue. En total son 1.100 trabajadores, ahora en nómina del Gobierno de PP, que sigue calificando a muchos de ellos de “enchufados”. La justicia ha determinado que la mayoría de ellos carece de potestad administrativa, esto es, no pueden desempeñar tareas exclusivas del personal funcionario, por ejemplo autorizar las ayudas de Empleo.
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