El PP andaluz frena una iniciativa parlamentaria para “erradicar las cuotas obligatorias” en colegios concertados

El Partido Popular en el Parlamento andaluz ha votado en contra de una proposición no de ley (PNL) impulsada por el grupo de Por Andalucía, con el objetivo de instar a la Junta a “elaborar e implementar un plan de acción urgente que tenga como objetivo la erradicación de los cobros de cuotas obligatorias por parte de los centros educativos concertados andaluces a las familias”.

La iniciativa parlamentaria, presentada este martes ante la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, perseguía reforzar la transparencia económica de estos centros y combatir las prácticas que comprometen el principio de gratuidad en la enseñanza concertada. Para ello, la propuesta incluía medidas como la publicación mensual de todos los ingresos obtenidos por cuotas o aportaciones voluntarias en la web de cada centro y su envío a la Consejería de Educación y a la Inspección Educativa, para que verifique su legalidad “o, en su caso, actúe en consecuencia”.

El partido que gobierna en la Junta ha condicionado su apoyo a una enmienda que sustituía el plan de acción propuesto por una reafirmación genérica del compromiso con la ley, así como el refuerzo de los mecanismos ya existentes. En concreto, la enmienda del PP planteaba instar al Gobierno a “reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gratuidad en la enseñanza concertada, reforzando la labor de la Inspección Educativa que actúa con diligencia ante cualquier denuncia o reclamación relacionada con cobros indebidos”.

Por Andalucía ha rechazado esta enmienda al considerar que rebaja la vocación de acción de la propuesta a una mera declaración de intenciones. “No aprobar esta iniciativa es ser cómplices”, ha criticado la portavoz de Educación de Por Andalucía, Alejandra Durán, después de advertir al Gobierno de Juan Manuel Moreno que “debería sonrojarse por su pasividad” ante el cobro de cuotas ilegales que se están llevando a cabo en colegios concertados y, por tanto, sostenidos con fondos públicos.

Reforzar la inspección

Por su parte, el vocal del PP en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Ruiz, ha manifestado que ya existen “mecanismos de control” para evitar irregularidades en los centros concertados, apuntando a que “para eso está la inspección educativa” y que “lo que hay que hacer es denunciar para que pueda actuar”.

Aunque ha admitido que “la ley no permite cobrar cuotas obligatorias a las familias”, ha puntualizado que sí ampara “aportaciones voluntarias”, justificándolas en que “hay centros que con la financiación actual no llegan a todo”. Ruiz ha aprovechado su intervención para abogar por “mejorar la financiación de los centros concertados” y ha criticado que el “debate de fondo” de la propuesta de la coalición de izquierdas sea “atacar a la concertada porque no creen en la libertad educativa”. “Para poder elegir en libertad, tiene que haber distintas opciones”, ha zanjado.

Junto al PP, el grupo Vox también se ha opuesto a la PNL de Por Andalucía, que solo ha contado con el respaldo de los socialistas. Desde el PSOE, han insistido en que es “fundamental que haya supervisión” y han pedido al Gobierno andaluz “que llegue hasta el final” en la investigación sobre el colegio concertado de Sevilla en el que el inspector advierte un “evidente fin lucrativo”, revelada este lunes por la edición andaluza de elDiario.es.

Las cuotas de los concertados en datos

La PNL de Por Andalucía se basa en los datos publicados recientemente en el informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', elaborado por el centro de políticas económicas de Esade. De acuerdo con este informe, “a día de hoy no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada”, ya que “entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas en España, situándose la cuota media entre los 680 y los 860 euros al año por alumno”.

En Andalucía, “estas cuotas se camuflan en un 72,73% de los casos como donación/aportación, de los cuales el 25% son obligatorias, y en el 27,27% de los casos sí que se denomina como cuota”, según recoge el texto de la iniciativa. Citando al informe, la PNL señala que “el 36,36% de los centros consultados no especificaban la voluntariedad del pago de dichas cuotas a las familias, siendo el pago obligatorio en el 27% de los casos y en el 73% voluntario, con un índice de presión al cobro en nuestra comunidad autónoma del 6,09 sobre 11”.

La PNL planteaba además “garantizar la plena accesibilidad y no exclusión del alumnado en todos los servicios complementarios educativos”. Para ello, proponía “equiparar” los precios de los comedores escolares en los centros concertados a los de los públicos, en aras de evitar que se utilicen estos servicios como vía de financiación “encubierta”. Según avisan desde el grupo de la coalición de izquierdas, “el coste del comedor en muchos centros concertados supera sistemáticamente los precios públicos, algo que agrava la exclusión del alumnado con menos recursos”, como ha denunciado Durán.

Por todo ello, el grupo proponente condena el “claro ánimo de lucro, sin justificación” que le atribuyen a muchos centros concertados de Andalucía, “ante lo que parece haber total impunidad por parte de las administraciones públicas, a pesar de contravenir toda normativa vigente”. En ese sentido, critican que “el Gobierno de la Junta de Andalucía a cargo del Partido Popular no solo no hace nada para erradicar estas situaciones, sino que les aumenta el presupuesto”, en referencia a las cuentas de 2024, donde “la partida para gratuidad en centros concertados aumentó en 60 millones de euros incluyendo todas las etapas educativas, lo cual provoca un mayor beneficio a estos centros que cobran cuotas irregulares”.