El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendod, ha anunciado este jueves que el PP, como parte personada en el caso de los ERE, pedirá la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde Pumpido antes de que se desarrollen las deliberaciones sobre los recursos de amparo planteados por los expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, previstas para el próximo martes. La ponencia, es de recordar, pide exonerar a Griñán de la malversación y reducir la inhabilitación a Chaves.
La decisión anunciada por Bendodo parece responder a una estrategia de que al PP nadie le pueda decir que no intentó recusar a los jueces, que ya han emitido varias sentencias relacionadas con los ERE en las últimas semanas, con el resultado bien conocido, pero a sabiendas que se trata de una solicitud a destiempo si nos atenemos al artículo 56 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ese articulo dice textualmente que “la recusación deberá proponerse tan luego como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite”. “Concretamente, se inadmitirán las recusaciones cuando no se propongan al comparecer o intervenir por vez primera en el proceso, en cualquiera de sus fases, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquél; y cuando se propusieren iniciado ya el proceso, si la causa de recusación se conociese con anterioridad al momento procesal en que la recusación se proponga”.
Es decir, el planteamiento pudiera provocar que las deliberaciones se retrasasen unas horas, al menos para su estudio, pero resulta extemporáneo a tenor de la normativa al respecto, previéndose que no se admitiría una recusación tan solo unos pocos días antes de las deliberaciones cuando la composición del Pleno se conoce desde hace varios años.
Existe un precedente similar cercano en el tiempo: hace apenas unas semanas, el Tribunal Supremo rechazó la recusación que Álvaro García Ortiz presentó contra cuatro magistrados que tenían que resolver sobre su nombramiento como fiscal general del Estado. El instructor entendió que su petición fue presentada demasiado tarde, de forma “extemporánea” ya que, a pesar de conocer la composición de la sala, tardó varios meses en plantear sus argumentos.
De acuerdo a un comunicado enviado por el PP, los populares solicitarán al presidente el TC, Cándido Conde Pumpido, que se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE para “garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC”, tal y como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo porque siendo Fiscal General del Estado participó en la tramitación del asunto
Bendodo señala que Conde Pumpido reconoció en aquél entonces “estar afectado por una causa de incompatibilidad” y con su abstención se garantizaba la imparcialidad del Tribunal Supremo. “¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?”, se pregunta y responde: “La falta de congruencia es palmaria y es cuestión de números y votos”
En el caso de Inmaculada Montalbán, recuerda que fue presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue ponente o participó en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE
Por lo que respecta a María Luisa Balaguer, explica que la actual magistrada del TC fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía del 212 al 2014, ponente en 28 dictámenes que abarcaban, prácticamente, toda la casuística de los ERE. “Revisiones de oficios, subvenciones ilegales, inclusión de prejubilados en pólizas, revisión de avales al conocido fondo de reptiles”, relata.
Aunque por el momento se inste a tres magistrados a apartarse de los recursos del caso, no descarta ampliarlo a los cinco miembros del TC que “tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados”.
Apunta a otro magistrado del TC, Juan Carlos Campo, que pasó de ser ministro de Justicia directamente al Tribunal Constitucional, y que fue director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ERE. Además, recuerda que Campo fue también secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía en la Junta de Andalucía entre el año 2014 y 2015. “Campo emitió juicios públicos que le comprometen, como cuando expresó su perplejidad por el procesamiento de Chávez y Griñán en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso”, señala.
La quinta magistrada del TC a la que ha aludido Bendodo es María Luisa Segoviano, que como magistrada de la Sala de lo Social del TSJA firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente el ERE de Nexpron y el ERE de SOS Cuétara.
“Para que nadie tenga duda y por si alguien se le olvida, hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones. Se fundieron 700 millones de euros de los parados de forma arbitraria. 20.000 euros al mes en cocaína del dinero de los parados se gastaban directivos de la Junta de Andalucía del PSOE”, subraya.
Asegura que el TC “no puede convertirse es en un órgano de relectura o de segunda lectura o de revisión de las sentencias” y recuerda que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, “confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”.
Reafirma que, “quiera o no el PSOE, el caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España con más de 700 millones de euros de los parados andaluces dedicados a otras cuestiones. ”Más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación“, enfatiza.
Asegura que el PP es un partido de Estado, defiende la decisión unánime que han tomado los presidentes autonómicos del PP en la crisis migratoria de Canarias y destaca que Vox “tiene que decidir qué quiere ser, un partido para gobernar o un partido para protestar”.
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