“Cuando el Gobierno de Moreno dice que hemos defraudado 680 millones, eso es una gran mentira, y por mucho que se repita no es verdad. El dinero de los ERE, como lo llaman, lo están cobrando miles de trabajadores hoy, porque la partida sigue en los presupuestos andaluces. Si los 680 millones son un gran fraude, él sabe con nombres y apellidos quiénes lo siguen cobrando. Que establezca los procedimientos de reintegro persona a persona”.
La exconsejera socialista de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, cuya condena a seis años y dos días de prisión por malversación en el 'procedimiento específico' de financiación de los ERE fraudulentos financiados con fondos autonómicos ha anulado el Tribunal Constitucional, ha cargado en la Cadena SER contra el presidente de la Junta de Andalucía pese a los “problemas” con el uso de las ayudas públicas porque “a día de hoy, se siguen pagando una a una”. “Si la Junta de Andalucía considera que eso es un robo y que ese dinero se ha pagado indebidamente, no tiene más que establecer los procedimientos de reintegro correspondientes persona a persona, trabajador a trabajador, y recuperarlo”, ha dicho.
“Cuando no lo hace”, y la Junta va a “seguir pagando esas ayudas, será porque piensa que son legales, y desde luego no puede decir que hemos robado a los andaluces 680 millones de euros”, ha comentado la exconsejera, que ha sentenciado que eso es “una gran mentira fabricada específicamente para hacernos daño, para intentar desmoralizar a los andaluces, para intentar quitar valor a todo el trabajo que ha hecho una generación de políticos en Andalucía para levantar” la comunidad autónoma, su sanidad y su educación, “para ayudar allí donde ha sido necesario y en las crisis económicas industriales”, ha agregado.
Como ya informó este periódico, e Gobierno de Moreno pagará hasta 2026 las ayudas legales del caso ERE que el PP aún incluye en “el robo de 680 millones”. La Junta ha abonado en lo que va de año dos millones de euros en ayudas sociolaborales a los trabajadores prejubilados que se acogieron legalmente a un ERE. Se trataría de los reales beneficiarios de las prejubilaciones acordadas por la Junta de Andalucía, en torno a unas 6.400 personas en total.
Aguayo ha sostenido este miércoles que el PP hizo con ese caso “una persecución a sus adversarios políticos” del PSOE que gobernaban la Junta de Andalucía al ver que les resultaba “muy difícil” ganar a los socialistas y “decidieron buscar otro sistema” para conseguir “lo que no ganaban en las urnas”.
Tras subrayar que ella está “orgullosa” de la gestión que hacían “los equipos socialistas en general” en la Junta de Andalucía, “bastante buena” para la comunidad autónoma, Aguayo ha apuntado que ya “había algún antecedente” de ese comportamiento del PP en otra comunidad autónoma como Castilla y León, donde, según ha opinado, el PP también llevó a cabo “una estrategia de instrumentalización de la verdad” con la que “consiguieron expulsar” de la presidencia de la Junta de esa región a Demetrio Madrid, y que José María Aznar fuera jefe de gobierno de dicha autonomía.
La exconsejera ha apuntado que el PP le dio “buen resultado” esa supuesta estrategia, porque, de lo contrario, ella “no hubiera estado un año y medio en la cárcel”, según ha sostenido. Carmen Martínez Aguayo gozaba del tercer grado penitenciario, y desde mediados de junio había dejado la prisión para estar asignada al centro de inserción social de Sevilla.
Sobre el caso de los ERE y la sentencia que la condenó a ella, junto a más ex altos cargos de la etapa socialista del Gobierno andaluz --incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán--, la que fuera titular de Hacienda ha dicho que ella no es “jurista”, pero se ha llevado “muchos años en la administración”, y “nunca pudo pasar” por su cabeza “que una ley aprobada por un Parlamento” como la del Presupuesto de la comunidad autónoma fuera “ilegal”, o que “al hacer la ley se engañaba al Parlamento”.
“Eso siempre me ha tenido absolutamente perpleja”, ha comentado la exconsejera, que ha añadido que a los parlamentos “no se les engaña”, y son “instituciones sólidas de representación de nuestro país que tienen los medios suficientes para tomar sus decisiones de la manera más consciente y con mayor conocimiento”.
Aguayo ha añadido que el PP, que se personó como acusación particular en este caso, contaba con parlamentarios que “sabían perfectamente que las leyes no pueden ser ilegales”, y conocían “la existencia de la partida presupuestaria 31L, que aglutinaba los fondos para las prejubilaciones de los ERE y las ayudas sin publicidad a empresas en crisis, ”porque se discutía en el Parlamento, y ellos eran parte de esa discusión, modificaron e hicieron propuestas de modificación de esa partida, nunca pidieron que se eliminara“, ha añadido.
Además, la exconsejera ha remarcado que hubo “un informe de la Cámara de Cuentas que se pidió por parte de la Junta” en el que “se detallaba perfectamente cuál era el problema”, y con el que “se decía que los créditos no podían ser delito, porque los créditos se ponen en un presupuesto, y cuando lo aprueba el Parlamento se trasladan al órgano que tiene que ejecutar la política a la que va dedicado ese dinero”, y poner esos créditos en un Presupuesto para que se aprueben “no puede ser delito”.
Carmen Martínez Aguayo ha expresado su confianza en la justicia y su “respeto” al Tribunal Constitucional, y ha pedido al PP que “respete las resoluciones” del “más alto tribunal de nuestro país, que es garante de nuestros derechos”, igual que ella ha respetado las sentencias de otras instancias “aun no entendiéndolas”, según ha añadido.
Tras la decisión del TC respecto a su recurso de amparo, la exconsejera ha explicado que ahora está tratando de “readaptarse a la vida” y a “poder pagar la enorme deuda de gratitud” que tiene “con muchas personas”, incluidas su marido y su familia, que “han sido grandes sufridores” de su situación, según ha lamentado, y también el equipo jurídico que le ha atendido.
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