Cultivos arrasados y abandono institucional: los agricultores piden más ayudas económicas para subsanar las pérdidas

Abel Tarín no le hacía mucho caso al cambio climático, pero sabe que desde hace dos veranos, la escasez de lluvia y el calor perpetuo agravan cada vez más el cultivo agrícola. “Pasamos de veranos a inviernos. Los otoños y las primaveras son cada vez más breves”, cuenta. Sin embargo, la pasada DANA le hizo reflexionar acerca de la adversidad que supone no tomar conciencia sobre el sometimiento meteorológico que con el que vivimos día tras día.

“Llovía mucho la mañana del 29 de octubre”, recuerda, y sobre las 13 del mediodía, acudió a su campo, al que entró a duras penas porque la riada ya había cortado varios caminos de acceso. “Iba con la mosca detrás de la oreja”, narra durante la entrevista telefónica con este medio. Confiesa que los barrancos no los limpian nunca y pensó que la lluvia iba a mover las cañas y dejaría todo impecable. No fue así. Esa misma noche, el campo quedó devastado.

Los ribazos y las escorrentías de tierra predominan en sus explotaciones. Tarín manifiesta que la maquinaria sigue intacta, pero que la tromba de agua no perdonó la cosecha que había plantado en el mes de junio. “La semana antes de la DANA, le puse una malla antihierba y el agua se ha llevado eso, la goma, el árbol y la tierra arable, entre un 70% u 80%”, asevera.

Su explotación agraria se encuentra en el término municipal de Godelleta, en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva, una de las más devastadas. Los caquis han quedado totalmente incomestibles, pero cuenta que al menos los tiene asegurados con Agroseguros; a la vez, algunas parcelas de mandarinas han quedado devastadas, y la naranja “ha quedado picoteada por la piedra”. Según una estimación aproximada, el damnificado prevé pérdidas de alrededor de 120.000 euros. Además, añade que prácticamente todos los agricultores profesionales -que sitúa en un 30%- disponen de seguro: “Destino un 10% del salario bruto para pagarlo”; mientras que los demás, como los jubilados, no estaban cubiertos.

“No tenemos noticias de la conselleria”, cuenta Tarín. Dice que no se le está dando visibilidad a este colectivo afectado y solicita, al Ministerio de Agricultura, que aumente los fondos aprobados para recuperar las pérdidas agricolas, mientras que insta, tanto a la conselleria como a la Unión Europea a que comiencen a tramitar ayudas económicas. Desde la administración valenciana, según la última nota de prensa publicada, presumen de haber destinado más de 51 millones de euros para paliar esta situación que afecta de forma grave a la economía agraria, destacando 20 millones para reparar los caminos. Tarín asegura no haber visto ni un euro prometido ni del ministerio ni por parte de la Conselleria de Agricultura: “Sí que he cobrado los 5.000 euros por autónomo. Desde el sector estamos desamparados”, denuncia.

El pasado 13 de noviembre, desde la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación se lanzó un paquete de medidas económicas para los agricultores y ganaderos damnificados por la riada. Concretamente, 200 millones de euros por solicitante enmarcados en un presupuesto global de 444,5 millones de euros de la Generalitat Valenciana para paliar los daños de la DANA. Una dotación escasa teniendo en cuenta que hay quienes no podrán recuperar la cosecha ni las parcelas en su totalidad.

“Llamamos al ministerio y vinieron técnicos de Tragsa hace quince días. Estuvieron tres días y al cuarto se fueron. Han dicho que lo van a reparar todo, pero seguimos esperando. Hemos terminado el trabajo que tenían que hacer ellos. Por experiencia, los ribazos cuestan tiempo y nosotros tenemos que podar las viñas ahora. Costará tenerlo todo arreglado más de un año seguro”, apunta. A ello, añade que con ayuda del ayuntamiento están abriendo caminos para acceder a las parcelas a recolectar y pulverizar y que la red de agua de la comunidad de regantes está reparada al 80%.

Otra de las damnificadas que ha vivido en primera persona los estragos de la DANA en la huerta es Isabel Navarro. Autónoma y sin trabajadores a cargo, sus explotaciones se encuentran en Utiel, una de las localidades más afectadas por el río Magro.

“En la zona son típicos el almendro, el olivar y la vid. Esta última ha sido el más perjudicada porque es la plantación más baja”, asegura, y añade que el agua también ha afectado a los postes de emparrado y alguna cepa arrancada que se deberá replantar de nuevo.

A diferencia de Tarín, la agricultora confirma que sí ha recibido la indemnización del ministerio y que “en algunas zonas se han empezado con las labores de reconstrucción”, pero que deberían ser más “profundas”: “En Utiel llevábamos tres años en sequía severa. Nos ha perjudicado bastante porque las producciones eran bajísimas y el precio no era mucho mejor. La tierra no ha absorbido el agua de la riada, entonces tampoco nos ha favorecido”.

Preguntada sobre si cree que las administraciones están poniendo todos sus esfuerzos, Navarro opina que deben hacer políticas reales con el sector agrario: “Tienen que agilizar los trámites y aumentar la dotación”. Asimismo, declara que ella no es de las más perjudicadas por la riada, ya que parte de su explotación están en Venta del Moro, y que intentará volver a reanudar la actividad para la próxima campaña: “Una planta nueva hasta dentro de tres años, por lo menos, no va a tener producción”.

La daminificada ejerce de inetgrante en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena y vocal de la Ejecutiva del GAL Rurable de la organización de agricultores y ganaderos La Unió. Asegura que desde la entidad trabajan diariamente en propuestas para todas las instituciones públicas a fin de que se consigan soluciones reales.

Una vez más, el voluntariado

El altruismo siempre ha ido de la mano de los voluntarios, pero en esta DANA ha cogido especial relevancia, precisamente, durante las primeras semanas de la catástrofe y como respuesta a la inacción y dejadez de las instituciones públicas valencianas. La movilización ciudadana fue la encargada de levantar del fango a centenares de afectados desamparados por aquellos que debían socorrerlos.

Greenpeace fue uno de los movimientos sociales que actuó como contrapeso ante la falta de actuaciones gubernamentales. “Estuvimos en contacto con dos agricultores de producción ecológica que distribuyen directamente a las familias. A uno de ellos se le había roto la acequia y parte de los muros. El tener un exceso de agua les ha impedido regar”, subraya Juan de Fernández, responsable de movilización de Greenpeace.

Desde la organización coordinaron la ayuda del voluntariado que tenía conocimiento en albañilería, y del resto, que se encargó de retirar el barro y limpiar las acequias. “Otro punto de intervención eran las naves donde se guardaban las frutas y verduras en los que se habían caído los muros. Con los cultivos de caquis que se habían quedado llenos de plásticos y cañas lo que hicimos fue limpiar los alrededores de los troncos de árboles y quitar la materia inorgánica de los terrenos”, destaca.

Una de las agricultoras a las que asistieron “había dado el huerto por perdido”, según cuenta Fernández. Fueron alrededor de 60 personas, de distintas ciudades españolas, las que se pusieron manos a la obra en las labores de reconstrucción de esos pequeños campos durante todo el puente de diciembre. El miembro de Greenpeace subraya que siguen en contacto con los agricultores ecológicos y que su intención es poner en valor “su capacidad de producción”: “Desde la organización estamos haciendo una campaña de potenciación de la agricultura familiar en contra de los grandes supermercados”.

Medidas preventivas ante fenómenos adversos

El cambio climático siempre se ha tomado como un aspecto en vano, especialmente desde los sectores más reaccionarios y ultras, quienes creen que la lucha no va con ellos, y prefieren escoger el negacionismo agitador.

Tarín, a la pregunta de qué medidas cree que podrían aplicarse desde las instituciones públicas para proteger y preservar las explotaciones agrarias, confiesa que es complicado actuar contra el cambio climático. Como ejemplo, el agricultor explica que con las clemenules, una varieda de mandarina, no pudieron “trabajar este año” porque, el calor del mes de marzo tumbó la flor en el término donde se encuentra su parcela, y que eso dificilmente podría haberse evitado.

Y es que hay expertos que aseguran que es “fundamental compartir conocimiento científico con los agricultores”. Víctor Martínez Bellido, geógrafo e ingeniero ambiental, lleva años estudiando y analizando los regadíos valencianos. Tal y como Martínez comparte a elDiario.es, una mejor coordinación de los agricultores en l'Horta Sud “podría haber evitado muchos daños”. En concreto, adelantar la cosecha ante la “amenaza de fenómenos similares podría haber salvado un porcentaje del caqui o los cítricos”.

Asimismo, el ingeniero también insiste en estudiar con profundiad el “riesgo potencial de vertidos que tiene cada parcela agrícola” con el fin de mejorar esas regiones. “Las industrias que deshacen residuos han vertido cantidades significativas de mentales pesados como el plomo o el cadmio que empeoran la salud humana y, en este caso, la calidad del arroz. El sector arrocero lo ha sufrido de forma histórica”, subraya.

Si hablamos ya a nivel estructural, la tromba de agua habría golpeado de forma menos efectiva a este sector agrario si se hubiesen aplicado “técnicas de agricultura regenerativa o permacultura”: “Muchos cultivos se labran más de una vez al año, o se aplican directamente herbicidas para evitar cubiertas vegetales. Esto demuestra que mantiene el suelo estructurado, reduce la erosión mecánica de las gotas de agua al caer y el suelo perdido por la escorrentía superficial”. Sin embargo, el ingeniero también apunta que hay desventajas sobre la medida planteada, como la reticiencia por parte de algunos agrarios que prefieren no cambiar su forma de cultivar; suelos inviables; o zonas donde sería prácticamente imposible mantener una cubierta vegetal “por la irregularidad de precipitaciones”.

Martínez Bellido tiene claro que en el sector se sienten muchas veces abandonados “por el Estado, que se limita, en la mayoría de casos, a bonificar ayudas o emitir subvenciones insuficientes”. No obstante, insiste en que es necesario coordinar esfuerzos y que desde la comunidad científica deben escuchar y transmitir conocimiento a quienes trabajan las tierras, gobernando con todos y para todos, para reducir “la vulnerabilidad y la exposición” ante este tipo de desastres naturales.