“Yo no puedo evitar la conflictividad social por decreto. Es fundamental que en Andalucía tengamos paz social para atraer riqueza y generar empleo”, ha dicho, ufano, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, escudado por las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía y por el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA). Una potente fotografía, este miércoles en el Palacio de San Telmo, que el Gobierno regional de PP y Ciudadanos está dispuesto a rentabilizar en términos políticos y económicos.
Moreno ha reeditado este miércoles un formato muy parecido a los acuerdos de concertación social, una mesa de negociación permanente entre Gobierno andaluz y los agentes sociales, que ha funcionado durante 20 años en manos de los anteriores gabinetes socialistas. El objetivo, entonces y ahora, consistía en tejer estrategias conjuntas de desarrollo y marcarse compromisos de inversión pública que fomentasen la creación de empleo, la generación de riqueza y la convergencia de la economía andaluza con la media europea.
Andalucía cerró el segundo trimestre del año con 835.500 personas sin trabajo, una tasa de paro del 21%. En los últimos meses se ha generado empleo por encima de la media nacional, pero la Junta y los agentes sociales creen que Andalucía está expuesta a los riesgos de la desaceleración económica y la incertidumbre de factores de enorme riesgo, como el Brexit, que puede impactar en España destruyendo 75.000 puestos de trabajo, de los que un tercio estarían en Andalucía, según datos de la Consejería de Economía.
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos busca la complicidad estrecha de los sindicatos y de la patronal para empezar a dibujar un modelo económico distinto al que configuró el PSOE durante sus 37 años en el poder. Moreno quiere evitar zarandeos incómodos, huelgas, protestas o comunicados duros que pongan en riesgo su estrategia de crecimiento, basada en una política fiscal distinta, prioridades de gasto diferentes, un modelo de formación para el empleo nuevo. Para tener amarrada esa paz social, será el presidente Moreno en persona quien se reúna de manera periódica con patronal y sindicatos cada seis semanas, institucionalizando un formato de reunión tripartita en el que compartir propuestas y divergencias con los agentes sociales. La primera toma de contacto ha concretado poco o nada, pero la foto ha sido una poderosa arma política para el primer Gobierno de centro derechas de Andalucía.
Moreno ha logrado que el presidente de la patronal, Javier González de Lara, y las líderes sindicales Nuria López (CCOO) y Carmen Castilla (UGT) pongan en valor que Andalucía disfruta de “estabilidad política”, “al contrario que otros territorios y que el propio Gobierno de la nación”. Una tesis que echa por tierra la principal estrategia de oposición de la ex presidenta socialista, Susana Díaz, aferrada a la idea de que el Ejecutivo de PP y Cs es “inestable y débil”, dependiente de su alianza con Vox, y próximo siempre a sucumbir a la fragilidad de un pacto de conveniencia a tres. “Esta es una reunión necesaria y oportuna por el momento político que vivimos. Tendemos la mano para afrontar los retos de Andalucía”, ha dicho López. “Ya hay signos de desaceleración de la economía, de cada cuatro parados en España, uno es andaluz”, subraya Castilla. “Andalucía tiene un principal activo que es la estabilidad política”, remarca González de Lara.
El presidente de la Junta está convencido de que “para que haya progreso debe estar ausente la conflictividad social” y es necesario “un diálogo fluido y leal” con los agentes sociales. “Queremos que participen en nuestro modelo económico, enriqueciéndolo con sus propuestas”, subraya.
Los gobiernos del PSOE firmaron ocho acuerdos de concertación con la CEA y los sindicatos a lo largo de dos décadas, acuerdos que movilizaron miles de millones de euros de las arcas públicas. El PP, como principal partido de la oposición, solía cuestionar el impacto real de esos pactos para la economía andaluza. Los populares acusaban a la Junta de comprar la complicidad de los agentes sociales repartiendo millones de euros en subvenciones y programas de ayuda. A partir de 2008, la crisis económica y la crisis institucional que afectó también a los sindicatos y la patronal andaluzas -salpicados por el escándalo de las irregularidades en los cursos de formación para el empleo- debilitó aún más la importancia política de la concertación social.