García se ha pronunciado de este modo en la última entrada de su blog personal en Internet, consultada por Europa Press, tras el último de la juez Mercedes Alaya en el que ordena investigar “qué pudo conocer” la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz “sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales” y reclama a la Junta que aporte los diarios de sesiones del Parlamento de los plenos en que se aprueben los presupuestos anuales entre 2001 y 2010, y los diarios de sesiones de la Comisión de Hacienda en este mismo marco temporal.
“ENORME REVUELO” POR UNA INFORMACIÓN “PÚBLICA”
El diputado de IULV-CA destaca en primer lugar el “enorme revuelo” creado por la información solicitada por la juez, “que es pública y consultable en la web del Parlamento andaluz”, y señala que este episodio “responde a la estrategia de la defensa de varios imputados en el caso”, que ya “quedó clara” en la propia comisión de investigación parlamentaria, “que pretenden liberar su presunta responsabilidad extendiéndola lo máximo posible a través del Parlamento”
García recuerda que él mismo dio “cumplida respuesta” a esta estrategia en el documento de síntesis que elaboró con las conclusiones de los tres grupos parlamentarios y al que “el PSOE aplicó el bisturí, eliminando parcialmente las valoraciones que se hacen en el texto a esta estrategia, por supuesto, en connivencia con el PP”. “Parte de la respuesta que pretendíamos dar a esta estrategia de apuntar al Parlamento por parte de los imputados fue mutilada por el PP y el PSOE”, lamenta.
“PODRÍA PASAR CON CUALQUIER OTRA PARTIDA DEL PRESUPUESTO”
En este sentido, explica que la respuesta a esta estrategia argumentaba que “el Parlamento en relación a los presupuestos de la Junta de cada año solo aprueba una autorización del gasto y el texto articulado, por lo que no se puede considerar como aprobado por el Parlamento ni la memoria del gasto ni otros documentos anexos”. Según subraya, “el Parlamento sólo aprueba el gasto y desconoce el procedimiento que se va a seguir para ejecutar aunque se da por supuesto que se hará conforme a Ley y si no es así, es responsabilidad de quien ejecuta el gasto”.
García, que advierte que lo sucedido con la partida 31L “podría pasar con cualquier otra partida del Presupuesto de la Junta”, concluye con un ejemplo para demostrar que el Parlamento no es responsable de la ejecución posterior del presupuesto. “Imaginemos por un momento que el Congreso de Diputados aprueba la compra de equipamiento para la Guardia Civil y que entre ese equipamiento hay pelotas de goma que luego son usadas para disparar contra inmigrantes en las aguas del Estrecho en el que hay muertos. ¿Es responsabilidad del Congreso de Diputados por haber aprobado una partida de gasto para equipamiento?”, concluye su artículo.