El primer Gobierno andaluz de centro derechas -PP y Ciudadanos- ha llevado este viernes al Parlamento el anteproyecto de ley de los Presupuestos Autonómicos para 2019, “el primer Presupuesto no socialista de la historia de Andalucía”. Las cuentas alcanzarán una cifra récord de 36.495 millones de euros -un 5% más que en 2018-, aunque tendrán una vigencia y un periodo de ejecución muy limitado (apenas 6 meses).
Son las primeras cuentas de PP y Cs y se presentan con el marchamo de ser “las más sociales de la historia autonómica”. El incremento respecto al Presupuesto prorrogado de 2018 alcanza los 1.736 millones de euros, de los que 1.000 millones representan gasto no financiero para políticas sociales, aunque la mitad irá a pagar la subida salarial pactada por el Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos y que beneficia a los 276.000 empleados públicos de la Junta. El aumento del gasto social, desglosado, supone 758 millones más para sanidad (un 7,9% más); 256 millones más para educación (3,5%) y 115 millones más para políticas de conciliación, igualdad y familia (5% más), de los que 47 millones más irán para dependencia, que alcanzará los 88 millones.
Sin embargo, PP y Ciudadanos han apostado por recortar un 15,3% las políticas para la creación de empleo -rompiendo la tendencia al alza de anteriores gobiernos del PSOE-, una decisión difícil de asimilar en una región con una de las tasas de paro más altas de España (un 21% según la última Encuesta de Población Activa). Del programa de Empleo y Trabajo Autónomo, se detraen 189,7 millones respecto al año pasado -pasando de 1.243,3 millones a 1.053,7 millones. Las partidas que más caen son las de Seguridad, Salud y Relaciones Laborales (-21,7%) y las de Empleabilidad, Intermediación y Fomento para el Empleo (21,4%). Cae también el gasto para formación de parados y el presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que retrocede de 766 a 602 millones.
A pesar de estos recortes, las cuentas contemplan la creación de 60.000 puestos de trabajo a final de 2019, y deposita toda su confianza en la buenas perspectivas de crecimiento de la economía andaluza -por encima de la media-, el optimismo de los indicadores macroeconómicos (FMI, OCDE, Banco Mundial) y la tendencia al alza de la EPA: 15.000 ocupados más en Andalucía y más afiliaciones a la Seguridad Social, según la última encuesta.
Lo presupuestado vs lo ejecutado
¿Por qué el Gobierno andaluz reduce el gasto en políticas de empleo en una comunidad con “récord de paro”? ¿Por qué esta aparente contradicción con la promesa electoral estrella del hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de crear 600.000 empleos en los cuatro años de legislatura? Ha sido un dato que ha chirriado a todos los periodistas durante la presentación de las cuentas por parte del consejero de Hacienda, Juan Bravo, al que han querido reforzar con su presencia el titular de Presidencia, Elías Bendodo (PP), y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos). Para explicar estos recortes, el titular de Hacienda ha propuesto cambiar las reglas del juego, esto es, ha pedido no comparar el gasto presupuestado de este año con el del ejercicio anterior, sino comparar lo presupuestado con lo ejecutado. Por ejemplo, la Junta socialista destinó el año pasado a Empleo 1.243 millones, pero sólo se ejecutaron 559 millones. “Si nos comparamos con esa cifra, nosotros aumentamos la inversión para Empleo en un 75,9%, porque nosotros sí vamos a gastar lo que presupuestamos en su integridad”, subraya Bravo.
Otro ejemplo, en 2018 se ejecutó un 1,1 millones del presupuesto global de Memoria Histórica, y se dejó sin gastar un 47,3% de lo presupuestado. “Nosotros vamos a ejecutar todo lo presupuestado, o sea, que si lo comparamos con lo que realmente vamos a hacer, en realidad invertimos más que el PSOE en Memoria”, dice Bravo. El consejero admite que esta tesis no se podrá comprobar fehacientemente hasta febrero del año que viene, después del cierre presupuestario y una vez se conozca el grado de ejecución real de este Presupuesto. Los periodistas han interpretado que se les pedía “un acto de fe”, y que no podían dar por bueno el aumento del presupuesto anunciado para salud y educación, sin hacerlo también con el recorte en políticas de empleo. La Junta adelantó en plena campaña de las elecciones generales las cifras de incremento del gasto en sanidad, educación y dependencia, pero omitió informar entonces sobre el recorte previsto en políticas de empleo. “Aceptamos la crítica. Estos presupuestos no son bonitos, pero son creíbles. Serán plenamente eficaces cuando termine el año y veamos el 100% de ejecución. Les pido ese acto de fe hasta el próximo mes de febrero o marzo”, ha respondido el consejero.
En realidad este planteamiento no tiene que ver con los números, sino con la política. PP y Ciudadanos siempre han acusado al anterior Gobierno del PSOE de “inflar las cifras” para gasto social en sus presupuestos, que luego no se ejecutan y se reprogramaban esas partidas derivándolas hacia el capítulo de personal (850 modificaciones presupuestarias, “movimientos internos en la sombra”, lo llaman los nuevos gestores). Eso ha permitido a los socialistas hablar durante años, sistemáticamente, de los “presupuestos más sociales de la historia”, el mismo anatema que usa hoy el Ejecutivo de PP y Cs al presentar sus primeras cuentas.
La estrategia del consejero de Hacienda, aunque suene estrafalario comparar conceptos tan distintos como el gasto presupuestado y el gasto ejecutado, busca un objetivo político: cambiar la perspectiva con la que el PSOE ha hecho “propaganda” con la presentación abultada de unas cuentas que, al final, no respondían a lo anunciado. “No vamos a engañar”, ha repetido cien veces Bravo a los periodistas, pidiendo un margen de confianza a sus primeros Presupuestos para empezar desde cero a comparar lo que presupuesta y lo que ejecuta el nuevo Gobierno andaluz, según sus propias reglas de autoexigencia.
Otro ejemplo de esta ingeniería financiera es, según los populares, el gasto presupuestado por anteriores gobiernos socialistas para formación para el empleo. Esta partida que se nutre principalmente de fondos estatales y europeos ha estado bloqueada cinco años por razones judiciales: siempre aparecían en los presupuestos, pero nunca se ejecutaban. Bravo denuncia que en los últimos años la Junta ha devuelto al Estado 1.300 millones de euros para políticas activas de empleo sin ejecutar. Los socialistas niegan la mayor y aseguran que el nivel de ejecución de su último Presupuesto fue del 97%, y el consejero de Hacienda admite ese dato, pero matiza que el 46% de las opciones de capital se dejaron sin ejecutar. Además del recorte en Empleo, también se reduce testimonialmente el presupuesto de Memoria Histórica, que pasa de 1,7 a 1,6 millones de euros (un 6,9% menos). El ajuste es de 100.000 euros menos.
El apoyo pendiente de Vox
Para que salgan adelante estas cuentas, el Gobierno andaluz necesita el respaldo de su aliado parlamentario, el grupo de extrema derecha Vox. Y aquí es donde se abre la brecha de la incertidumbre y las contradicciones. El borrador de Presupuestos que ha aprobado el Consejo de Gobierno, y que ahora inicia su recorrido parlamentario, mantiene el mismo gasto para políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista que en 2018, así como para exhumaciones y ayudas a la Memoria Histórica. El programa de protección contra la violencia de género tendrá una dotación de 4,2 millones, prácticamente el mismo, aunque el consejero vuelve a usar aquí su fórmula comparativa: “El incremento sobre el gasto ejecutado en 2018 es de un 230,5%, 2,9 millones más”, asegura, tras aclarar que entonces se ejecutaron 1,3 millones. El programa de acciones para la igualdad y promoción de las mujeres -ubicado en el ámbito del Instituto Andaluz de la Mujer (“un chiringuito feminista”, según Vox)- conserva un presupuesto de 43,3 millones, se incrementa un 0,9%, casi 400.000 euros más que el año pasado.
Las políticas de igualdad de género y de Memoria son dos conceptos que Vox quiere erradicar de las cuentas, advirtiendo al Gobierno de PP y Cs de que no respaldarán un Presupuesto que continúe las políticas de género y de Memoria que venía impulsando el anterior Ejecutivo del PSOE. Ahora es el momento de ver en qué se traduce ese ultimátum. Los populares y los naranjas parecen estar tranquilos, no temen el veto de Vox, porque creen que las microcifras del Presupuesto son un argumento más potente que las partidas que la ultraderecha cuestiona.
El presidente Moreno esgrime que los andaluces que votaron echar al PSOE tras 36 años y medio en el poder, no entenderían que Vox arruine el cambio de ciclo político tumbando sus primeras cuentas. Sobre todo, porque los números que se han presentado hablan de un aumento del gasto en educación, sanidad y políticas sociales, y de una importante rebaja fiscal (sucesiones y donaciones; patrimonio, tramo autonómico del IRPF) que el partido de Santiago Abascal apoya.
Agencias públicas y subvenciones
Los Presupuestos también recogen otro dato llamativo: los entes instrumentales de la Junta absorben un presupuesto de 3.614 millones de euros, 165 millones más que en la última etapa del PSOE. El PP, desde la oposición, siempre ha sido extremadamente crítico con el sector público de la Junta, calificado de forma peyorativa de “administración paralela” y “nido de enchufados” del PSOE. Uno de sus principales propósitos políticos era adelgazar todo el entramado de agencias públicas, fundaciones y consorcios, y lo han empezado a hacer en estos primeros cuatro meses de legislatura, aún así el gasto global de los entes instrumentales crece. Hacienda sostiene que se debe fundamentalmente a la subida salarial de la plantilla total de la Administración pública: 250.000 funcionarios, más 26.045 empleados del sector instrumental. Una de las primeras decisiones de Bravo fue pedir a estas agencias -excepto aquellas que cumplen un servicio básico en sanidad, educación o dependencia- recortar un 5% del gasto corriente. Esta medida ha supuesto un ahorro global de 53 millones de euros.
Otra de las críticas duras del PP en la oposición eran la política de subvenciones de la Junta que prometieron eliminar si llegaban a gobernar. Las ayudas se mantendrán como hasta ahora -el presupuesto apenas varía- aunque Hacienda será más exigente con los requisitos para concederlas y con el sistema para otorgar el dinero y que las entidades adjudicatarias justifiquen que lo han gastado correctamente. Así, se reducirá del 75 al 50% la aportación inicial de la subvención para tener un mayor control sobre ellas -excepto en sanidad y en educación- y el 50% restante se entregará una vez se haya justificado correctamente su uso.
Las cuentas andaluzas de 2019 aumentarán casi tres décimas por encima del crecimiento previsto de la economía regional (2,3% del PIB), según Analistas Económicos. Bravo confía en que la buena actividad de la economía andaluza ayude a compensar la bajada global de impuestos que recogen las cuentas públicas.
Los números “expansivos” del nuevo Gobierno andaluz para 2019 -que apenas tendrán cuatro meses para ejecutarse- se sustentan en tres patas: una mejora notable de los fondos europeos (6,6%), un aumento del 5,4% de las entregas a cuenta del Gobierno central y una previsión de incremento de ingresos del 10% a través de los tributos propios, que representan el 9% del total de ingresos no financieros de la Junta. Este último dato sorprende, sobre todo, porque las cuentas incluirán la tan anunciada rebaja fiscal global de PP y Cs, que causará una merma considerable de ingresos en las arcas públicas: la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del primer tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 60.000 euros...
La bajada del impuesto de sucesiones (-20,9% menos de ingresos) se compensará, según Hacienda, con una brusca subida de ingresos por el impuesto de transmisiones patrimoniales, gracias a la mayor compra-venta de vivienda en Andalucía. Por ejemplo, las cuentas computan 320 millones en ingresos por venta de patrimonio de la Junta, unas operaciones para obtener liquidez que nunca le salieron bien al Ejecutivo anterior, pero que PP y Cs repiten con esperanza de tener éxito en menos de seis meses.
La Junta perjura que esta caída en los ingresos no repercutirá negativamente en la calidad de los servicios fundamentales, como la sanidad y la educación, sino que será amortiguada por el crecimiento natural de la economía andaluza: las cifras “récord” de turistas, las exportaciones, la compra-venta de viviendas que estimulará el impuesto patrimonial… “No vamos a subir impuestos, vamos a recaudar más porque hay más actividad económica”, asegura Bravo.