Un profesor universitario logra la primera sentencia judicial en Andalucía favorable a los docentes asociados. El fallo del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, reconoce al llamado 'sector B' derechos laborales como personal indefinido y que para el ejercicio de su función no debe acreditar vinculación laboral activa.
La denuncia quedó interpuesta por Jesús Sabariego, profesor de Historia en política, sociología y relaciones laborales en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) entre los años 2009 y 2013, tras su despido por parte de la mencionada institución. La sentencia, sin recurso por parte de la entidad académica, reconoce además el carácter improcedente de la suspensión del contrato. La UPO, a preguntas de este medio, asegura que acata “una sentencia que ya es firme” aunque no entra a valorar ni comentar fallos judiciales.
“Es una sentencia histórica. No había ninguna, es la primera en Andalucía”, resume el denunciante. El fallo crea jurisprudencia y sirve como “herramienta que reconoce derechos laborales” para combatir “situaciones de auténtica precariedad” en universidades españolas públicas y privadas. Algo “revolucionario”, mantiene, “pues los contratos se renuevan anualmente como nuevos, es la práctica habitual”. Y además, tras el texto legal, “ya no es necesario demostrar un ejercicio activo a través de contrato”.
Profesor asociado como figura “cómoda y útil”
“El asociado era una figura cómoda y útil. Ahora no va a ser tan fácil”, continúa Sabariego explicando “lo que pretendía con la demanda” contra la UPO. Aunque el carácter precario de determinadas contrataciones es generalizado, según el profesor. “En muchos claustros en torno al 50% del personal está integrado por el 'sector B': asociados, sustitutos, interinos, ayudantes de doctores… y suelen tener una fuerte carga laboral y docente”, sostiene.
En su caso, dice que la universidad no lo readmitirá al puesto que propició la demanda. Tampoco quiere ese paso, dice, y se conforma “con una sentencia que afianza la posición de los asociados y reconoce derechos negados hasta ahora y que impedían, por ejemplo, reclamar antigüedad”. Y “se ha reconocido que una universidad pública lo hizo mal y vulneró derechos laborales”, subraya Jesús Sabariego.
“No podemos permitir que instituciones públicas funcionen con malas prácticas”, entiende y refiere docentes “que incluso tiene que darse de alta como autónomo para después cobrar 400 euros al mes”. “En época de crisis las universidades públicas se han deslizado peligrosamente hacia la precarización de los colectivos más vulnerables”, manifiesta.
“Vía para docentes en situación de precariedad”
“Hay quien encadena años con contrato de profesor asociado, que cada año espera a ver si será renovado… la sentencia dice que hay consideración como indefinido y que no hay que acreditar permanentemente una plaza laboral activa sino currículum que se corresponda con la plaza”, relata Sabariego. “Y que tampoco se computan méritos en la universidad ni se reconoce antigüedad”, añade.
Es “la primera sentencia en Andalucía”, recalca, junto a “una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona a favor de un asociado que planteaba una situación similar”. El profesor, con la demanda, perseguía este respaldo al colectivo: “parece que somos profesionales externos a la universidad a los que se llama en momentos puntuales y no es así”.
“Todo esto abre la vía para que docentes en situación de precariedad puedan reclamar judicialmente, reconociendo la situación de irregularidad en la que se encuentra este sector en la universidad pública española”, asegura. Que los profesores asociados son trabajadores indefinidos y no hace falta renovación, apela una sentencia convertida, dice Sabariego, en “una herramienta útil para mucha gente”.