La comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía ha aprobado este viernes, con los únicos votos del PSOE-A y C's, el dictamen sobre el proyecto de ley de los presupuestos autonómicos para 2016, que no incorpora ninguna de las decenas de enmiendas presentadas por el PP-A, Podemos e IU. Sólo se ha modificado el documento presentado por el Gobierno de Andalucía con 20 enmiendas pero todas ellas del PSOE-A (las 12 que presentó esta formación que gobierna en la comunidad autónoma) y ocho de C's, que había presentado nueve y continúa siendo el único aliado para el Gobierno de Susana Díaz.
En realidad se ha cumplido lo previsto porque las enmiendas de la mayoría de la oposición ya tenían el no en el informe de ponencia. En este sentido, después de que las tres formaciones presentaran cada una por su cuenta una enmienda a la totalidad, con lo que pretendían que el documento fuera devuelto a la Junta de Andalucía pero fueron rechazadas el pasado 4 de noviembre, tenían pocos visos de prosperar las propuestas que luego han presentado para mejorar las cuentas. Muchas de esas enmiendas -que sumaban casi 900 entre los cinco grupos con representación- ni siquiera fueron tramitadas. De este modo, este viernes se han votado 756 (537 del PP-A, 156 de Podemos y 63 de IU) y todas han resultado rechazadas por el PSOE-A y C's.
Estos grupos pueden mantenerlas para su incorporación en el debate final del pleno que tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre, pero no confían en que sea posible pese a que el discurso del Gobierno de Andalucía ha sido llamar a la oposición a participar en el proyecto de ley más importante del ejercicio y ha apelado continuamente a un diálogo que parece no existir a la hora de la verdad.
Ya el pasado martes el Consejo de Gobierno mostraba su disconformidad con la admisión a trámite de 89 enmiendas, presentadas por PP-A, Podemos e IULV-CA, al entender que conllevan un aumento de ingresos sin que esté justificada su procedencia, así como un incremento en los gastos a través de iniciativas carentes del consiguiente respaldo presupuestario. Éstas han sido las que ni siquiera se han votado este viernes. En este contexto, la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces se reunirán el lunes para la calificación de votos y enmiendas que se mantengan para el debate en el próximo pleno.
Lo que se ha sumado
Las enmiendas de C's que se han incorporado suman 16,5 millones de euros y todas ellas referidas al capítulo de gastos. Se incluyen 8,5 millones de euros para un plan de I+D; 3,5 para acciones formativas para desempleados con discapacidad; 1,5 para ensayos clínicos; 1,0 para acciones de innovación en el Parque Tecnológico Rabanales; 700.000 euros para un plan de impulso al desarrollo generacional transversal a la agricultura y ganadería; 500.000 para seguros agrícolas y ganaderos; 220.000 para gastos en investigación y desarrollo; y 150.000 para la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación. Sólo se le ha rechazado, por los votos en contra del PSOE-A, Podemos e IU, una enmienda de apoyo a la enseñanza concertada, por un importe de 500.000 euros, que el sí PP-A compartía.
Mientras, las 12 enmiendas del PSOE-A que se han incorporado, suman 4,2 millones de euros: 3,1 de aportación extraordinaria al Consorcio de Sevilla; 30.000 euros para CAVA, con el objetivo de potenciar la participación ciudadana; 62.000 para Cepes; 100.000 euros para mejorar el apoyo a las comunidades de andaluces en el exterior; 150.000 para la promoción turística del 525 aniversario de la llegada a América; y subvenciones nominativas a los consistorios de Nerva (Huelva), de Jerez de la Frontera (Cádiz) y de Los Barrios (Cádiz), por importe de 500.000, de 172.000 y de 43.000 euros, respectivamente, para atender la construcción de infraestructuras relacionadas con la protección y defensa del medio ambiente.
Las otras cuatro enmiendas están relacionadas con el articulado, como la referida a la aplicación de la reforma local; a una nueva disposición final para la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al municipio de Marbella (Málaga); y una modificación legal para transferencias de financiación a los municipios donde exista un vertedero de residuos peligrosos.