El PSOE de Andalucía, la federación más numerosa del partido con 44.000 militantes, ha empezado a sacudirse los complejos que durante los últimos 15 años le han hecho agachar la cabeza tras las condenas por prevaricación y malversación contra la antigua cúpula del gobierno autonómico en el marco del caso ERE.
El Tribunal Constitucional (TC) acaba de anular la primera de aquellas sentencias condenatorias que dictó el Supremo -exculpando a la exministra y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez- y ha virado drásticamente la posición del socialismo andaluz: de autodefensa al contraataque.
Los dos primeros movimientos del tablero, en esta nueva partida, los ha dado este lunes su secretario general, Juan Espadas: el primero anunciando querellas por injurias contra cualquier dirigente del PP -incluido el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno-, que siga señalando al PSOE y sus dirigentes exculpados como responsables de un “robo genérico” de ayudas públicas. El segundo, tendiendo la mano a los exonerados por el TC para restituir sus derechos políticos, empezando por su condición de militantes socialistas.
En junio de 2016, Manuel Chaves y José Antonio Griñán solicitaron por escrito a la ejecutiva federal del PSOE su baja voluntaria del partido, en el que habían militado desde el tardofranquismo, tras la apertura de juicio oral contra ellos en el caso de los ERE.
Los expresidentes andaluces evitaron así que la dirección de Pedro Sánchez les suspendiera cautelarmente de militancia, tal y como establece el Código Ético de los estatutos que aprobó el partido tras su llegada a la secretaría general: los imputados (ahora investigados) deben dejar sus cargos en cuanto se abra juicio oral.
Ocho años después, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de anular la condena por prevaricación contra Magdalena Álvarez en el caso ERE, Espadas se ha ofrecido a restituir políticamente a los exdirigentes que, como la exministra, resulten exculpados, devolviéndoles el carné del partido. “Todos se apartaron voluntariamente y pidieron la baja y ahora estamos dispuestos y encantados de volver a recibirles”, ha asegurado Espadas este lunes, en vísperas de que el tribunal de garantías revise las condenas de otros ex altos cargos socialistas, entre ellos Chaves y Griñán.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y, posteriormente, del Tribunal Supremo condenó a la cúpula de los últimos gobiernos socialistas como responsables de un “macrofraude” que se cifró en 680 millones de euros, porque era la partida presupuestaria de donde salieron las ayudas irregulares. Hasta 22 dirigentes socialistas -presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales- fueron condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos.
El PSOE andaluz, expulsado del Gobierno tras las elecciones de 2018, ha arrastrado los pies los últimos 15 años, incapaz de levantar la cabeza sin que una nueva sentencia del caso ERE volviera a hundírsela en el suelo. El 22 de junio de 2022, tras hacerse pública la sentencia condenatoria del Supremo, Espadas compareció para “mostrar su respeto por el fallo, que los socialistas acatan” aunque, dijo, “se debía haber producido por unanimidad” [la sentencia contó con tres votos a favor de los magistrados del Supremo y dos en contra].
Al anular aquella sentencia contra Magdalena Álvarez, admitiendo que en el largo proceso judicial de los ERE se vulneraron sus derechos fundamentales -principio de legalidad penal y presunción de inocencia-, el Constitucional ha abierto la puerta a exculpar a otros condenados de la llamada pieza política, en sucesivas sentencias que irán conociéndose estos días. Y el PSOE andaluz ha saltado al contraataque.
El Gobierno de Moreno y el PP, personado en la causa desde el principio, han puesto el grito en el cielo, denunciando que el “caso ERE ha sido el mayor caso de corrupción de la historia de España”, y cuestionando la legitimidad del Constitucional, ahora con mayoría progresista. Esta vez la sentencia es de siete magistrados a favor y cuatro discrepantes.
La novedad absoluta es que el PSOE andaluz se ha arrancado los complejos que le han obligado a agachar la cabeza cada vez que salía el tema de los ERE en los últimos 15 años. “¡Hasta aquí hemos llegado!”, ha subrayado este lunes Espadas, en la primera comparecencia pública al respecto desde que se conoció el fallo del Constitucional.
Los socialistas, aferrados al fallo del tribunal de garantías, han contraatacado al PP de Moreno, amenazándole con llevarle a los tribunales “si siguen hablando de un robo de 680 millones de euros” señalando al PSOE o a los exdirigentes que están siendo exculpados. El ofrecimiento a devolver el carné de militante a quienes tuvieron que entregarlo tras ser imputados es un gesto simbólico que anticipa un giro en las tornas del relato de los ERE.
Espadas ha cargado duramente contra el PP andaluz, al que ha tildado de “partido antisistema”. “Asistimos a un proceso vergonzoso de deslegitimación del máximo órgano de control de los derechos fundamentales. Es bochornoso lo que está haciendo el PP, que además es acusación particular en los ERE”, ha asegurado. El líder de los socialistas andaluces ha recalcado que el fallo del Constitucional es “lo verdaderamente grave” de este caso, porque confirma que se han vulnerado los derechos fundamentales de Álvarez, la primera de las exculpadas.
La sentencia que condenó a la exministra de Hacienda ha quedado sin efecto, por tanto, ahora mismo no recae sobre ella ningún delito, hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte un nuevo fallo ateniéndose al recurso parcial aceptado por el Constitucional. En este contexto, Espadas ha retado a Moreno y al PP que señale “con nombres y apellidos” a aquellos dirigentes socialistas a los que sigue acusando de “robar”, “para ir preparando las querellas en los tribunales”, en caso de que estos hayan sido exonerados por el TC.
“El PP debe decidir si quiere ser un partido de gobierno, que acata las sentencias aunque disienta de ellas, o si se ha convertido en un partido antisistema, al margen de la legalidad, que sólo admite las sentencias que le dan la razón”, sostiene Espadas, acusando a los populares de haber emprendido “una campaña de descrédito” de los jueces del Constitucional que han emitido la sentencia de Magdalena Álvarez. El PP, como acusación particular, no solicitó la recusación de ninguno de esos magistrados a los que ahora acusa de su vinculación con el PSOE, como el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001, y hoy magistrado del TC.
El jefe de la oposición en Andalucía ha recordado que él mismo tuvo que comparecer públicamente para valorar la sentencia del Supremo que condenó a Chaves y Griñán en junio de 2022. “Lo hice con todo el dolor de mi alma, porque seguía considerando que eran inocentes. Acatamos el fallo, aunque dijimos que no compartíamos la tesis de una trama o un procedimiento concebido desde arriba para defraudar”, ha asegurado.
Espadas considera “vergonzoso” que Moreno y el PP andaluz sigan hablando de “un robo genérico de 680 millones”, algo que “no está corroborado”. Es la partida presupuestaria del que salió el fraude, pero también la que ha servido para pagar las ayudas de 6.400 prejubilados 'legales' -en el caso ERE hubo 71 “intrusos”, trabajadores que percibieron ayudas que no le correspondían-. “Con esta sentencia, el PSOE no va a permitir que ningún responsable del PP vuelva a hablar de un robo de 680 millones y señale al PSOE o a algún socialista. Si lo hace, que digan el nombre y los apellidos de quienes robaron, para poder querellarnos”, ha zanjado.
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