El asunto de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los últimos años se mueve entre el juzgado y el Parlamento. El Grupo Socialista, Por Andalucía y Adelante Andalucía se han aliado este lunes para presentar una iniciativa conjunta para reclamar la celebración de un debate general sobre la materia a raíz de la investigación judicial tras la querella del PSOE que, por otra parte, ha ampliado en el juzgado para confrontar el aval jurídico de la Junta a los contratos a dedo con el rechazo de los auditores del que informó este fin de semana elDiario.es Andalucía.
En la iniciativa conjunta los grupos de izquierda reclaman al Gobierno andaluz “una explicación política” en sede parlamentaria por “el abuso” de las contrataciones sanitarias de emergencia sin la cobertura legal de la pandemia de Covid. Los tres grupos esgrimen a favor de su solicitud los informes de la Intervención General de la Junta que manifiestan su “opinión desfavorable” al uso de la contratación de emergencia por parte de Moreno Bonilla y su Gobierno para adjudicar más de 240 millones de euros a centros sanitarios privados “al margen de los requisitos y procedimientos marcados por la Ley de Contratos del Sector Público, eludiendo la concurrencia pública sin justificación alguna”.
Los grupos de izquierdas insisten en que “la gravedad de los hechos requiere una explicación política del Consejo de Gobierno en sede parlamentaria”, más cuando están citados la actual gerente del SAS y sus dos antecesores desde 2020, así como por el hecho de que desde la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción se pide al Gobierno andaluz la ampliación de la documentación sobre los expedientes de contratación sanitaria, los acuerdos de Consejo de Gobierno e informes de la Intervención General, de la Junta Consultiva de Contratación, de la Intervención Central del SAS y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
El coordinador de Presidencia del Grupo Socialista, Rafael Márquez, dijo este lunes en rueda de prensa que el objetivo es “la comparecencia del propio presidente de la Junta en el Parlamento”, convencido de que Moreno “tiene que dar la cara, no puede seguir mirando a otro en un asunto de extrema gravedad que preocupa, como hemos visto este fin de semana, a muchos ciudadanos de Andalucía”, en alusión a las manifestaciones en defensa de la sanidad pública en Andalucía. “Terminará quemándose”, auguró el socialista, si bien la mayoría abosulta del PP tumbará previsiblemente la propuesta de las tres izquierdas, al menos en este punto.
Paralelamente, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha descartado que se vaya a cesar a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, que ha sido citada como investigada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla junto a sus antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha demandado por su parte “luz y taquígrafos” en este asunto tras poner de manifiesto que en la sanidad andaluza “ya no sólo que se estén haciendo conciertos, como nunca en la historia, es que se está dando dinero a la sanidad privada y se está dando ilegalmente y es lo está investigando un juez”. “Hoy los presentamos y el miércoles van a tener que votarlo también”, ha afirmado el portavoz de Adelante sobre la convocatoria en esa jornada de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces, para preguntarse seguidamente “vamos a ver qué dice el presidente del Parlamento de Andalucía, vamos a ver qué dice el Partido Popular” por cuanto ha esgrimido que “está imputada la gerente del SAS y los dos gerentes anteriores”.
“Lo que hemos conocido en los últimos días ya pasa de castaño a oscuro”, ha sostenido García, en alusión a una práctica en la contratación pública que ha descrito como que “se estaban dando casi 300 millones de euros a empresas privadas de la sanidad privada y eso se había hecho a dedo, sin licitación pública, sin ningún tipo de concurso y además con una normativa derogada”.
“Estamos trabajando en la ampliación para recabar nuevas diligencias de las que daremos debida cuenta”, anunció Márquez desde el punto de vista judicial, quien ha asegurado respecto a la iniciativa parlamentaria que el presidente de la Junta “tiene que dar la cara, no puede seguir mirando a otro en un asunto que preocupa a muchos ciudadanos de Andalucía”.
Márquez ha inferido que ese conjunto de iniciativas judiciales entraña el deseo de “llegar hasta el final para saber el papel del Consejo de Gobierno”, mientras se ha preguntado en voz alta sobre la gestión del Ejecutivo autonómico “por qué eliminó los controles previos de contratación de emergencia en 2020”, antes de plantear que ese conjunto de requerimientos de la Fiscalía Anticorrupción aceptados por el juzgado “va más allá de las inicialmente solicitadas por el PSOE”. “No es una cuestión menor, de trámite, de mera crítica de desgaste de la oposición”, insistió.
Además de esa iniciativa de Anticorrupción, Márquez ha aludido a un nuevo informe de la Intervención del SAS sobre la contratación en los ejercicios 2022 y 2023, además de “los 18 informes desfavorables de 2020 y 2021”, sobre el cual ha recriminado al Gobierno andaluz que “ha tenido guardado cajón” por cuanto ha esgrimido que en abril estuvo el provisional y en julio estuvo el definitivo y “un juez le ha obligado a darlo a conocer”. Ese trabajo de la Intervención del SAS es “de enorme transcendencia”, a juicio del PSOE, convencido de que “refuerza” sus argumentos acerca de “un sistema irregular, contrario a la ley”, al tiempo que ha planteado que “la solidez de nuestra denuncia”.
“La Intervención General pone la lupa sobre la ejecución de los contratos”, ha afirmado Rafael Márquez, quien ha precisado que esa exigencia se encamina a evaluar si “lo pagado se corresponde con lo ejecutado” tras afirmar que “en el 100% de los expedientes analizados faltan las actas de recepción de lo ejecutado”, de manera que por parte del Gobierno andaluz “no se han hecho las comprobaciones necesarias de lo contratado”.
Ese informe del organismo interno de fiscalización de la Junta “tumba los únicos argumentos jurídicos para avalar esta contratación irregular”, ha dicho el parlamentario socialista sobre las afirmaciones públicas al respecto del Gobierno andaluz y de su presidente, que “se ha agarrado a esos informes (del Gabinete Jurídico de la Junta)” para defender ese procedimiento de contratación que prolongó una vez que el Estado derogó la excepción que introdujo con motivo de la pandemia de coronavirus.
Márquez ha sostenido que el Gobierno andaluz “no solo ha mantenido el modus operandi irregular de 2021, 2022 y 2023, sino que se ha extendido al año 2024”, conclusión que “hemos conocido por esa llamada a declarar de la gerente del SAS”, Valle García, de quien ha recordado su condición de firmante de “la adenda con hasta 8 empresas aumentando las cantidades máximas contratadas”, antes de blandir que tendrán que ser “aclaradas por la actual gerente en sede judicial”.
El diputado socialista ha preguntado de forma retórica a la gerente del Servicio Andaluz de Salud “si firmó las adendas de enero a julio de 2024”, si con ello “dio cobertura de forma irregular a las pruebas diagnósticas después de mayo de 2023”, y si lo extendió a 2024“.
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