Las políticas de memoria histórica fueron las grandes ausentes del debate de investidura del pasado jueves. Estuvieron ausentes en el discurso inicial del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que cuatro años antes sí las mencionó pero en sentido contrario: como guiño a Vox, con el que firmó un pacto político para derogar la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, y sustituirla por una ley de concordia.
Sin embargo, más significativo fue el olvido del líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, cuyo partido en el Gobierno de España acaba de sacar del Congreso la aprobación de una ley estatal de Memoria más ambiciosa que la que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
El secretario general del PSOE andaluz pronunció un discurso inicial de 30 minutos en el debate de investidura de Juan Manuel Moreno, y posteriormente una réplica de otros diez minutos. Llevaba ambas intervenciones por escrito, aunque introdujo cambios sobre la marcha. Hizo demandas, propuestas de pacto y críticas duras al Gobierno de Moreno de toda índole: sanidad, educación, empleo, financiación, medioambiente, agricultura...
Pero olvidó reivindicar la Ley andaluza de Memoria en un momento especialmente crítico para estas políticas: el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una nueva ley estatal impulsada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, respaldada por siete partidos y con el rechazo visceral de las derechas. Espadas no reivindicó ni la norma andaluza ni la estatal, la única alusión de fondo fue una referencia en el último minuto de su intervención, fuera de tiempo y con el micrófono apagado: “Honremos la memoria y el legado de aquellos que, como Blas Infante, dieron su vida por Andalucía”, dijo.
Minutos antes, la portavoz de Vox, Macarena Olona, había hecho una referencia durísima a la Ley de Memoria Democrática, acusando a los socialistas de usar “a los muertos del 36 para ganar votos”. Espadas ignoró esa y otras tantas alusiones despectivas de Olona contra su partido, en un giro estratégico en su labor de oposición que pasa por ignorar sistemáticamente a Vox, ahora que su influencia sobre el Gobierno de mayoría absoluta de Moreno es considerablemente menor.
El PP, Ciudadanos y Vox han cargado de forma virulenta contra la futura Ley estatal de Memoria Democrática porque ha sido negociada, entre otras formaciones, con EH Bildu. La formación independentista vasca ha logrado introducir una disposición adicional para que, en el plazo de un año, se cree una comisión de expertos que estudie “los supuestos de vulneración de derechos humanos” más allá del marco temporal que establece la ley -desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978-, esto es, iniciado ya el periodo democrático hasta 1983.
Las derechas dicen que se cuestiona la Transición Española, “un periodo sagrado e intocable” para ellos, y han revivido la memoria de ETA -desparecida hace diez años- para agitar a las víctimas del terrorismo en contra de una ley que el Gobierno de Pedro Sánchez, dicen, ha pactado con “sus herederos”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido derogarla si llega a la Moncloa, tras las elecciones generales del año que viene.
En Andalucía, este debate tiene especial relevancia porque el Parlamento andaluz fue el primero que aprobó una ley autonómica de Memoria Democrática sin ningún voto en contra (2017), esto es, sin el rechazo frontal del PP, que venía de votar en contra de la ley estatal de José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares y Ciudadanos se abstuvieron y llegaron a defender el articulado “sustancial” de la norma andaluza, que también se colaba en el periodo democrático (hasta 1982) para hacer un reconocimiento a los que lucharon en defensa de la autonomía plena para Andalucía.
En ambos casos -tanto en la ley estatal como en la andaluza- la consideración de víctimas a efectos de ayudas del Estado, reparación y la posibilidad de reabrir una investigación sobre su historial se limita al periodo de la guerra civil y la dictadura fascista. Con el PP nacional promocionando la derogación de la futura reforma y el PP de Moreno, que viene de una legislatura en la que pactó von Vox la derogación de la norma andaluza para sustituirla por una ley de conciliación que tuviera un mayor consenso de la Cámara, parecía crearse el marco de debate idóneo para que las izquierdas reivindicaran y defendieran estas políticas.
Durante el debate de investidura lo hizo la portavoz de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en sus intervenciones con el presidente Moreno, con menciones explícitas a la ley andaluza y a la estatal. La diputada de IU, que fue ponente en la tramitación de la Ley andaluza de Memoria Democrática en 2017, pidió al presidente que desarrollara los aspectos pendientes de la norma, porque “hay muchas personas que sufren con esto y las víctimas merecen reparación”.
Nieto también apeló a la legislación estatal, en la recta final de su aprobación, en virtud de la cual le reclamó que “saque” la tumba del general fascista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena de Sevilla. “Esto tiene que hacerse ya. Vamos tarde”, sentenció.
Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, también ignoró esta materia en su intervención “por falta de tiempo para abordarlo todo”, dicen en su equipo. Y el jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas no hizo mención ni a la norma estatal -a pesar de que dedicó muchos minutos a defender la gestión del Gobierno de Sánchez- ni a la andaluza, que vuelve a estar en el disparadero este mandato. El PSOE andaluz es un firme defensor de las políticas memorialistas, pero también es manifiesta la incomodidad que provoca en sus dirigentes los acuerdos entre el Gobierno de Sánchez y Bildu. “Muchos no lo entienden aquí, por mucha aritmética parlamentaria que lo explique, y menos lo saben explicar en sus agrupaciones”, dice un dirigente de la ejecutiva regional.
El líder del PSOE-A cambió aspectos del discurso que llevaba preparado, pero ni siquiera la dura arremetida de la portavoz de Vox, Macarena Olona, contra las políticas memorialistas le animó a responder en su defensa o, al menos, a reivindicar la ley en vigor que salió aprobada del Parlamento andaluz sin votos en contra. Sólo en el último minuto de su intervención, con el micrófono apagado tras haber rebasado el tiempo que le correspondía, Espadas invitó a Moreno a “honrar la memoria y el legado de aquellos que, como Blas Infante, dieron su vida por Andalucía”, y que lo defendiesen sobre todo de quienes no creen en el Estado de las Autonomías, en referencia directa al grupo ultraderechista.
Casi cuatro años atrás, en el primer debate de investidura de Moreno, la memoria histórica sí ocupó un tema central, porque las izquierdas llegaron a ese debate conociendo el pacto firmado entre PP y Vox que recogía el compromiso de cambiar esa norma por otra, lo que en la práctica se traducía en su derogación, reconocieron más tarde. Sin embargo, ésta no se ha producido a lo largo de la legislatura pasada, ni siquiera después de que la formación ultraderechista llevase a la Cámara dos proposiciones de ley al respecto -la primera con un único punto derogatorio-, que los populares tumbaron porque no recogía el consenso mayoritario al que se habían comprometido por escrito.
El 15 de marzo de 2017, el Parlamento andaluz aprobó sin ningún voto en contra la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, con los 67 votos a favor de los grupos de izquierdas -PSOE, Podemos e IU- y las 42 abstenciones de las derechas (PP y Ciudadanos). No se logró un consenso unánime, pero sí mayoritario.
La ley se debatió y se negoció en un clima de concordia entre los grupos pero, a la postre, los partidos de izquierdas bloquearon todas las enmiendas presentadas por las derechas (72 en total). El PP registró 29 y Ciudadanos 42, pero sólo prosperaron las que planteó Podemos para enriquecer un texto que ya había sido muy trabajado por PSOE e IU en la pasada legislatura, cuando eran socios de Gobierno.
El primer año en vigor de la Ley andaluza de Memoria fue el último año del Gobierno de Susana Díaz, pero en esos 12 meses no se avanzó mucho con uno de los temas más espinosos que permitía abordar la ley: la exhumación de la tumba del general fascista Queipo de Llano de la basílica de la Macarena, donde está expuesta al público y, por tanto, incumple la norma autonómica. En ese mismo tiempo, la otra administración implicada era el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo alcalde entonces era Juan Espadas.
Ninguno de los dos avanzó en ese terreno, muy espinoso porque toca de lleno a la hermandad de la Macarena, un poder fáctico de Sevilla. Pero cuando se enfrentaron en el debate de las primarias exprés para luchar por la candidatura electoral -promovido por Ferraz-, ambos defendieron la exhumación de Queipo, cuando la mencionó el tercer aspirante en liza, Luis Ángel Hierro. Mucho más rápido fue el Gobierno de Sánchez en exhumar el cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos a los pocos meses de su investidura.
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