El Parlamento de Andalucía debatirá en el pleno de la próxima semana sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a clínicas privadas que están siendo objeto de una investigación judicial por un posible delito de prevaricación. El PSOE, Vox y también el PP han solicitado la comparecencia del Consejo de Gobierno para dar explicaciones sobre los informes de la Intervención General de la Junta que censuran las prórrogas de estos contratos a dedo desde 2020 a 2024, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.
Previsiblemente, los rivales políticos de Juan Manuel Moreno también le atacarán con este asunto en la sesión de control, ya que no tuvieron posibilidad de hacerlo hace una semana, porque el presidente se ausentó del Parlamento para marcharse rápido a Málaga y supervisar en persona el dispositivo contra la DANA. Desde entonces, el PSOE ha ampliado su querella contra la Junta por los contratos a dedo, y el juez ha imputado a los tres últimos gerentes del SAS, incluida quien ostenta ahora el cargo, que el lunes pasado se personó en el tribunal de instrucción acompañada de su abogado para conocer sus derechos.
De modo que el Gobierno andaluz tendrá que rendir cuentas por este asunto en el Parlamento, pero no será un pleno monográfico sobre la contratación a dedo del SAS, como habían solicitado juntos los tres partidos de izquierdas en la oposición: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. El presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, ha bloqueado esa iniciativa de tres grupos que, en alianza, siguen en minoría frente a la mayoría absoluta de 58 diputados del PP.
Aguirre ha hecho uso de su potestad -el reglamento del Parlamento le asiste-, pero las izquierdas le han recordado que también lleva “vetando” un debate general sobre sanidad desde hace año y medio, antes incluso de que estallara la causa judicial de los contratos. Ni con el colapso de la atención primaria, reconocida por el propio Moreno en sede parlamentaria, ni por el descontrol de las listas de espera de pacientes para operarse, las segundas más altas del país. Los socialistas han respondido votando sistemáticamente en contra del orden del día de todos los plenos.
El enésimo rechazo del presidente de la Cámara ha enervado los ánimos del PSOE y la portavoz de su grupo parlamentario, Ángeles Férriz, ha terminado acusando a Aguirre de actuar como “juez y parte”, sugiriendo que su motivación para “vetar” este debate es “personal”. Es decir, que Aguirre estaría impidiendo que el Parlamento dedique una sesión exclusiva a los contratos a dedo del SAS, porque gran parte del periodo investigado por el juez y la Fiscalía Anticorrupción corresponde a su etapa como consejero de Salud en el primer Gobierno de Moreno.
“Este Parlamento es un ariete del Gobierno andaluz, un muro, no funciona con autonomía. El que tiene que decidir sobre esto fue consejero de Salud y nombró a un gerente del SAS que hoy está imputado. El presidente del Parlamento era quien daba las instrucciones a ese gerente imputado”, ha denunciado Ferriz en una comparecencia en la Cámara.
Luego, durante la Junta de Portavoces, le ha reiterado estas acusaciones directamente al propio Aguirre. “Usted es juez y parte”, le ha espetado. Con todo, el PSOE no ha señalado personalmente al presidente de la Cámara en su denuncia. Los socialistas acusan, con nombre y apellidos, a los tres gerentes, luego imputados por el juez, y acto seguido, argumentan que este “sistema paralelo” de contratos a dedo no pudo prolongarse en el tiempo sin el visto bueno y la complicidad de “altísimas instancias del Gobierno andaluz”.
“Parece lo evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones de euros, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía”, reza la querella. El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han requerido mucha documentación a la Junta y a la Intervención, incluido las actas del Consejo de Gobierno que aprobó sustituir la fiscalización previa de este tipo de contratos por el control financiero permanente (a posteriori).
Jesús Aguirre, médico de profesión, exdiputado, exsenador y veterano dirigente del PP de Córdoba, ocupó la cartera de Salud entre enero de 2019 y julio de 2022, en la primera legislatura con un Gobierno en minoría de Moreno, en coalición con Ciudadanos y sustentado desde fuera por Vox. Al año de su nombramiento tuvo que gestionar la pandemia del Covid-19. Él nombró gerente del SAS a Miguel Ángel Guzmán, que hoy está imputado en la causa judicial, junto a sus dos sucesores, incluida la actual directora, Valle García.
Guzmán pilotó el SAS entre noviembre de 2019 y las elecciones andaluzas del verano de 2022. En la siguiente legislatura sería ascendido a viceconsejero de Salud por la nueva titular de la cartera, Catalina García. Durante su etapa como gestor del SAS, firmó en enero de 2021 el polémico Expediente de emergencia del que emanan todos los contratos a dedo con clínicas privadas investigados ahora por el juez. Un expediente que nació con 70 millones de euros, pero que se prorrogó cuatro veces -hasta junio de 2023- cuatriplicando el presupuesto inicial con sucesivas adendas hasta alcanzar los 243 millones.
Tres meses después de ser destituido como consejero de Salud, fichó por una de las aseguradoras privadas (Asisa) más beneficiadas por esos contratos a dedo que él mismo firmó -por más de 44 millones de euros-, provocando una crisis política mayúscula en el Gobierno de Moreno. La Junta abrió una investigación interna y concluyó que su fichaje vulneraba la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos, porque no habían transcurrido los dos años preceptivos desde su cese como gerente del SAS y su fichaje en una de las empresas privadas beneficiadas por sus contratos. El nombramiento se abortó temporalmente.
Tras ser imputado, el Ejecutivo andaluz ha empezado a marcar distancias respecto a él y su inmediato sucesor en el SAS, Diego Vargas, para volcarse en defender a la actual gerente, negando tajantemente que ella prorrogase el sistema de contratación a dedo que investiga el juez en 2024.
Todo este rifirrafe ha desembocado en una sonora bronca en la Junta de Portavoces, donde se reúnen los representantes de todos los grupos para acordar el orden del día del próximo Pleno. Han acabado a voces, interrumpiéndose y acusándose mutuamente de “falta de vergüenza”. Aguirre, que preside este órgano, ha soportado estoicamente el chaparrón y esquivado la ofensiva política de las izquierdas con un capotazo: “Se meterá en tiempo y forma”, ha respondido cuando PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía le han preguntado qué razón había para tumbar el pleno monográfico sobre los contratos.
Vox ha asistido desde la barrera a este encontronazo entre las izquierdas y el PP. El partido de Santiago Abascal también ha exigido al Gobierno andaluz que comparezca y dé explicaciones por los informes de la Intervención que tumban la principal línea defensiva del SAS, esto es, dos informes jurídicos que avalan la continuidad de la contratación de emergencia hasta bien entrado 2023. Pero Vox no ha respaldado la iniciativa de las izquierdas para que comparezca el propio Moreno o para que este asunto se dirima en un pleno monográfico y, mucho menos, en una comisión de investigación, que ya fue rechazada por la mayoría del PP.
Los populares han justificado su negatiba señalando a los socialistas por querer “embarrar el debate político”. El portavoz de su grupo, Toni Martín, ha pronunciado esta frase: “Que le diga Juan Espadas [líder del PSOE-A] a un andaluz al que le han salvado la vida con un contrato de emergencia que lo importante era ahorrarse un 10% en la contratación. Están haciendo política de la sucia con la vida de los andaluces, es deplorable. Detrás de todo esto hay vidas”.
Martín ha reiterado su convencimiento de que todos los contratos se hicieron de acuerdo con la legalidad. Entretanto, en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, sopesan ya personarse como parte perjudicada en la causa judicial de los contratos, lo que implicará necesariamente acusar a algún responsable de su propio Gobierno. En ese sentido, es significativo el cortafuegos que trazó este martes la portavoz de la Junta, Carolina España, para proteger a la actual gerente del SAS, mientras mantenía un distanciamiento prudente de sus antecesores, para los que se negó a poner la mano en el fuego.
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