El PSOE andaluz ha confirmado este miércoles que su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados llamará a declarar a miembros del Gobierno andaluz -sin descartar al propio presidente, Juan Manuel Moreno- ante la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que hicieron todas las administraciones públicas durante y después de la pandemia.
La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha asegurado con rotundidad -“no le quepa ninguna duda”- que los socialistas llevarán al Gobierno de Moreno ante el Congreso para que “dé las explicaciones que ha negado al Parlamento andaluz”, tras el veto del PP a la solicitud de comisión de investigación sobre los contratos a dedo de la Consejería de Salud con clínicas privadas, registrada por los socialistas en esta Cámara hace dos semanas.
El equipo de Juan Espadas, secretario general del PSOE-A y portavoz en el Senado, ha abierto varios frentes contra Moreno por su gestión sanitaria y el abultado volumen de las listas de espera en la sanidad pública -más de un millón a finales de 2023-, derivados a clínicas privadas a través de contratos a dedo entre enero de 2021 y junio de 2023 [a finales de mes se reactivarán otro tipo de contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva para seguir menguando las listas de espera].
Los socialistas ven aquí una “trama corrupta” y, tras recabar toda la información oficial recogida de varias visitas a las dependencias del Sistema Andaluz de Salud (SAS), han puesto el caso en manos de un despacho penal para presentar un posible fraude en los juzgados.
Por Andalucía y Adelante Andalucía han acudido este miércoles a la Oficina Antifraude de Andalucía para pedir, también, que investigue el polémico fichaje del que fuera viceconsejero de Salud hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, que acaba de ser contratado por la aseguradora privada Asisa como nuevo director médico para Andalucía.
Asisa tiene once hospitales y centros sanitarios en esta comunidad que, entre 2021 y 2023, se beneficiaron de contratos a dedos del SAS por valor de casi 44 millones de euros, adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa que se prorrogaron durante dos años y medio y que llevan la firma de Guzmán, entonces gerente del SAS, luego viceconsejero y ahora en ciernes de tomar posesión de su cargo como nuevo directivo de Asisa.
Moreno, dos consejeros y un ex viceconsejero
Fuentes del PSOE andaluz explican a este periódico que su iniciativa de llevar a los responsables del Gobierno de Moreno ante la comisión de investigación en el Congreso “se ha hablado ya con la dirección federal del partido”, pero compete al grupo parlamentario la decisión de las personas que se llamarán a declarar. El nombre del presidente andaluz está sobre la mesa, como también la actual consejera de Salud, Catalina García, y antecesor en el cargo y hoy presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre [los contratos a dedo a Asisa se dieron bajo su mandato], y el ex viceconsejero de Salud.
El PP andaluz ha vetado dos propuestas de comisión de investigación de los contratos de emergencia de la Junta en el Parlamento -donde tiene mayoría absoluta-, mientras la dirección nacional comandada por Alberto Núñez Feijóo se abstuvo hace dos semanas cuando la Cámara Baja aprobó, con el voto de la mayoría progresista, otra comisión genérica para analizar los contratos de todas las administraciones.
Esta propuesta, impulsada por el PSOE, también nace a raíz del caso Koldo, que salpica al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y por extensión al Gobierno de Pedro Sánchez.
El PP ha usado su mayoría absoluta en el Senado para abrir allí otra comisión de investigación específica contra el PSOE por la causa abierta contra Koldo García -ex asesor de Ábalos-, al que la Audiencia Nacional investiga por el presunto cobro de comisiones ilegales por contratos de venta de mascarillas adjudicados por el Gobierno durante la pandemia.
Los populares han querido implicar también a la ex presidenta balear y hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los socialistas han amagado con llamar a declarar a la familia de Isabel Díaz Ayuso, y ahora al equipo de Moreno Bonilla.
La revelación, este martes, de los contratos a dedo que beneficiaron a Asisa firmados por el ex viceconsejero andaluz de Salud -hoy directivo en ciernes de la compañía aseguradora- ha zarandeado de lleno al Ejecutivo de Moreno. La consejera del ramo ha lamentado que su número dos no le informase “antes” y la Junta ha empezado a investigar si su fichaje vulnera la Ley de Incompatibilidad, que obliga a esperar un plazo de dos años antes de pasar de la gestión en la administración pública al sector privado sobre el que tenía competencias.
En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad.
Las adjudicaciones de emergencia para sanear las listas de espera enviando pacientes a la privada –sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa– se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, con la finalidad declarada de aliviar la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”, según el propio título de los expedientes.
El expediente de emergencia inicial lleva la firma de Guzmán, entonces gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La última prórroga de gasto expiró siete meses antes de su cese como número dos de la consejería (el 27 de diciembre) y diez antes de fichar por Asisa.
Asisa se llevó casi el 18% de las adjudicaciones -de un total de 243 millones de euros- y fue la primera o segunda beneficiada en cinco de las ocho provincias andaluzas frente a otras empresas.