La realidad política andaluza se quedó congelada el 19 de junio de 2022, el día de las últimas elecciones autonómicas. Desde entonces, ningún sondeo de intención de voto ha apreciado la más mínima variación significativa de aquella foto fija: una mayoría absoluta del PP que se levanta sobre el liderazgo sólido de Juan Manuel Moreno; y un PSOE andaluz deshilachado, en el subsuelo de su historia electoral, y ante el enésimo debate interno sobre la idoneidad de su líder desde que perdieron la Junta de Andalucía.
Este vuelve a ser el retrato del último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), el llamado CIS andaluz, correspondiente a septiembre de 2024, con la legislatura dejando atrás su ecuador. De celebrarse hoy las autonómicas, el PP volvería a lograr mayoría absoluta con un 41,8% del escrutinio, entre 56 y 58 diputados; y una ventaja intratable de más de 14 puntos sobre el PSOE-A.
Los de Juan Espadas lograrían un 27,1% de votos y una horquilla de 30 a 32 escaños, su mejor resultado desde 2022, aunque han llegado hasta aquí a un ritmo parsimonioso, incompatible con disputar el Gobierno en las próximas andaluzas, previstas para 2026.
Esta encuesta apenas araña el traje a Moreno, que pierde 1,3 puntos respecto a su victoria electoral de 2022 (43,1%; 58 diputados), e insufla cierto oxígeno a los socialistas, que crecen un 3% desde que tocaron fondo hace dos años, con un 24% del escrutinio y 30 parlamentarios. Los populares están lejos de preocuparse, porque el desgaste en los sondeos es mínimo y la figura agigantada de Moreno sigue intratable después de seis años en el poder.
Ese es uno de los problemas del PSOE andaluz, que se la juega todo al “fin de la luna de miel de los andaluces con Juanma Moreno”. Están convencidos de que la “mala gestión” de su Gobierno, sobre todo frente a las abultadas listas de espera en la sanidad pública, es su gran baza para recuperar el poder. La otra carta, obviamente, sería la recuperación de la credibilidad de los socialistas y el entusiasmo de sus votantes, algo que avanza a un ritmo tan endemoniadamente lento, que es difícil adivinar un cambio de ciclo en la política andaluza en la próxima década.
Los datos que arroja el Centra hoy no han tardado en alimentar el ruido interno en el PSOE de Espadas, que tiene por delante un calendario de congresos -el federal en Sevilla, el andaluz y los provinciales- donde el debate vuelve a girar en torno al liderazgo. Los críticos con la actual ejecutiva regional no conforman un movimiento compacto, no les une más que ansiedad por cambiar a Espadas y apretar más las tuercas a Moreno, con una oposición más beligerante que la que pilota el exalcalde de Sevilla.
Por sí solos, es complicado que logren organizar una candidatura alternativa de peso de cara al congreso regional de finales de febrero. Pero el plan es agitar el avispero lo suficiente como para que las avispas lleguen hasta el oído de Pedro Sánchez que, hoy por hoy, no tiene a mano un sucesor de Espadas que prometa darle la vuelta a las encuestas como un calcetín.
Por debajo de los dos grandes partidos, el llamado CIS andaluz tampoco vislumbra grandes movimientos: Vox se mantiene como tercera fuerza, con el 11,1% del escrutinio y una horquilla de 12 a 13 escaños [ahora tiene 14], lo cual supone un retroceso leve de 2,4 puntos respecto a los comicios de 2022. La coalición Por Andalucía, marca regional de Sumar, tampoco ha cosechado nuevos adeptos, se mantiene en el 8,9% del escrutinio (apenas un punto más) y una horquilla de 6 a 7 escaños [ahora tiene cinco].
Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, se queda en el filo del Parlamento, con un 4,3% de votos y una horquilla arriesgada de 1 a 2 diputados [ahora son dos], que según la participación puede significar vida o muerte parlamentaria. El nuevo partido de Alvise Pérez -Se Acabó la Fiesta- obtendría un 2,7% de votos, lejos de obtener representación en la Cámara.
El sondeo pronostica una abstención del 40%, similar a la que hubo en las últimas autonómicas, y parte del vaciamiento de votos en el arco de la izquierda reside en este dato. Los socialistas no son capaces de depertar a los suyos al ritmo que necesitan para volver a ser una fuerza de gobierno en los comicios de 2026, pero los grupos a su izquierda tampoco han aprovechado el bajón existencial del PSOE.
El espacio progresista sigue desmovilizado y ni las protestas por la falta de vivienda para jóvenes, ni las críticas por la paulatina privatización de la sanidad o de las universidades en Andalucía han generado una conflictividad social propia de un cambio de ciclo político. Además de la robustez de la mayoría absoluta del PP, el bloque conservador aventaja con holgura a las izquierdas que, en el mejor escenario, sumarían 41 diputados [a 14 de la mayoría absoluta], frente a los 71 que conforman PP y Vox uniendo sus mejores cotas.
3.600 entrevistas
El Centra, que es un barómetro subvencionado por la Junta, dice que la mayoría de andaluces está conforme con el Gobierno de Moreno, pese a traslucir problemas estructurales relacionados con la falta de vivienda, el paro, la sanidad o la educación.
Las 3.600 entrevistas se realizaron entre el 16 y el 30 de septiembre, en plena convulsión por el debate de la financiación autonómica, lastrado por el acuerdo del Gobierno de Sánchez y los independentistas catalanes para sacar a Cataluña del régimen fiscal común. Este asunto, más que las críticas que desató la Ley de Amnistía, ha encontrado un eco mayor en la política andaluza, con el Ejecutivo de Moreno abanderando el discurso del agravio a Andalucía y los “privilegios” que Sánchez brinda a sus socios catalanistas.
En las preguntas cualitativas, el paro sigue apareciendo como el principal problema de Andalucía para el 34,9% de los encuestados, seguido de la sanidad (13,6%) y la vivienda (8,6%). Los elevados precios para comprar o alquilar una vivienda, la dificultad de los jóvenes para emanciparse, unido al auge de los pisos turísticos han sobredimensionado los problemas de la vivienda como conflicto social: para el 78% la explicación está en la subida de precios; el 38,1% cree que tiene más que ver con el boom de los pisos turísticos; el 17% piensa que falta oferta y entre el 13 y el 10,8% se inclina por señalar los déficit en la legislación actual, tanto por la falta de derechos del propietario de una vivienda que pone en alquiler, como por la excesiva protección del inquilino.
Entre las preguntas relacionadas con la vivienda, destaca una que plantea si “el derecho de propiedad no está suficientemente protegido”, una hipótesis que suscribe el 45,7% de los encuestados. El 35,5% asegura conocer algún caso de ocupación ilegal de viviendas, a preguntas del Centra. Por último, al contrario que el CIS, el sondeo que financia la Junta no vislumbra la inmigración como una preocupación significativa entre los andaluces (7,5%), aunque casi ha duplicado su posición respecto a la última edición, hace tres meses.