José Antonio Griñán, presidente del Gobierno de Andalucía entre 2009 y 2013, y presidente del PSOE entre 2012 y 2014, ha empezado este miércoles a responder a las preguntas de la Fiscalía para defenderse de los delitos que le imputan -malversación de fondos y prevaricación-, por los que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público. La mera posibilidad de ver a Griñán entre rejas es un mazazo político y emocional para el socialismo andaluz y español.
La imputación de Griñán en el caso de los ERE fraudulentos ya se cobró el máximo precio político: ha sido el primer presidente andaluz que ha dimitido acosado por un caso de corrupción, aunque la oposición cree que lo hizo a destiempo, tarde, después de que una comisión de investigación en el Parlamento se cerrara en falso (sin apuntar a ningún responsable directo dentro del Ejecutivo andaluz). Y, sobre todo, después de aguantar doblado como un junco al viento el acoso jurídico, político y mediático del escándalo de los ERE el tiempo suficiente para salvar las duras elecciones autonómicas de 2012, las primeras que el PSOE andaluz ha perdido en tres décadas de democracia.
En la derrota socialista pesaron mucho los ERE y la crisis económica, pero Griñán supo resistir los envites para conservar la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida. Un año después dimitió, cedió la presidencia a Susana Díaz, y ocupó un sillón en las últimas filas del Senado, hasta que su sucesora le forzó también a abandonar la política para garantizarse el apoyo de Ciudadanos en su investidura. “Pepe, Susana nos ha matado. Es como si nos hubiese clavado un puñal”, le dijo entonces Manuel Chaves, según el libro Delfines y tiburones, del periodista Manuel Pérez Alcázar.
Griñán y Chaves representan 23 años consecutivos de Gobierno socialista en Andalucía, la única comunidad donde sólo ha regido un partido en los últimos 36 años. Eran aforados cuando el Tribunal Supremo les “preimputa” delitos asociados a la corrupción en el marco del caso ERE, cuando la instrucción llevaba ya cinco años abierta. La inmunidad parlamentaria impide, en ese momento, su imputación formal en la causa. Aun no se les ha abierto juicio oral, límite que fija el código ético del PSOE para exigir la dimisión a sus cargos públicos envueltos en causas judiciales, pero Díaz precipita su caída. Necesita la cabeza de sus padres políticos para que el partido de Albert Rivera apoye su investidura y desbloquee el Gobierno andaluz, que lleva 80 días paralizado.
Chaves y Griñán lo han sido todo en el PSOE. Militantes desde su adolescencia y durante el tardofranquismo, hasta que el caso ERE les expulsó también del partido obligándoles a entregar el carné temporalmente. Los dos fueron ministros de Trabajo en los gobiernos de Felipe González (Chaves también fue vicepresidente de José Luis Rodríguez Zapatero), los dos fueron secretarios generales en Andalucía y los dos fueron presidentes del PSOE. El “puñal” que les clavó Susana Díaz no sentó bien a la vieja guardia socialista, ni en Madrid ni en Sevilla. La andaluza no lo consultó con la dirección federal del partido, por entonces en manos de un Pedro Sánchez aún sometido a la autoridad de Díaz. Pero con el tiempo los socialistas han ido asumiendo que “era la única salida posible en ese momento”, en palabras de un alto dirigente del PSOE-A. “Quien mejor lo entiende, aunque le duela, es Manolo [Chaves], que siempre ha sido hombre de partido, leal hasta la médula”, advierte.
“Imagen triste”
Este miércoles, buena parte del Gobierno andaluz y de la propia oposición han tenido la cabeza centrada en la declaración de Griñán ante la Audiencia de Sevilla. La imagen del ex presidente en los tribunales respondiendo al fiscal, emitida en directo por Canal Sur Televisión, se ha estado viendo en muchos despachos a la vez: del PSOE, PP, Podemos, Cs e IU. La oposición coincide en que esta imagen ofrece “un retrato triste de Andalucía”. “Los andaluces están viendo hoy por televisión 20 años de socialismo en el banquillo” (Carmen Crespo, PP); “Causa tristeza ver esta imagen” (Esperanza Gómez, Podemos); “Griñán se sienta en el banquillo de acusados gracias al acuerdo de Cs para investir a Susana Díaz” (Juan Marín, Ciudadanos); “Una condena judicial está al margen de la condena política que tienen” (Antonio Maíllo, IU).
Para los populares, que están personados en el caso ERE como acusación particular, aún hay pólvora con la que atacar a la Junta, no en vano han intentado reiteradamente que el juez cite a declarar a Susana Díaz. El PP, en Madrid y en Sevilla, todavía maniobra con el caso ERE para responder sobre los casos de corrupción que le salpican: la trama Gürtel, la Púnica, la Operación Lezo. Más de un dirigente popular lo ha sacado durante la Convención Nacional del PP que se celebró en Sevilla el pasado fin de semana, para esquivar las preguntas sobre el supuesto máster fantasma de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Ante los 2.600 asistentes, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se quejó de que la actualidad periodística estuviera centrada en unos temas y no en otros, “precisamente aquí, en Andalucía”. Y luego subrayó: “Tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros”.
No han encontrado “cuentas en Suiza o las Caimán”
Pero el PSOE andaluz se niega a verse comparado con el PP. Cuando se habla de los ERE, Susana Díaz siempre recalca que ni Chaves ni Griñán se han enriquecido con este asunto, no se les ha encontrado dinero “en cuentas de Suiza ni en Islas Caimán” y “no gozan de un patrimonio mayor que el que tenían cuando accedieron al Gobierno”. “Equiparar los ERE a la trama Gürtel es una falacia”, dice. La Junta y el PSOE andaluz creen que el caso está “más que amortizado políticamente”, ya no les puede hacer más daño de lo que les hizo, pero siguen en alerta. El juicio aún se va a demorar muchos meses y, mientras más se prorrogue, más posibilidades hay de que la sentencia se conozca próxima a las elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2019 (como muy tarde). Una de las lecturas que sobrevuelan la hipótesis de un adelanto electoral tiene que ver, precisamente, con el juicio de los ERE, aunque fuentes judiciales ya se pronunciaron para descartar el anuncio del fallo a las puertas de los comicios, en caso de que coincidan en el tiempo, para evitar influir en el resultado de las urnas.
En cualquier caso, Susana Díaz ha defendido la “honestidad e integridad” de Chaves y Griñán y confía en su inocencia. Preguntado este miércoles al respecto, el líder federal, Pedro Sánchez, ha subrayado que “ellos ya asumieron su responsabilidad política al dimitir”. “Desde un punto de vista personal, espero que se haga justicia”, añade.
La pieza política del caso ERE no juzga a políticos socialistas por enriquecerse con dinero público, pero sí trata de esclarecer si el Gobierno andaluz “compró” la paz social con ayudas públicas, beneficiando a empresas, sindicatos y municipios ligados al PSOE, tejiendo una red clientelar con fines electoralistas. Algo que, según el PP, explica que Andalucía sea la única comunidad gobernada ininterrumpidamente por los socialistas desde el inicio de la democracia.
Griñán ha respondido a las preguntas del fiscal, a ratos tranquilo, a ratos impaciente, negando que en su función como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) tuviera un conocimiento “tan al detalle” de la partida presupuestaria 31L, donde reside el supuesto fraude de 742 millones de euros en ayudas sociolaborales (según cálculos de la Fiscalía). “He de reconocer que no conocía el 31L hasta que no ha salido esta causa”, ha dicho Griñán. “En la Junta hay 250.000 funcionarios y no se puede llegar a ese nivel de detalle, al menos desde una consejería. Yo conocía la incidencia de las inversiones por provincias, pero no el detalle”, advirtió, para luego subrayar que el peso de la partida 31L en el presupuesto global del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) era “insignificante”. Es la misma línea defensiva que han presentado otros ex consejeros que se sientan en el banquillo: demasiado alto en el organigrama del Gobierno andaluz para ver lo que hacían en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, epicentro del supuesto fraude de ayudas.