El empresario Rafael Gómez, conocido como 'Sandokán', está en prisión desde este lunes. Después de intentar dilatar su ingreso en la cárcel con varios recursos tras ser condenado por fraude a la Hacienda Pública, el también exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba ha debido cumplir la orden de ejecución de su pena que le daba un último plazo hasta este 4 de diciembre para que ingresara en prisión.
Pasadas las 18:30 horas de esta tarde de lunes, Gómez ha iniciado así el cumplimiento de la pena de cinco años y tres meses de prisión a la que fue condenado por dos delitos de fraude a la Hacienda Pública desde su entramado empresarial entre 2003 y 2006, además de a una multa de casi 140 millones de euros.
En el juicio, celebrado el pasado mes de enero, también se imputaban por delitos similares a sus cuatro hijos, miembros de los consejos de administración de las sociedades familiares. Ellos, sin embargo, fueron absueltos de los siete delitos a los que se enfrentaba cada uno y el único condenado resultó ser el cabeza de familia.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado señalaron la “ignorancia deliberada” del empresario y sus hijos como modus operandi en un entramado societario que desarrollaba “un conjunto de acciones tendentes a defraudar” a la Hacienda Pública tanto en las declaraciones de las empresas como en las del IRPF del propio Gómez.
La defensa del empresario y sus hijos, sin embargo, se escudó en la falta de formación de estos y en la confianza depositada en los asesores –internos y externos a sus empresas- que eran los encargados de llevar la contabilidad y fiscalidad de las sociedades, así como de presentar las distintas declaraciones de impuestos ante la Agencia Tributaria.
Sentencia recurrida
La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Córdoba, quien mantuvo la pena para Gómez y los abogados del empresario han seguido interponiendo recursos y peticiones para dilatar su entrada en prisión. Pero la orden de ejecución de la pena no ha otorgado más plazo que hasta este 4 de diciembre para que ‘Sandokán’ entrara en la cárcel, sin esperar a que se resuelvan los recursos. Incluso, se preparan para pedir el indulto del empresario.
Este lunes, sus pasos hacia la entrada de la cárcel han sido los últimos dados hasta ahora del que fuera todopoderoso empresario de la construcción en Córdoba entre finales del siglo XX y la primera década de este siglo. Fraguado desde el sector de la joyería, de manera autodidacta y sin apenas formación –en el juicio utilizó recurrentemente el argumento de que es “prácticamente analfabeto” para delegar sus responsabilidades en sus asesores fiscales-, Rafael Gómez creó un entramado de sociedades dedicadas al sector inmobiliario y de la construcción.
Su expansión no solo se produjo en Córdoba sino que le llevó por Andalucía y, entre otros lugares, a la Costa del Sol, donde hizo negocios con el Ayuntamiento de Marbella y acabó siendo detenido en 2006, imputado y condenado en el Caso Malaya. Esa condena, a 6 meses de prisión, no le hizo entrar nunca en la cárcel. Pero, ahora, sus delitos contra la Hacienda Pública descubiertos tras una inspección fiscal a sus empresas, le han llevado a dar con sus huesos en prisión.
El declive
A sus 73 años, Rafael Gómez ha visto el fulgor y el ocaso de sus empresas, ligadas al boom inmobiliario y al ladrillazo. La crisis, pero sobre todo su detención en el Caso Malaya, fue el inicio de la caída en picado de sus empresas, cuando los bancos le negaban préstamos y le requerían las cuantiosas deudas que había contraído para sus promociones inmobiliarias, argumentando la falta de seguridad de cobrar ese dinero que le daba su detención y posterior enjuiciamiento. Comenzó entonces el declive, a deshacerse de empresas, a despedir a sus trabajadores y aminorar su actividad.
Sin embargo, aún en su declive, Gómez se presentó a las elecciones municipales en Córdoba en mayo de 2011 y, con un discurso populista, logró ser la segunda fuerza más votada, ocupando el liderazgo de la oposición municipal en ese mandato. Lo hizo, además, siendo el mayor deudor del propio Ayuntamiento, al serle impuesta una multa de cerca de 20 millones de euros por la construcción ilegal a los pies de Sierra Morena en las inmediaciones del conjunto arqueológico de Medina Azahara de las naves que son sede de sus empresas.
En la siguiente cita con las urnas locales, el desplome de su vida profesional llegó a su popularidad y su partido solo logró un concejal. Él, cabeza de lista, dimitió tras estos resultados y dejó el sillón municipal a uno de sus sobrinos, integrante de la candidatura hecha a imagen y semajanza del empresario, como su partido político y como su emporio empresarial. Ahora, el final de ese declive parece haber llegado este lunes con su entrada en prisión.