Un informe suscrito por cuatro interventores de la Junta ratifica el uso impropio, que no ilegal, de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo. La utlización de las citadas transferencias centra la investigación de la jueza Mercedes Alaya como una de las piezas clave del caso de los ERE fraudulentos, al menos en lo que corresponde a la presunta responsabilidad de numerosos altos cargos de la Junta imputados en la causa.
Según varias fuentes de las defensas consultadas por eldiario.es/andalucia, el hecho de que dicho informe haya trascendido este mes de octubre, después de constar en las actuaciones desde julio de 2012, supone “una situación manifiestamente irregular y de indefensión y una alteración para las declaraciones” que se han venido produciendo desde entonces.
Alaya, en el auto de finales del pasado junio en el que imputaba a una veintena de altos y exaltos cargos de la Junta, parte de que las transferencias de finaciación eran las aportaciones dinerarias entre la Junta y otras administraciones o entes públicos, calificándolas como una figura “absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales”, algo que se hizo “al margen de su normativa reguladora, en la que se refiere la fiscalización previa por parte de la Intervención”.
La declaración como testigo realizada a la Guardia Civil en julio de 2012 por el interventor delegado de la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso, imputado posteriormente en aquel mismo auto, señalaba que las transferencias de financiación “no son ningún problema si se usan para lo que fueron creadas: la financiación de los entes instrumentales”. Dijo Luque entonces que en el caso de los ERE “se ha utilizado para finalidades que no son para lo que se crearon (pago de ayudas, subvenciones, etc...)”, añadiendo que “no existe un desarrollo teórico sobre qué es y para qué sirve la transferencia de financiación, y por eso se ha redactado este documento que permite tener una base teórica”.
Según el informe al que se refería Luque, redactado por el interventor adjunto fiscal, Luis Hinojosa, el citado Juan Luque y los interventores generales de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez y Rocío Marcos Ortiz, “el debate sobre el carácter más o menos adecuado del empleo de una transferencia de financiación carece de efectos prácticos y debe permanecer en la esfera meramente teórica en la que lo recluye la decisión parlamentaria de otorgar un destino concreto y específico a una determinada partida”.
“O, dicho en otros términos, si es el Parlamento en la Ley del Presupuesto el que establece la naturaleza, el destino y el modo de gestión presupuestaria de una partida determinada calificada como transferencia de financiación, la ejecución adecuada y apropiada de dicha partida será, precisamente, la que disponga la Ley del Presupuesto, aunque pudiera argumentarse que ello contradice determinados postulados teóricos o, incluso, normas de inferior rango”, indice el informe. Según las defensas, se trata, por tanto, de “un informe del máximo nivel de la Intervención, sobre un tema central de la materia presupuestaria, con lo cual la afirmación de que no ha afectado a ninguna declaración posterior es absolutamente falsa”.
La toma en consideración del informe sobre las transferencias de financiación, conocido ahora y adelantado por los diarios del grupo Joly, “desmonta” a juicio de las defensas lo argumentado en aquel auto de imputación y también el de primeros de septiembre en el que menciona a los aforados, situando en el ámbito parlamentario la potestad de establecer “la naturaleza, el destino y el modo de gestión presupuestaria de una partida determinada calificada como transferencia de financiación”. Esta circunstancia se aproxima a las aclaraciones solicitadas por la Audiencia Provincial en cuanto hasta dónde llegaría la responsabilidad penal derivada del uso de las citadas transferencias. En ese auto, la Audiencia revoca parcialmente la imputación de una de los cargos afectados, Magdalena Álvarez.
“Indefensión” a las partes
La no incorporación del informe y de la declaración de Luque, por la que fue preguntado el exinterventor general Manuel Gómez Martínez en su declaración, “no permite ni a Fiscalía, ni a las acusaciones, ni a las defensas, preguntar por las mismas, ya que las desconocen”, según lamentan las defensas. Fue tras esta declaración, a finales de este julio, cuando algunas de las partes personadas, al oír a la jueza preguntar por ello, se interesaron por si hubiera declaraciones que pudieran no estar aún incorporadas al procedimiento, o estándolo estuvieran pendientes de trasladar a las partes.
La jueza, a comienzos de octubre, ha trasladado estos adtos en un escrito diciendo que la declaración de Juan Luque constaba en el borrador del atestado de la Guardia Civil remitido con anterioridad para su estudio, no constando por error en el atestado definitivo, dando finalmente traslado de dicha declaración a las partes junto con otras de las que se ha observado su falta. Alaya atribuye a un error el que no constara en el atestado definitivo, “una situación que ella debería haber advertido, o que debería haber corregido en julio cuando recibe la primera notificación de la falta de esos documentos”, según las fuentes consultadas, que añaden que han influido en las declaraciones posteriores y que se ha producido “una situación manifiestamente irregular y de indefensión”.
La jueza dice que el único caso en que se ha producido a lo largo de la investigación la entrega de diferentes declaraciones sin formar parte de un atestado ha sido a requerimiento de ella misma, puesto a fin de dar necesaria agilidad a la causa, ya que desde julio se están tomando declaraciones judiciales en ambas materias. Según las fuentes, resulta incoherente la “necesaria agilidad” con que pase casi un año desde las primeras declaraciones ante la Guardia Civil hasta las declaraciones en sede judicial.
Según las defensas consultadas, las “consecuencias de la dilación y ocultación del informe” es que la veintena imputados a finales de junio y que han empezado a declarar en sede judicial, no contaron con ese “documento clave” para la presentación de sus recursos; la jueza puede preguntarle a Manuel Gómez porque tiene el informe pero ni la Fiscalía, ni las acusaciones, ni los abogados de las defensas de los altos cargos pueden hacerlo porque no lo tienen“.
“Los informes de la intervención son relevantes cuando apoyan su tesis y ocultados cuando van contra la misma”, según se quejan algunas de las defensa, que añaden que “la consideración del informe de los cuatro interventores no permite concluir que la utilización de las transferencias de financación fue ”palmariamente irregular“ como a ello se refería la jueza cuando a comienzos de septiembre planteó la imputación de los expresidentes de la Junta y otros exconsejeros.
El número dos del PSOE-A, Mario Jiménez, se refería este lunes en rueda de prensa a la información adelantada por Joly y mostraba “dudas” de que el citado informe haya estado “desaparecido” durante 14 meses. Para el dirigente socialista, este hecho no se puede sustanciar simplemente con una “disculpa” sino que requiere una explicación en profundidad a todas las partes personadas en la causa. “Debe garantizarse que no haya más información de trascendencia como ésta que no se encuentre dentro del sumario”, ha añadido.
Tras insistir en que no pretende criticar la instrucción que se está haciendo del caso de los ERE, ha hecho hincapié en que la circunstancia que está denunciando no es “menor”, sino que tiene una “gran trascendencia procesal” y genera la duda sobre si toda la información de la instrucción que no está bajo secreto de sumario está a disposición de las partes.